Sus labios se resecan. Tiemblan sus manos. Tiene ganas de llorar cuando se acuerda de la tragedia, pero se aguanta.

Andrea Chila es una de las sobrevivientes del naufragio del yate Angy, ocurrido el pasado 25 de septiembre en las Islas Galápagos.

Su hermana Paty no tuvo la misma suerte. Ella murió ahogada, al igual que otros tres pasajeros. Para honrar su memoria, Chila y otros sobrevivientes pretenden tomar acciones legales en contra del Gobierno porque, según ellos, ese día hubo irregularidades que habrían provocado la tragedia.

El objetivo de los afectados, en materia legal, es que se determinen responsabilidades y se envíe a prisión a los culpables que, por negligencia, habrían provocado el accidente.

Con esto los sobrevivientes consideran que el hecho no quedará impune ni en el olvido y se generará un precedente para que las autoridades tomen cartas en el asunto y no se repitan estos accidentes.

Ayuda

Además, solicitan seguimiento e indemnización para sus casos, porque todavía siguen afectados psicológicamente y algunos, incluso, tienen complicaciones de salud.

Tal es el caso de Rosalba Cedeño, quien tiene una enfermedad catastrófica y el día del naufragio tragó combustible mientras intentaba mantener a flote a otros pasajeros. También tiene quemaduras en algunas partes de su cuerpo que fueron provocadas por el motor dañado de la embarcación.

Cedeño cuenta que ninguna autoridad se ha acercado para ayudarle con sus medicamentos. “He pedido prestada plata a ‘chulqueros’ (prestamistas)”.

Por su parte, Chila y otros sobrevivientes quedaron con secuelas mentales luego de la tragedia. La mujer, de 32 años, recuerda cuando la voz de su hermana se ‘esfumó’ en el mar. “Ninguna sabía nadar. Solo yo me salvé”.

El cuerpo de Paty fue rescatado al siguiente día en las orillas de una playa cercana. Ella tenía 26 años y vivía en el sur de Quito. Su madre, Angélica Chila, recuerda que la última vez que habló con ella fue el 24 de septiembre, en su ‘cumple’. “Me felicitó por teléfono. Luego no supe más de ella”.

INFORMALIDAD

La Fiscalía abrió una investigación previa por el caso y se está indagando bajo el delito de homicidio culposo. Solicitó al Ministerio de Gobierno que se incluya al capitán de la nave al programa de los más buscados “a fin de que se realicen las gestiones de búsqueda en calidad de sospechoso”. El sujeto huyó luego del siniestro y en un inicio fue reportado como desaparecido.

En este contexto, el abogado Milton Castillo, exdefensor del Pueblo de Galápagos, señala que también se debe indagar a funcionarios públicos para determinar responsabilidades sobre la informalidad con la que se realiza el cabotaje.

Esta es una actividad en la que se trasladan a personas entre puntos de una misma provincia, sin navegar en aguas profundas. Ángel Yánez, alcalde de la isla Santa Cruz, indicó a EXTRA en una entrevista anterior que dicha nave no realizaba actividades turísticas, sino de transporte.

Castillo contradice dicho argumento y afirma que la autoridad solo pretende deslindar de responsabilidades a servidores públicos. El jurista afirma que, de confirmarse que hubo negligencia, los efectos legales recaerían en el Consejo de Gobierno de Galápagos, en la Armada Nacional, en la Subsecretaría de Puertos y en el Ministerio de Transporte.