Estados Unidos ha aumentado la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, elevando la cifra de 15 a 25 millones de dólares. Esta medida se enmarca dentro de una serie de sanciones impuestas por la administración de Joe Biden, que se intensifican tras la reciente toma de posesión de Maduro en el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo. La comunidad internacional y la oposición venezolana han calificado la juramentación como un acto de "golpe de Estado".

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El aumento de la recompensa también incluye otras figuras clave del régimen venezolano. Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por información que lleve a la captura de Diosdado Cabello, ministro del Interior, y 15 millones por el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Estas medidas son una respuesta directa a lo que Washington considera un proceso electoral fraudulento, en el que la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, denuncia un robo electoral.

Además de las recompensas, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones económicas a ocho altos funcionarios venezolanos, entre ellos Héctor Obregón Pérez, presidente de la petrolera estatal PDVSA, y Ramón Celestino Velásquez, ministro de Transportes. Washington acusa a estos personajes de participar en actos de represión contra la población y de ser cómplices del régimen de Maduro.

Medidas contra Venezuela

La administración Biden, que dejará el cargo el 20 de enero con la llegada de Donald Trump, también ha anunciado que continuará con medidas adicionales para limitar los ingresos del gobierno venezolano, incluyendo el análisis de nuevos embargos de activos en el extranjero. Sin embargo, la administración estadounidense ha aclarado que, por el momento, no se cancelarán las licencias a empresas extranjeras, como Chevron, para la extracción de petróleo en Venezuela.

A pesar de las sanciones, EE. UU. ha extendido por otros 18 meses el estatus de protección temporal (TPS) para miles de venezolanos, permitiéndoles residir y trabajar en territorio estadounidense. Esta decisión refleja la creciente tensión en torno a la situación política y económica de Venezuela, que sigue siendo objeto de un intenso debate a nivel internacional.

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