El próximo 13 de abril de 2025, Ecuador enfrentará una jornada electoral decisiva: la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que definirá quién liderará el país durante el período 2025-2029. Más de 13.7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir entre dos opciones marcadamente opuestas: el actual presidente Daniel Noboa, candidato del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y Luisa González, representante del Movimiento Revolución Ciudadana, afín al exmandatario Rafael Correa. 

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Este balotaje no solo determinará al próximo mandatario, sino que también marcará el rumbo político, económico y social del país en un contexto de desafíos urgentes como la inseguridad, la crisis energética y la polarización social.

Un duelo reñido tras una primera vuelta histórica

Las elecciones generales del 9 de febrero de 2025 dejaron un resultado inédito en la historia reciente de Ecuador. Con el total de actas escrutadas, Daniel Noboa obtuvo el 44.17 % de los votos válidos, mientras que Luisa González alcanzó el 44 %, una diferencia de apenas 0.17 puntos porcentuales, equivalente a menos de 17,000 votos.

Esta estrecha contienda reflejó una polarización sin precedentes, con ambos candidatos aglutinando cerca del 90% de los sufragios, dejando poco margen para otras fuerzas políticas. Según el Código de la Democracia ecuatoriano, al no haber alcanzado ningún candidato la mayoría absoluta (50% más un voto) ni el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar, la segunda vuelta se hizo inevitable.

La campaña rumbo al 13 de abril ha estado marcada por estrategias contrastantes. Noboa, quien asumió la presidencia en 2023 tras unas elecciones extraordinarias, apuesta por su imagen de "mano dura" contra el crimen organizado, destacando la construcción de prisiones de máxima seguridad inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador y una militarización que, aunque controversial, sigue siendo vista como positiva por algunos sectores de la población. 

Por su parte, González ha centrado su discurso en críticas a la gestión de Noboa en temas de seguridad, derechos humanos y generación energética, nombrando deficiencias reales en el actual Gobierno y proponiendo un retorno a las políticas estatistas del correísmo, con énfasis en el fortalecimiento del rol del Estado.

Los temas que definirán el voto

La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos. En 2023, el país alcanzó una tasa de homicidios de 47 por cada 100,000 habitantes, la más alta de América Latina, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. 

Aunque bajo el gobierno de Noboa esta cifra descendió a 38 en 2024, un repunte violento en enero de 2025, con 731 asesinatos en un solo mes, reavivó las dudas sobre la efectividad de sus políticas. González, en cambio, promete una estrategia integral que combine represión del crimen con inversión social, aunque sus detractores la acusan de tener nexos con el pasado correísta, percibido como permisivo con el narcotráfico.

Otro tema crítico es la crisis energética. Los apagones de hasta 12 horas diarias en 2024, atribuidos a sequías y falta de inversión en infraestructura hidroeléctrica, desgastaron la imagen de Noboa. Mientras él defiende su gestión y promete soluciones a largo plazo, González plantea retomar proyectos energéticos emblemáticos de la era Correa, como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, aunque sin detallar cómo financiarlos en un contexto de estrechez fiscal.

La economía también está en juego. Con un crecimiento del PIB proyectado en apenas 0.3% para 2025 según el FMI, el próximo presidente deberá lidiar con un desempleo persistente y un costo de vida en aumento, agravado por la subida del IVA del 12% al 15% implementada por Noboa para financiar su lucha contra el crimen. 

Aquí, las visiones chocan: Noboa aboga por una economía de mercado con incentivos a la inversión privada, mientras González propone un modelo más intervencionista, con subsidios y gasto público como motores de reactivación.

Una elección entre dos visiones de país

Más allá de las propuestas, el 13 de abril se decidirá entre dos proyectos de país antagónicos. Noboa representa una continuidad con ajustes, apoyado por sectores que valoran su juventud —a sus 37 años sigue siendo uno de los presidentes más jóvenes del mundo— y su pragmatismo frente a la crisis de seguridad. Sin embargo, su negativa a ceder el poder a la vicepresidenta Verónica Abad durante la campaña, delegándolo en cambio a su secretaria Cynthia Gellibert en un acto declarado inconstitucional, ha alimentado críticas sobre su apego a las normas democráticas.

González, por su parte, encarna el regreso del correísmo, un movimiento que aún moviliza a una base fiel pero que genera rechazo entre quienes asocian esa etapa con autoritarismo y corrupción. Su desafío es ampliar su electorado más allá de los "correístas" convencidos, atrayendo a votantes desencantados y al movimiento indígena, cuyo líder, Leonidas Iza, quedó tercero en la primera vuelta con un 4.8%.

Esto último ya lo consiguió, a través de una alianza clave. Vestida con un poncho rojo, González firmó un acuerdo este 30 de marzo con el partido Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en el que se comprometió a atender una serie de peticiones de los pueblos originarios en caso de ganar la elección.

Un futuro incierto

A pocos días del desenlace, la incertidumbre reina. Las últimas encuestas permitidas antes del silencio electoral, como la de Comunicaliza publicada el 4 de abril, daban a González una ventaja de 53.69% frente al 46.31% de Noboa, pero la credibilidad de estos sondeos ha sido cuestionada. Observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea han descartado fraude en la primera vuelta, pero ambos candidatos han denunciado irregularidades sin pruebas contundentes, lo que podría caldear el ambiente postelectoral.

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