Ruth Montenegro siempre lleva consigo un cartel con la foto de su hija Valentina Cosíos.  Es el estandarte de su lucha, pues quiere hacer visible su caso.

Lleva más de cinco años impulsando un proceso judicial que, según ella, siempre ha sido cuesta arriba. Todavía busca hallar a los culpables de la muerte de la tercera de sus hijos, en una unidad educativa quiteña. “Quiero saber la verdad de lo que pasó”, dice.

En este tiempo no ha tenido respuestas y fue recién en junio de este año que vincularon a una de las profesoras de la niña de 11 años. “Ella es una de las personas que vio a mi hija en la escuela fuera del horario”.

Los abogados del caso, que persiguen el delito de homicidio culposo, esperan que mañana el juez vincule a cuatro personas más. Todos pertenecientes al establecimiento donde ocurrió la muerte, el 23 de junio de 2016.

Esa tarde, Valentina no llegó a sus clases de música en el conservatorio, en el norte de Quito. Pusieron una denuncia por desaparición.

La madre narra que la mañana del siguiente día la llamaron para pedirle que fuera al ‘cole’ con urgencia. “Yo pensé que estaba viva, que se trataba solo de un accidente”, agrega.

Incluso cuando entró al centro educativo mantenía esa esperanza, pero el cadáver ya estaba cubierto. “En ese momento dijeron que fue un accidente y así se manejó el caso”.

Esa misma tarde, la autopsia reveló que la menor habría sufrido violencia sexual y murió estrangulada. “Entonces corrieron el rumor de que mi hija se suicidó”, recuerda.

Para Mayra Lana, una de las abogadas del caso, allí se perdió tiempo valioso en las investigaciones, pues estaban mal encaminadas. “Era una muerte violenta y como tal debía tratarse”, comenta. Además, esa hipótesis habría servido para culpabilizar a la madre por la muerte.

Contradicciones

A pesar de que en la primera autopsia ya se había confirmado que Valentina no murió por accidente, unos días más tarde, según Ruth, Fiscalía solicitó otra necropsia y estaba prevista para el 29 de junio. “La adelantaron y la hicieron un domingo”, recuerda.

Ese día le dijeron que “se lleve nomás a su hija” porque se trataba de un accidente. Para ella fue un golpe duro.

Desde entonces hubo un nuevo sorteo. Con otra fiscal al frente se han solicitado, según Lana, nuevas pericias, incluso, con expertos internacionales.

“Han arrojado nuevos elementos, por ejemplo, que la escena del crimen fue manipulada”, explica la abogada.

Aparentemente, Valentina fue asesinada en la bodega del colegio y fue llevada ya sin vida al patio, sitio donde sus compañeros la vieron y dieron la alerta.

“En ese entonces me dijeron que ningún funcionario la vio. Si desde la calle se podía ver el cuerpo”, insiste Ruth.

La lucha

Impulsar este proceso ha significado –para la madre– dejar su casa por las amenazas que ha recibido.

Cuenta que también sus otros cuatro hijos han tenido que dejar el sistema educativo formal. “Desde antes de la pandemia ya teníamos esa modalidad”, explica.

La situación económica no es buena, por lo que la asesoría legal es gratuita y compartida entre abogados particulares y la Fundación Surkuna. “Me han dicho que ya me resigne. Pero lo que menos necesitamos es resignación para encontrar justicia”, sentencia.