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Judicial
2023: Ecuador, bajo el dominio criminal
Expertos sostienen que para combatir la violencia hay que mejorar presupuesto para las entidades a cargo de la seguridad y administración de justicia.
El 2022 empezó con violencia y para demostrarle al mundo que eso fue así hubo una masacre que incluso provocó que la red social Facebook dedicara una advertencia a sus más de 2.900 millones de usuarios, la noche del 21 de enero.
“Tiroteo en Playita del Guasmo, Guayaquil, Ecuador”, fue el titular de la alerta que la plataforma había publicado luego de que una quincena de criminales, a bordo de lanchas, llegara hasta una cancha y acabara con la vida de cinco personas y dejara a otras nueve heridas, según los reportes oficiales.
Este hecho se dio en represalia a un ataque anterior, pues tres integrantes de una organización criminal enemiga habían sido asesinados en un parque de la misma zona. ¿Por qué motivo? Por la ‘conquista’ de territorios para el dominio de los grupos delictivos. Es de lo que siempre hablaron los investigadores: fue el ‘discurso’ del año.
Las peleas de las bandas por el control lograron que solo en la Zona 8, conformada por los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán, se cometieran más de 1.500 asesinatos, mientras que a nivel nacional se reportaron más de 4.500 muertes violentas, más del doble de las ocurridas en todo el 2021.
Control total
Kléber Carrión, oficial pasivo de la Policía Nacional, quien en su carrera fundó la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), hace un análisis para proyectar lo que sucederá en Ecuador en 2023.
Ante la pregunta de cuál será la estrategia de los criminales durante este año, explica que estos “van a focalizar las zonas liberadas a su favor”. ¿A qué se refiere? “A lugares a los que la Policía y el Estado no tienen acceso libre, porque ya hay un dominio delictivo (...) Es un Estado criminal dentro de un Estado formal. Es algo que estamos viviendo”, sostiene.
Esto significa -dice el experto- que la delincuencia organizada fortalecerá sus lugares de dominio y eso generará mayor “tensión por los territorios, porque querrán mantener autonomía y discrecionalidad total, porque ellos van a querer hacer la ley, van a imponer su ley”.
En pocas palabras, si alguna persona tiene planes de realizar alguna actividad, de cualquier tipo, en los sectores que estén bajo el control de asociaciones delictivas, se tendría que solicitar autorización a estas, sin descartar que se deba “tributarles, ya que tendrán hegemonía, no solo en la venta de las drogas”.
“Es gravísimo, porque la guerra entre ellos va a ser mucho más fuerte, lo que pasa mucho en México. Tenemos espejos en donde vernos muchísimo”, enfatiza Carrión.
“Estado hipergarantista”
Para Kléber Carrión, es necesario hacer reformas en la Constitución, porque hay derechos establecidos que favorecen al delincuente. “Si seguimos sosteniendo un Estado hipergarantista (...), en el que no se hace un buen manejo de la reincidencia, que en realidad debería ser reiteración en la conducta delictiva”, indica.
“¿Por qué vienen y van estos delincuentes? Porque la primera vez que cae por narcotráfico se acoge a un beneficio penitenciario. La segunda caída, que es por asesinato, se acoge a un beneficio penitenciario. Y la tercera, por robo de vehículos, se acoge a un beneficio penitenciario. Según las leyes actuales, para que haya reincidencia, el delincuente debe ser detenido por el mismo delito. Por eso es que vemos que se acogen a muchos beneficios. Eso se debe mejorar”.
Uso progresivo de la fuerza
El oficial pasivo sostiene que la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, en realidad, no ha sido una solución para combatir a la delincuencia, porque en realidad apunta “más al control de las manifestaciones que a proveer de las herramientas a la Policía y a las Fuerzas Armadas. También se debería considerar a los agentes de Tránsito y municipales, que son necesarios para irradiar seguridad. (...), pero al final del día no tienen ni siquiera un matamoscas”.
Cárceles
Para este 2023, no debe dejar de lado la seguridad penitenciaria y es necesario que se implementen protocolos de alto nivel en las cárceles, tanto en la parte interna como en la externa, sugiere César Peña Morán, fiscal especializado.
Y para eso, también cree necesario que se hagan reformas legales que permitan mejorar la supervisión, el control de los reos y la intervención de los entes encargados de seguridad.
Presupuesto
El fiscal Peña recuerda que en este año tendremos una consulta popular, en la que se realizarán cambios a ciertas disposiciones constitucionales y procedimientos, de ganar el sí.
Pero en el tema de seguridad, estas variaciones legales no son suficientes si no hay un apoyo real a las instituciones encargadas de velar por la justicia en el país, sobre todo en lo relacionado al presupuesto que se les asigna, porque además les haría falta personal para llevar las demandas que, a diario, incrementarían.
“Es que igualmente se debería contratar mucho más talento humano para poder cumplir con el tiempo y los plazos en cada proceso. La población aumenta y los empleados judiciales disminuyen. Ojalá en este 2023 se logre obtener mayor presupuesto para temas de seguridad...”, expone el operador de justicia.
Ayuda extranjera
El funcionario considera necesario que se continúe aceptando colaboración extranjera, de los Estados Unidos o de otro país que tenga tecnología de punta que sea de beneficio para las investigaciones.
Con este punto coincide el asesor en temas de Seguridad Nelson Yépez, quien incluye este plan en una propuesta a corto plazo. “Y debe ir de la mano con una ley de emergencia, para que nuestras entidades de seguridad puedan adquirir armamento, vehículos, porque hay que fortalecerse. Es necesaria la tecnología y debemos actualizarnos rápidamente para contrarrestar a la delincuencia”, manifiesta.
Añade que de inmediato se debería crear una unidad de Inteligencia que esté sobre las demás y que las otras la nutran de información, “pero ese grupo debe ser manejado por agentes muy bien seleccionados, solo los mejores de cada una de las unidades ya existentes, para evitar que la corrupción se infiltre. Así podríamos estar al nivel de la delincuencia”.
Condiciones sociales
Yépez considera que para mejorar la situación del país también se deben mejorar las condiciones sociales, dentro de un plan a largo plazo. “Hay que dar más trabajo, invertir en educación, todo lo que sea bienestar social, para que no exista el caldo de cultivo de personas que migran a la delincuencia, ya que no encuentran oportunidades”.
El experto asegura que es posible hacerlo, porque así lo hizo Medellín, en Colombia, que “de ser el lugar más peligroso del mundo, en la época de Pablo Escobar, pasó a ser uno de los sitios más seguros. Esta ciudad ha regresado a la paz porque se hizo un trabajo a largo plazo. Es lo que tenemos que hacer”.