Este loco no anda suelto. Y no es porque así lo quiera, sino porque se lo han negado al ratificar su permanencia preventiva en una prisión, por el delito de delincuencia organizada, debido a una investigación por la presunta “organización o financiamiento” para el tráfico ilícito de drogas, por medio de la agrupación narcodelictiva Los Tiguerones.

Pero, ¿cómo alguien que a sus 26 años destacaba como uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano terminó involucrado en un caso de tal magnitud? Una posible respuesta está en los expedientes: por una supuesta conversación mantenida con un individuo identificado como el estratega de esa organización (ver infografía).

Ese presunto diálogo llevó a que el fiscal Wilson Toainga, a cargo de la investigación, solicitara orden de prisión preventiva para el deportista Gabriel Jhon Cortez Casierra, la cual fue aceptada. En esa primera diligencia, realizada horas después de la aprehensión del futbolista, el juez César Cortez Medranda, de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas, dispuso que el Loco Cortez y otros dos procesados -de 18- fueran trasladados a la conocida cárcel 4, de Quito. Sin embargo, eso no se cumplió.

Al día siguiente, sorprendió la noticia de que el Loco Cortez había sido llevado a la antigua Penitenciaría del Litoral, específicamente al pabellón 8, área que se encuentra bajo el dominio de Los Tiguerones. Al poco tiempo, se hicieron virales vídeos en los que se lo veía jugar con una pelota en un patio con otros internos.

Pidió libertad

El 17 de mayo, a las 12:00, se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares, por pedido de la defensa de Gabriel Cortez y de los otros dos procesados que, al igual que él, no fueron enviados a la cárcel 4. Ellos, en cambio, habían sido llevados a Latacunga.

En el acto judicial, el juez Sven Aguas Arismendi negó el requerimiento de sustituir la prisión preventiva, porque la defensa de los procesados no habría aportado con ningún nuevo indicio que lo llevara a cambiar la decisión ya tomada en la audiencia de formulación de cargos.

No pidió cambio

En el expediente se precisa que los otros dos solicitantes de la audiencia fueron Víctor Hugo Rivera Caicedo y Emilio Alfonso Quintero Ayoví, miembros de la Policía Nacional.

Ellos, a diferencia del Loco Cortez, pidieron que se cumpla con su traslado a la cárcel 4, como se había ordenado en primera instancia. En consecuencia, el juzgador resolvió que, para los dos, se ejecutara esa disposición legal.

Argumentos

El abogado Nathan Ávila, quien actuó como defensor de Cortez en la última diligencia, detalló durante su intervención que la indagación previa de este caso empezó el 7 de enero de este año y que, para esa fecha, el Loco se encontraba concentrado en la pretemporada del Barcelona.

Además, explicó que, entre el 29 de diciembre del año pasado y el 30 de marzo de este, el deportista esmeraldeño no habría tenido “espacio para actividades familiares, sociales y personales”. E hizo hincapié en que el “fútbol ecuatoriano está considerado como una disciplina de alto rendimiento y no hay tiempo para ninguna actividad que pueda derivar en algún ilícito”.

Entre otros argumentos también dijo que su cliente es una persona sin antecedentes, cónyuge, padre de familia y futbolista, con un contrato firmado con vigencia del pasado 1 de enero hasta el 15 de enero de 2025.

Ante eso, el fiscal Wilson Toainga refirió que la investigación que se sigue en su contra por delincuencia organizada, “cuyos delitos afines, entre otros, son sicariato, extorsión, robo agravado, intimidación y tráfico de sustancias” estupefacientes.

Y esta investigación habría contado con interceptación de comunicaciones, como la conversación que Cortez habría mantenido con un ‘duro’ de Los Tiguerones (ver infografía). Eso llevó a que el funcionario del Ministerio Público concluyera que el Loco “no es una persona ajena a las actividades de la organización (Los Tiguerones). No es ajena a las actividades de delitos afines de la organización”.

Tras audiencia, cambio en el equipo jurídico

Tras la última diligencia, en la que se negó a Gabriel Cortez una medida diferente a la prisión preventiva, hubo un cambio en los representantes legales del futbolista, de acuerdo a los registros del expediente.

El primer abogado del deportista fue Nathan Ávila, quien en 2012, entre el 8 y el 31 de agosto estuvo a cargo del Juzgado Quinto de Garantías Penales del cantón Atacames, en Esmeraldas. En la época, él formaba parte del banco de jueces temporales de la Función Judicial.

En la actualidad, según las actas del proceso, el estudio jurídico LitigiumLex, de Guayaquil, tiene su defensa. EXTRA ha buscado una versión, pero el despacho -hasta el cierre de esta edición- no emitió un pronunciamiento.