“En el valle no podemos soportar más el descuido y la falta de planificación. Cumbayá ahora ya es un caos y Tumbaco va por el mismo camino”, afirma Juan Fernando Serrano.

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Esta declaración refleja algunas de las preocupaciones de los residentes de la parroquia de Tumbaco, la cual incluye Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, Checa, Tababela, Yaruquí y El Quinche. En total, estas áreas albergan a aproximadamente 240,000 personas.

Los problemas son persistentes: el crecimiento poblacional descontrolado ha llevado a la construcción de cientos de edificaciones en zonas de riesgo, y el transporte público es insuficiente para los habitantes. Además, el aumento de la población ha hecho que los servicios básicos resulten inadecuados.

Marco Veintimilla, presidente del barrio Tola Chica 3 en Tumbaco, comenta que en meses como junio, hay días enteros sin suministro de agua. Al preguntar a la Empresa de Agua Potable (Epmaps) por la causa, le dicen que es por la sequía. Cuando llueve también hay desabastecimiento; en este caso, la respuesta es que la fuerza del agua rompe las tuberías.

“El gran problema es que nuestras necesidades como parroquia no son atendidas, por más buena voluntad que haya”, dice Veintimilla. Carlos Albán coincide con Veintimilla, señalando que “pese a la buena intención, el Municipio de Quito no tiene los recursos porque está endeudado. El dinero es para pagar las deudas y los recursos no retornan a las parroquias”.

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Una solución que inicialmente propusieron algunos residentes de Tumbaco, Cumbayá, Nayón, Puembo y Pifo fue formar un nuevo cantón independiente de Quito. Posteriormente, se unieron Checa, Tababela, Yaruquí y El Quinche.

La idea cobró forma en 2018 y se estableció la Junta Cívica del Valle del Ilaló. Un año después, se constituyó legalmente, y en 2023 se les otorgó la personería jurídica y se aprobó la directiva. Albán, secretario de la Junta, menciona que la pandemia de la COVID-19 frenó el avance de la propuesta, pero también les permitió progresar en temas jurídicos.

Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta, enfatiza que no pueden soportar más la desatención de las autoridades, por lo que apuntan a la cantonización para obtener autonomía, tanto económica como política.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece seis requisitos para la creación de un cantón. Entre ellos, se exige una población residente mínima de 50.000 habitantes, de los cuales, al menos 12.000 deben residir en la cabecera cantonal, que en este proyecto sería Tumbaco, donde sí se cumple con este número de personas.

La ley también requiere una delimitación física del territorio, y las parroquias deben estar contiguas y tener al menos 10 años de creación. Estos requisitos también se cumplen. Sin embargo, lo que aún está pendiente según la ley son los informes favorables del gobierno provincial (Prefectura) y del organismo nacional de planificación (Senplades), entre otros documentos necesarios.

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El proyecto debe ser presentado por iniciativa del presidente de la República y, finalmente, la población de esos cantones decidirá si apoya o no la propuesta en una consulta popular, que previamente es convocada por el organismo electoral.

Serrano explica que cumplen con la mayoría de los requisitos, aunque hay un estancamiento en el informe de la Prefectura de Pichincha. Asegura que, a pesar de haber mantenido reuniones con el viceprefecto, no han recibido una respuesta en al menos dos años. En cambio, con Senplades, está previsto un acercamiento para establecer una hoja de ruta.

Mientras tanto, han progresado en las conversaciones con los Gobiernos Parroquiales (GAD). El presidente de la Junta menciona que se reunieron con cuatro representantes para escuchar sus observaciones e inquietudes. Una de las principales dudas es cómo sería el proceso de transición.

Daniel Anaguano, presidente del GAD de Nayón, escuchó la propuesta y señala que no están claros los “beneficios tangibles que deben ser superiores a los que recibimos actualmente”. Añade que no hay claridad en los aspectos tanto positivos como negativos del proyecto.

Diego Cevallos, de GobernanzaEC, explica que se trata de un proceso complejo y, en su opinión, poco viable. Aunque se cumplen requisitos como el número de población y la delimitación física territorial, Cevallos se pregunta si los informes de la Prefectura y de Senplades serán favorables.

Desde una perspectiva política, ve poco probable que el gobierno provincial esté de acuerdo con reducir el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, y que el Ejecutivo, a través de Senplades, quiera generar un conflicto con la capital.

En caso de que el proyecto de cantonización avance, el experto sostiene que la nueva institucionalidad no resolverá los problemas de la parroquia. Ante este panorama, Cevallos sugiere que el Municipio de Quito asigne un presupuesto más equitativo para las parroquias y que este se ejecute de manera efectiva. “Una de las grandes quejas es que presupuesto sí hay, pero en las zonales no se ejecuta”, concluye.

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