Solo hay tres maneras para solicitar el recurso extraordinario de revisión ante la Corte Nacional de Justicia. La primera si se comprueba la existencia de una persona que se creía muerta. La segunda es si se encuentran dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción pero que al ser contradictorias revelen que una de ellas está errada.

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Y la tercera vía es si se comprueba que la sentencia fue dictada con base en documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados. Este último camino es al que le apuesta el correísmo para echar abajo la condena de ocho años de cárcel y 25 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa en contra de Rafael Correa.

“Si existen jueces probos e independientes, en la revisión se encontrarán la falta de sustento. Y si no, nosotros tenemos toda la estrategia internacional”, dijo en 2021 Pabel Muñoz, entonces asambleísta de UNES. Parte del plan es repetir la historia de Lula da Silva en versión ecuatoriana: botar la sentencia y que Correa vuelva a la Presidencia de la República. Incluso Correa ha señalado que para lograrlo necesitan que su partido político regrese al poder.

En mayo pasado, el entonces legislador Fernando Villavicencio abrió una investigación, cuyo foco estaba sobre el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela Rodas. Entonces, Villavicencio aseguró que hay “una estrategia conspirativa al más alto nivel, orientada a revisar la sentencia del caso Sobornos (Arroz Verde) para beneficiar a Rafael Correa y otros sentenciados”. 

Según él, “el plan incluye el manejo de escenarios falsos y un torpe relato de hechos”, en donde se busca posicionar la idea de que las pruebas del caso que sustentaron la sentencia fueron forjadas. En su cuenta de Twitter publicó un video, sin dar mucho detalle, pero se trataría de una reunión en 2021 y en donde participarían algunos de los jueces de la Corte Nacional. 

En 2020, la Corte Nacional de Justicia declaró culpables de cohecho al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glas, y a otras 16 personas a 8 años de prisión. 

El tribunal señaló que “se demostró la existencia de una estructura de corrupción”. La sentencia afirma que se ha comprobado que los pagos realizados a la estructura eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir al expresidente Correa. Representantes de empresas como Metco, Equitesa, Técnica General de Construcciones, Focepa pagaron coimas a Alianza País.

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