Un vallado se convirtió en un ‘paisaje’ más de la cooperativa Assad Bucaram, en Pascuales, parroquia urbana de Guayaquil. Las cercas metálicas cierran los costados y la parte trasera de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la zona. Irónico, pero son la protección del sitio que debe proveer protección.

El reducto policial está en un cerro, ubicado al costado derecho del carril norte-sur de la vía Perimetral, a unos 150 metros adelante del sector conocido como Guamote. El 1 de noviembre de 2022 detonaron un artefacto explosivo en las inmediaciones del sitio. La explosión inició la pesadilla de Claudia, Roberto (nombres protegidos) y otros habitantes de alrededor.

“Yo vivo cerca, las puertas de mi casa con picaportes y todo ‘volaron’. Cambiamos unas hojas de zinc del techo, porque se dañaron”, describe la adulta mayor. “Compramos como cuatro planchas, pero nosotros somos un par de viejos enfermos, diabéticos”, añade, reflejando lo ‘fregado’ que les resultó hacer ese gasto inesperado, con más necesidades al acecho.

Ella tiene miedo. Le revolotea en la cabeza la zozobra de que haya otro ataque. Pese al temor que siente por ser vecina de la unidad policial, reflexiona que la comunidad no puede echarle todo el ‘muerto’ a los gendarmes. “Algo extraño que se vea, tenemos que avisarles”, dice.

CONFIANZA PERDIDA

La voluntad de Claudia por alertar una novedad sospechosa es uno de los pilares para retomar esa confianza rota entre el ciudadano y el policía, opina Fernando Tapias, experto en seguridad y quien preside Zehirut Group, organización internacional de consultoría en ese ámbito.

“La mayoría, que son los buenos, la población, no se puede dejar amedrentar. Mientras la comunidad informe actividades que puedan causar daño y la Policía responda prontamente a este llamado, se puede ir recuperando el territorio”, comenta.

Otro paso para que vuelva la fe en los gendarmes es que ellos demuestren eficiencia y honestidad, argumenta. “Los policías necesitan estar presentes, que los vean (...). Los jefes tienen que hacer ejercicios de transparencia, depurar a sus agentes y eliminar a aquellos que no cumplen los principios éticos”, puntualiza.

Por ahora, en algunos ciudadanos gana terreno la sensación de que los hampones están ganando la guerra, tal como lo piensa Roberto. “Por la inseguridad que vivimos en ningún lugar estamos a salvo, no solo cerca de los retenes”, lamenta.

La opinión negativa se asentó en muchos con la ola de atentados a otras UPC del Puerto Principal en noviembre pasado. Un caso fue el de una dependencia de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur y Demetrio Aguilera.

A unos 80 metros de allí, la dueña de un restaurante explica que en los días posteriores al estallido (primero de noviembre) estaba intranquila de que llegaran a comer uniformados. Pensaba que podrían aparecer sujetos a dispararles.

Una vendedora de caramelos ya no ofrece sus productos fuera del inmueble policial, sino a unos 12 metros, “por si llega a pasar algo”.

Las mujeres, igual que Claudia, no desmerecen el trabajo policial, pero recalcan que las UPC deben tener mayor resguardo de agentes.

INTERVENCIÓN

Tapias explica que los grupos delincuenciales atacan las unidades policiales buscando que las retiren de los barrios. Algo similar vivió Colombia, su país. Sugiere que ciertas acciones se pueden replicar en Ecuador.

“Eso sucedió acá hace más de 20 años. Básicamente, todas las unidades se reforzaron estructuralmente, tienen vidrios blindados para soportar ese tipo de intimidaciones. Si eso se hace, los criminales ya no podrán deteriorarlas, ni hacer que las saquen”, enfatiza.

El pasado viernes 10 de febrero de 2023, el ministro del Interior, Juan Zapata, presentó un plan que apunta en esa dirección: repotenciar 81 unidades policiales en ocho provincias: Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Está previsto que el lunes próximo se suba al portal de compras públicas los requerimientos para adjudicar la obra. Se espera que en el transcurso de esta misma semana se concrete la adjudicación. “Una vez adjudicado, según lo que nos han dicho, en un poco más de 60 días ya estaríamos teniendo los resultados que queremos (las repotenciaciones)”, informó Zapata.

Adicionalmente, se construirá 20 cuarteles intermedios distribuidos en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. Edificaciones que estarían listas este mismo año.

Que se intervenga en el fortalecimiento y construcción de unidades es un paso importante, comenta Stalin Sacoto, exagente de Inteligencia de la Policía Nacional y experto en seguridad. Pero, en su criterio, este proceso se debe complementar con una correcta actuación de la justicia.

“El ciudadano que está sin protección policial quiere escuchar buenas noticias, que a los delincuentes se los ha metido presos. O que cuando se los lleve a la Unidad de Flagrancia, el fiscal acuse y el juez no se vuelva permisivo para que el criminal salga”, manifiesta.

Indica, además, que la seguridad no volverá a las calles mientras no haya un cambio en la política del Gobierno, dando indicadores de que efectivamente se va a luchar contra la delincuencia. Eso, en gran medida, podría ejecutarse si a más de la inversión en infraestructura se promueven leyes que sean determinantes ante la realidad nacional.

Lo cierto es que el problema está sobre la mesa. Las medidas de respuesta, dijo el ministro, están en camino. En ese caso, que sea a la velocidad de un Ferrari y no de mula. Y que Diosito nos proteja en la espera. (MPG)