Desde el 11 de abril pasado, todos los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan más de 30 días en Estados Unidos tienen la obligación de portar, en todo momento, una notificación oficial que acredite su registro migratorio. 

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Se trata de una nueva disposición del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) busca reforzar el control sobre personas que no completaron su proceso migratorio al ingresar al país.

Este documento, conocido como Comprobante de Registro de Extranjero, es emitido por el USCIS una vez que el migrante completa un proceso que incluye la entrega del Formulario G-325R, una cita biométrica (para toma de huellas, fotografía y firma) y una revisión de antecedentes. La omisión de este trámite o la falta de portación del comprobante puede conllevar consecuencias legales severas.

¿Cuáles son las sanciones por no portar la evidencia de registro?

No llevar este comprobante al salir a la calle constituye un delito menor bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sección 262. Las sanciones previstas incluyen:

• Multas de hasta $ 5.000
• Prisión de hasta 30 días
• O ambas penalidades al mismo tiempo

USCIS ha aclarado que esta falta se contabiliza de forma independiente por cada ocasión en que el migrante no porte el documento, lo que puede implicar sanciones múltiples en caso de reincidencia.

¿Quiénes están obligados a registrarse y qué pasa si no lo hacen?

El requerimiento aplica a los extranjeros que hayan permanecido más de 30 días en EE. UU. sin haber registrado sus datos biométricos, así como a los padres o tutores de menores de 14 años que tampoco lo hayan hecho. Quedan exentos quienes hayan completado este proceso al momento de su entrada al país, y también:

• Nativos americanos nacidos en Canadá (INA sección 289)
• Miembros de la Tribu Kickapoo de Texas
• Personas bajo programas como residencia permanente, TPS, DACA, refugio, asilo o parole humanitario

Si el registro no se realiza de forma deliberada, la sanción se agrava: el acto se considera un delito menor federal, con posibilidad de prisión de hasta seis meses, multa de USD 5000 o ambas.

Además, cualquier persona registrada está obligada a notificar al USCIS cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días posteriores a su mudanza. Incumplir esta disposición también constituye un delito menor. Si las autoridades determinan que la omisión fue intencional o no razonable, se puede aplicar una sanción adicional: la deportación del migrante.

En palabras del USCIS: “No portar la evidencia de registro constituye una infracción independiente por cada ocasión detectada”, subrayando la seriedad de esta obligación.

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