Los métodos que utilizan grupos criminales en el sur de Guayaquil para reclutar personas en sus filas son un reflejo de lo que pasa en el país. Los grupos delictivas buscan tener a gente trabajando para ellos a las buenas o a las malas.

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Una de las historias que representan este grave problema ocurrió en el Guasmo Sur de la ciudad. La noche del martes 25 de marzo de 2025, una familia fue aprehendida en su domicilio, en la cooperativa Unión de Bananeros, durante un allanamiento policial. Los uniformados efectuaron el procedimiento a partir de información reservada, respecto a que en ese inmueble se almacenaban armas de fuego.

Las sospechas fueron confirmadas luego de que en un rincón de la sala encontraron una funda plástica de color negro que llamaba la atención. En el interior descubrieron cuatro revólveres y tres armas de fogueo. Estas últimas tenían modificaciones, con el objetivo de que puedan almacenar y disparar proyectiles de armas letales.

Según el teniente coronel Freddy Ávalos, jefe policial subrogante del distrito sur, los integrantes de la familia (padre, madre e hija) indicaron que sujetos vinculados a una estructura criminal supuestamente los obligaron a guardar y movilizar el armamento.

Actualmente, los tres ciudadanos son investigados por tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. Sin embargo, el padre de familia, de 41 años, es el único que permanece con prisión preventiva. A su esposa y su hija se les dictaminó prohibición de salir del país y la presentación periódica ante el fiscal de la causa.

Así captan a la ciudadanía

El uniformado explica que obligar a personas a retener y transportar armas es una de las modalidades de los grupos criminales en esa área de la urbe, para llevar a cabo sus ilícitos. Quienes cumplen estos encargos lo hacen porque los intimidan con ejecutar atentados contra ellos o sus parientes.

“La organización les manda una funda y les dice que la tengan en la casa y que no la abran, porque todo está embalado. Después, los contactan por teléfono, por chats e incluso por números extranjeros, y les dicen que necesitan que el paquete lo vayan a dejar tal día, a tal hora, en un punto”, detalla Ávalos.

Entre las indicaciones, también les dicen qué persona recibirá el paquete, con qué características y vestimenta. Los perjudicados incurren en el delito sin saber lo que cargan y deben continuar en esos encargos de riesgo.

Esta situación se facilita, en gran parte, por el control que mantienen las organizaciones en zonas donde hay callejones cerrados con puertas metálicas y vigilancia por cámaras, con el objetivo de que los hampones estén al tanto de todo lo que ocurre.

“Las organizaciones empiezan a exigir a las familias que trabajen para ellos. Una de las formas es mantener silencio ante todo lo que ellos hacen”, agrega.

Quienes no están de acuerdo con los pillos intentan confrontarlos, pero al final terminan abandonando el sector para evitar problemas. No se animan a denunciarlos, por miedo a represalias.

En algunos casos, esas viviendas son ofrecidas por los malandrines a personas en situación de calle, o a consumidoras de sustancias, para que vivan allí a cambio de que permitan almacenar armas, drogas, motos robadas, o hasta mantener a personas secuestradas.

“Las familias que son dueñas de las casas fueron desplazadas. Cuando uno realiza los operativos, se allana una vivienda, encontramos 10 motos, de las cuales 8 son robadas, y empezamos a preguntar quién es el dueño de esa casa y nos dicen que está abandonada”, informa Ávalos.

Otra forma de captar a la ciudadanía es a través de la extorsión. Primero, exigen el pago de las denominadas ‘vacunas’ extorsivas a emprendedores de bajos ingresos. Como las víctimas no tienen cómo pagar, les imponen que, en vez de dinero, cumplan con la organización criminal haciendo lo que les ordenen.

Una manera adicional de reclutamiento detectada es valerse de los ciudadanos para vigilar las áreas de dominio. Se los ubica en sitios estratégicos, para que avisen si hay policías patrullando cerca, o cualquier otra situación de relevancia.

A quienes se encargan de esta actividad se los conoce como ‘satélites’, y a diferencia de los métodos anteriores, para estos encargos muchos no son obligados. Lo hacen porque les ofrecen una remuneración y hasta tienen horarios y turnos, como si fuese una ‘chamba’ formal.

Hay quienes después trabajan para el bando contrario, ya sea porque son amenazados o porque les ofrecen más plata, y esta traición provoca venganzas que se cobran con crímenes.

Objetivos y perfiles que buscan

Kléber Carrión, oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional y experto en seguridad, señala que los delincuentes, a través de los reclutamientos, buscan dos objetivos principales: impunidad y salvaguardar sus actividades delictivas.

Una de las maneras de cumplir esas metas es atrayendo a personas inimputables. Es decir, a menores de edad, ya que no son castigados con el mismo rigor que un mayor de edad.

También coincide en que hay adhesiones a los grupos criminales que se dan en forma voluntaria y esto sucede, principalmente, en zonas de alta peligrosidad y muchas carencias, ya que el Estado no está presente en esos espacios. Entonces, las bandas suplantan ese rol, resolviendo necesidades como la falta de recursos y el desempleo, ganando así la fidelidad de quienes colaboran con ellos.

“La delincuencia organizada usa a los seres humanos, porque los ve como un objeto para cumplir un fin. En la medida en que les sirvan para lograr esas metas, los utiliza”, analiza.

Reclutamiento de círculo cercano

El abogado penalista Julio César Cueva agrega que los reclutamientos forzados también surgen de personas directamente relacionadas con la víctima. Él, como defensor, precisamente tuvo el caso de una chica a la que su pareja la obligó a que prestara su teléfono para cometer extorsiones y que abra una cuenta bancaria para receptar los depósitos de los ‘vacunados’.

El abogado admite que para los profesionales de la ley es complicado llevar estos casos porque, generalmente, los afectados no suelen guardar pruebas, como mensajes o grabaciones, para evitar problemas con quienes los obligan a cometer actividades ilícitas.

“En el caso de la chica, ella argumentó que se le robaron el celular, pero no presentó una denuncia. O pudo haber ido a una Fiscalía a dejar constancia de que estaba siento amenazada. Eso habría servido, porque el fiscal del caso habría analizado que reportó el celular como robado y que presentó una denuncia. Si bien es cierto continuó haciendo lo que le pedían, esas cosas pudieron ser indicios de que, de alguna manera, ella pedía auxilio”, reflexiona.

Asimismo, explica que los jueces, en este tipo de casos, evalúan si la persona forzada a cometer delitos lo hizo porque se encontraba bajo un temor insuperable. Esto quiere decir que fueron sometidos a situaciones en las que no les quedó más alternativa. Por ejemplo, un padre que es obligado a manejar un vehículo para cometer un asalto, porque a su hijo lo tienen secuestrado y amenazan con matarlo. La autoridad judicial determina si lo exculpa o lo sentencia pero con una pena atenuada.

Cueva precisa que estas denuncias no se concretan porque no existe un correcto funcionamiento del programa de víctimas y testigos. Comenta que no hay los recursos suficientes para que esta estrategia tenga su efectividad, tanto por lo económico como por el número de personal policial que debe estar al cuidado de quienes se acogen al programa.

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