Un video de varios jugadores de Chacaritas FC siendo supuestamente amenazados por delincuentes reactivó las interrogantes respecto a las apuestas ilegales y arreglos de partidos en el fútbol ecuatoriano.

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El material, difundido por el medio digital mexicano Esto en Línea, circuló el 28 de diciembre de 2024 y daba cuenta de aparentes amenazas a futbolistas del mencionado club a fin de obligarlos a perder partidos.

Tras esa publicación, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, confirmó a través de su cuenta en X que el video ya había sido conocido por su organización y que el hecho se dio hace ocho meses. El dirigente aseguró, además, que existe una investigación en la Fiscalía y que el caso está en manos de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE).

Según pudo conocer este medio, el hecho se habría registrado en abril, en una casa que compartían varios jugadores en Pelileo, Tungurahua. Pero antes de ese suceso, y de que el video se conociera en la interna del club, hubo amenazas vía telefónica a los directivos. El presidente del equipo, Holger Maroto, denunció ante la Fiscalía y dio aviso a la LigaPro y Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Del suceso se enteraron después de las llamadas y en el equipo se instaló la duda. La dirigencia incluso empezó a desconfiar de algunos jugadores y de la veracidad del video con supuestas amenazas. Desde el club prefieren ya no atender el teléfono, pues existe mucho temor sobre lo sucedido, al punto de que dos jugadores que habían accedido a relatar los hechos a este medio sin brindar su identidad, finalmente pidieron no volver a tocar el tema.

A pesar de ese silencio, existen algunos indicios conocidos por las autoridades deportivas. De acuerdo a eso, se trataría de una misma red vinculada al crimen organizado, que ha encontrado una manera fácil de ganar dinero a través de las apuestas en distintas plataformas.

Para ello necesitan a los clubes y a jugadores, y según relató a EXTRA una fuente de la dirigencia, las propuestas van hacía los presidentes de los equipos para arreglar partidos, pero también para fichar ciertos jugadores que puedan jugar al menos quince minutos. Cada cosa con una tarifa específica.

Este dato coincide con la denuncia en medios por parte del presidente de El Nacional, Marco Pazos, en mayo del año pasado. El directivo contó que hasta su oficina llegaron personas a proponerle la venta de partidos. Incluso dio a conocer que le habían ofrecido 40.000 dólares por cotejo. Después de contarlo públicamente, también prefirió no volver al tema tras ponerlo en manos de la LigaPro.

Pero la manipulación de un resultado es solo una posibilidad, pues las múltiples opciones de ganar en los pronósticos con jugadas puntuales hacen que los futbolistas sean también buscados para manipular el juego, manejándose en ese nivel cifras mucho menores.

Según la fuente consultada, por ejemplo, por un pago desde 2.500 dólares se provocan tarjetas en contra. Y esos valores van subiendo dependiendo de la complejidad de la acción. Los ofrecimientos económicos para incurrir en estas prácticas ilegales ya no son la única herramienta de las personas detrás de esta red.

En el último año se instaló también la intimidación para que los actores del fútbol no puedan rehusarse a aceptar. Un jugador de Chacarita, que llegó al club después del suceso del video, contó a este medio que recibía constantemente mensajes en donde le proponían ‘colaborar’ en estos arreglos, por lo que ha debido cambiar de número telefónico varias veces desde su llegada.

Sin un marco legal

Para Gabriel Drouet, director de Integridad de la LigaPro, esta problemática ha crecido en los últimos años en el país y el principal inconveniente se da desde la imposibilidad de combatirlo en la justicia, pues la manipulación de resultados deportivos no se encuentra tipificada en Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Nosotros podemos llegar hasta donde nos permite el ámbito deportivo”, detalla Drouet, refiriéndose a que el campo de acción de la LigaPro en estos casos es cuando se identifican conductas que han afectado directamente el resultado de un partido. Allí es cuando la organización puede solicitar la apertura de un expediente disciplinario que sancione ya sea a clubes o jugadores.

Todo en el ámbito de la competencia, con la resta de puntos o suspensión de jugadores, como, de hecho, pasó con el caso de Libertad en 2023.

Pero cuando estas situaciones trascienden al campo de juego, como con las llamadas telefónicas, visitas para ofrecimientos ilegales o amenazas violentas, los hechos pasan a manos de la justicia ordinaria y allí es donde no hay demasiada esperanza actualmente, pues no existe una legislación específica para la manipulación de resultados deportivos.

Esa ha sido una de las principales preocupaciones de la Dirección de Integridad de la LigaPro de la mano de Drouet y han conseguido establecer un vínculo más cercano con la Policía Nacional para buscar avances en la identificación del modus operandi de las mafias detrás de los arreglos de partidos.

“Ellos nos escuchan, intercambiamos criterios y estamos en constante diálogo”, resalta el directivo. Pero más allá de esa voluntad, existe mucho desconocimiento y los casos acaban enmarcados en otro ámbito que genera retrasos.

“Por ejemplo, una investigación de estas puede acabar siendo por lavado de activos, entonces antes de indagar sobre los arreglos, habría que probar la legalidad de los fondos. Entonces, no es lo ideal”, apunta Drouet.

Un proyecto de ley en espera

Sobre esta falta de legislación existe ya un proyecto de ley que busca incluir un artículo específico para la manipulación de partidos, el cual sancionaría a “la persona que directa o indirectamente, prometa, ofrezca o dé una ventaja indebida a otra persona, para sí misma o para otra persona o entidad, con el objetivo de alterar indebidamente el resultado o curso de una competición”.

La pena que se plantea en el proyecto establece la “privación de libertad de tres a cinco años, y multa de cien a doscientos salarios básicos unificados”. Además, para las instituciones que incurran en estos actos, se estipula “clausura de un año de todos sus locales y establecimientos, a realizar actividades en beneficio de la comunidad”, sumado a la misma multa antes citada. Y, en caso de reincidir, la extinción de la persona jurídica.

Este proyecto de ley ya está en lista de espera en la Asamblea Nacional, que a inicios de octubre autorizó que “se proceda con la unificación del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en Contra de la Manipulación de Eventos Deportivos y en la Antipiratería”.

Eso significa, según explicó Drouet, que se incluiría en un próximo paquete de reformas al COIP, para lo cual la LigaPro se encuentra presionando, pues también se incluye legislación referente al tema de la piratería que afecta los derechos audiovisuales de los clubes.

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