Cuando los agentes de control metropolitano empezaron a retirar a los comerciantes informales de las calles Chile y Cuenca, en el centro de Quito, Alexander Vásquez salió corriendo y se estampó contra un escaparate de un local de gafas, el sábado 16 de julio de 2022. El vidrio se rompió y el joven, nacido en Venezuela, resultó herido.

Santiago Mangia, paramédico del cuerpo de agentes, le brindó los primeros auxilios. El parte policial indicó que Vásquez se había lastimado el brazo y la rodilla izquierda, pero no de gravedad. Tras curarlo -y luego de que el propietario del negocio desistiera de presentar una denuncia-, el extranjero se retiró.

¿Fin? En absoluto. Unas horas más tarde, según la institución, Vásquez, quien ya había sido “identificado como un comerciante no regularizado”, volvió -usando otra camiseta- con su ‘combo’. 20 personas aproximadamente. Entonces, se armó un relajo. “Atacaron a una patrulla conformada por siete agentes de control con objetos contundentes como palos, piedras y taburetes”, se describió en un comunicado.

En un video difundido por la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (Asotrab), en cambio, se escuchaba: “Déjenlo, déjenlo, no le peguen”. Acto seguido: Vásquez, en el suelo, con la cabeza sangrando y rodeado de varias mujeres. “¡Una ambulancia, por favor!”, gritaban.

Los uniformados también terminaron con contusiones en la cabeza, rostro y cuerpo. Y fueron trasladados al dispensario central del IESS, en La Marín, donde recibieron atención médica en emergencia.

“Uno de ellos, inclusive, presentó una herida abierta en la cabeza que fue suturada, él está siendo evaluado médicamente; otro tiene fuertes golpes en la columna que le dificultan moverse, y a un tercero le dislocaron un hombro”, se detalló en el boletín de la entidad.

Lo mismo de siempre

Las peleas entre agentes de control y comerciantes informales no es nada nuevo. En los últimos años, se han reportado varios incidentes. Tras este último altercado, que terminó con sangre de parte y parte, la Asotrab escribió: “Ya basta de atropellos a los ciudadanos, más aún cuando trabajan por sacar a sus familias adelante. Si la administradora zonal Centro (...) el alcalde Santiago Guarderas y otros no dan la talla para solucionar problemas, deberían renunciar”.

Mientras que el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano informaron que, como corresponde, los uniformados agredidos y la institución pondrán la denuncia legal. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 283, expone que la persona que ataque o se resista con violencia o amenazas a los agentes encargados de ejercer la ley será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.