Los cuerpos de Rubén David Cherres Faggioni, de 64 años; César Eduardo Amador Sotomayor, de 67; y Josselyn Katiuska Rivadeneira Luzardo, fueron trasladados en la mañana de ayer desde la morgue de Santa Elena hacia la ciudad de Guayaquil en completo hermetismo.

Mientras que el féretro del guardia de la vivienda, Juan Antonio Ángel Perero, fue llevado a Libertador Bolívar, al norte de Santa Elena, comuna de donde era oriundo.

Las cuatro víctimas fueron asesinadas en un inmueble en el balneario de Punta Blanca, en el área conocida como entrada 1, todos con impactos de bala calibre nueve milímetros.

Hasta la escena llegaron peritos de la Fiscalía de Quito para realizar un levantamiento de la escena en 3D (tres dimensiones). Esto con la finalidad de determinar la trayectoria balística, el lugar de la víctima y el victimario.

 La casa está ubicada al pie del mar y Ángel Perero tenía dos orificios por los perdigones. A las otras víctimas las acribillaron con más de cinco disparos.

Lo que se sabe

Según las investigaciones, la vivienda fue alquilada por Cherres Faggioni desde inicios de enero y el contrato finalizó el 30 de marzo, pero al parecer este decidió pernoctar otro día más y fue justo para su asesinato.

La Policía estableció dos escenas del crimen en el mismo inmueble. El primer hecho fue en el pequeño departamento donde se encontró al cuidador que yacía maniatado y con cinta de embalaje en su rostro. La otra fue en la sala de la vivienda, donde estaban boca abajo los otros tres inquilinos asesinados.

Los allegados de Ángel Perero indicaron que este laboraba en el inmueble desde hace más de una década.

El día de su asesinato estuvo en Libertador Bolívar porque ya no tenía inquilinos en la vivienda, pero en horas de la tarde recibió una llamada porque las personas que estaban ocupando la casa habían decidido regresar.

A las 20:00 del jueves 30 la esposa lo llamó por teléfono y le dijo que estaba a la espera de la llegada de los señores, pero a las 23:00 que lo volvió a llamar no contestó.

Los investigadores deducen que durante ese tiempo se produjo el horrendo crimen.

En el área donde ocurrió el asesinato están ubicadas viviendas vacacionales y la mayoría de las casas tienen guardias, por lo que algunos de ellos mencionan que no era atípico que hubiesen custodios en este tipo de inmuebles.

El fiscal de Santa Elena, John Tipantasi, es el encargado de la investigación.

Junto con los peritos han procedido a revisar los indicios encontrados a las víctimas, entre estos se encuentran los teléfonos móviles que podrían tener información valiosa. Además de algunos documentos que estaban en el inmueble.

En cuanto a las cámaras de vigilancia, aunque se especuló que los sicarios las dañaron, las autoridades aseguraron que ya estaban en ese estado.

EL EXPERTO

El panorama jurídico en torno a la muerte de Rubén Cherres tiene que analizarse minuciosamente, a decir de Eduardo León Micheli, abogado penalista capitalino.

“En primer lugar, se tiene que determinar los resultados que arrojen la autopsia. Eso puede ayudar, en algo, a dar con el paradero de quienes cometieron el crimen y, a partir de ahí, indagar”.

A decir del especialista, por la forma de la muerte, la cual habría tenido ‘dosis’ de tortura, se tendría que determinar si hubo una participación directa de la mafia albanesa, organización a la que Cherres fue vinculado.

“Pero también tiene que analizarse desde el punto de vista político ¿a quién beneficia esta muerte violenta? ¿A quién no le convenía que el señor Cherres hubiera hablado?”, acotó León Micheli.

El nombre del fallecido también estuvo inmerso en una investigación por corrupción que se inició luego de la publicación de un reportaje alrededor del círculo del presidente Guillermo Lasso.

 Las investigaciones deben continuar

León Micheli precisó que con este crimen se pierde un rastro muy importante en toda esta trama que surgió desde que se hicieron públicos supuestos casos de corrupción.

El jurisconsulto indica que al ocurrir una muerte (sea o no violenta) de uno de los implicados dentro de un proceso judicial esta se extingue automáticamente. “Sin embargo, esto no quiere decir que las investigaciones no tengan que realizarse alrededor de esa persona”.

Tampoco puede extinguirse la responsabilidad penal del resto de personas que están inmiscuidas en estas indagaciones.

El vigilante estuvo en el sitio equivocado

Los pobladores peninsulares lamentan el asesinato de Juan Antonio Ángel Perero, el guardián de la casa donde se hospedaba Cherres. “Él no tenía nada que ver en este problema en donde estaban inmersas las otras personas muertas. Juan cumplía con su trabajo, ¿por qué tenían que matarlo?”, dijo entre lágrimas uno de sus familiares.

Ángel Perero fue un ciudadano tranquilo y muy respetuoso, dicen sus allegados. La semana pasada participó de una reunión familiar por la celebración del primer año de su nieta, allí compartió con sus seres queridos sin saber lo que le deparaba.

Incluso, otros custodios de viviendas en Punta Blanca señalaron que a este lugar suelen llegar personas adineradas y que nadie sospechaba de ellos.

Pocas veces los vieron y solo sabían que eran mayores de edad, pero desconocían de sus problemas con la justicia.

“Solamente salían a la playa los fines de semana. Venían unos cuatro días y luego regresaban a Guayaquil. Eso sí: llegaban en carros de lujo, pero por aquí los dueños de las casas también tienen ese tipo de carros. A nadie les pareció extraño”, dijo uno de los guardias.

Incluso señalaron que no escucharon disparos.