La presunta participación de un adolescente, de 16 años, en el asesinato del fiscal Édgar Escobar, plantea una pregunta clave: ¿es necesario modificar severamente la penalización para jóvenes que cometen delitos graves? Esta posibilidad surge como un intento para evitar que los chicos se vuelvan criminales.

El ‘pelado’ que está siendo investigado por el crimen, ocurrido en la plaza ubicada frente a la Fiscalía de La Merced, en el centro de Guayaquil, es quien habría disparado al funcionario, según las indagaciones policiales preliminares.

La sorpresa, además, es que el muchacho ya estuvo involucrado en un robo, hecho por el cual fue procesado y debía acercarse a firmar ante la autoridad judicial competente, pero nunca se presentó, de acuerdo a información policial.

Una semana después de la muerte violenta de Escobar, en una reunión convocada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ante la inseguridad en el país, se lanzó la idea de reformar las leyes para que los adolescentes sean juzgados como adultos en delitos graves, principalmente los que atenten contra la vida.

Actualmente, de acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, las medidas socioeducativas para los adolescentes que incurren en delitos están divididas en privativas y no privativas de libertad. Su aplicación depende del tiempo con el que se penaliza la acción que hayan cometido (ver infografía abajo).

Julio César Cueva, abogado penalista, opina que para elaborar un proyecto legal con ese objetivo se deben tomar en cuenta dos aspectos importantes. Uno es saber exactamente en qué delitos de mayor peligrosidad están implicados los jóvenes. Para ello se debe recurrir a los datos que manejan instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.

El otro punto a considerar es que especialistas analicen a qué edad un menor tiene la capacidad para comprender la acción delictiva que comete. Para ello, “se va a requerir de informes técnicos”, recalca Cueva.

Para él, además, las medidas socioeducativas en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) deben ser “realmente efectivas”.

ADENTRO LOS ‘CONQUISTAN’

El último punto tocado por Cueva toma un alto valor con el testimonio de Juan (nombre protegido), un ciudadano que ahora es mayor de edad, pero que hace poco estuvo recluido en el CAI de la urbe porteña.

Según su relato, las agrupaciones delincuenciales ‘camellan’ con adolescentes, quienes cuando van a uno de estos centros, a los demás internos les “pegan, desvalorizan, abusan y les exigen que entren a una banda”.

La idea de captarlos es que cuando les toque salir de aquellos establecimientos vayan “directo a una misión... A matar a alguien, vender droga”, explica. Y para convencerlos les dan ‘regalitos’ como motos, dinero, plazas para la pillería y poder.

“El menor de edad igual sale con la conducta de robo, de seguir vendiendo, y ahí adentro no les enseñan de una manera psicológica que les ayude a entender que teniendo esa vida, aparentemente fácil, lo único que les espera es la muerte”, finaliza Juan.

Ante este testimonio, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) responde que al iniciar el proceso de reeducación en los CAI, los adolescentes son parte de programas que establecen un acompañamiento integral, el cual se encarga de la atención, integración y reintegración social, comunitaria y familiar.

La institución refiere que a los internos se les brinda herramientas para desvincularse o separase de los grupos delictivos y, de igual forma, evitar la integración de los adolescentes de los CAI en bandas criminales.

Sin embargo, la entidad reconoce que “de manera eventual se han presentado riñas, alteraciones al orden o disturbios”, pero que han sido controladas. En abril de 2022, un joven fue asesinado por compañeros en el CAI de Guayaquil. Se presume que el hecho “fue ocasionado por la vinculación de algunos adolescentes en bandas delictivas antes del ingreso”.

Al consultarles en qué consiste la rehabilitación social de los menores, el SNAI indica que se basa en un Modelo de Atención Integral Restaurativo, con la ejecución de las siguientes fases: reconocer el daño causado y responsabilizarse de las consecuencias; restituir/reparar el daño; construir su proyecto de vida; desarrollar capacidades y habilidades en el marco del proyecto de vida; y una reinserción y reintegración a partir de esos parámetros.

Finalmente, sobre la posibilidad de fortalecer los programas, la entidad informa que se tiene planificado incrementar e innovar los talleres especializados que proveen habilidades y destrezas a los chicos.

PREVENIR ES LA CLAVE

Para Patricia Castro, abogada especialista en Derechos Humanos, aumentar las penas a los menores implicaría contrariar la Constitución, que los protege como grupo vulnerable, imponiéndoles una justicia especializada.

“Los delitos no van a disminuir porque aumenten la pena. Trabajemos en prevención. Si el Estado les brinda oportunidades a los jóvenes, si los gobiernos locales les dan oportunidades, ellos no van a delinquir”, opina.

También considera oportuno analizar y fortalecer los entornos familiares para que no sean ‘nidos’ que formen pillos.

Comenta que se debe imponer mayor rigurosidad a los autores intelectuales que se valgan de adolescentes para el cometimiento de delitos.

El planteamiento de todas estas opciones merece un pronto análisis. El futuro de la juventud está en juego. No hay que dar más chance a que se dañen. (MPG)