El nombre de Emerson Curipallo, exjuez de la unidad penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, ha sido parte de titulares de prensa desde hace más de dos años. Admitió una medida cautelar que permitió al exvicepresidente Jorge Glas salir de prisión. Un año después, fue detenido junto a más funcionarios judiciales, involucrados en el caso Metástasis.

En ese momento se descubrió que también había liberado a sicarios que trabajaban bajo las órdenes del narcotraficante Leandro Norero. Fue procesado por delincuencia organizada y sentenciado a 40 meses de prisión.

En febrero de este año, el Consejo de la Judicatura aceptó su renuncia. Increíblemente, no fue destituido, pese a que entre 2014 y 2024 acumuló 61 sumarios administrativos. De estos, 42 fueron archivados, e incluso le extendieron tres ratificaciones de inocencia.

Entre otras infracciones disciplinarias en su expediente constan: ejercer el derecho de forma abusiva, con malicia y temeridad; agredir de palabra o por escrito; actuar con manifiesta negligencia en las causas; incurrir en negativa o retardo injustificado; no notificar providencias con oportunidad; intervenir en causas con dolo; retener indebidamente documentos, procesos o bienes; manipular o atentar contra el sistema informático, entre otras.

Desde el 28 de febrero hasta el 31 de octubre de 2024, un total de 108 funcionarios judiciales fueron destituidos por faltas gravísimas. Guayas y Pichincha concentran el 48% de los casos, entre 17 provincias.

Desde 2019, se han producido entre 63 y 73 destituciones al año, excepto en 2020, debido a la pandemia, cuando hubo solo 22. Los jueces han sido los servidores más sancionados.

Control disciplinario

Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, señala que en 2024 el control disciplinario ha sido más riguroso que en años anteriores.

El martes 17 de diciembre, el pleno destituyó a Jackeline Domínguez, quien se desempeñaba como coordinadora de la Judicatura en Guayas. Ella gestionó traslados administrativos de jueces para manipular fallos. Por ejemplo, en el caso de Pablo Muentes contra el Banco del Pacífico, los jueces trasladados habrían favorecido al exlegislador.

Desde el despacho de Goyes, se ha trabajado en un informe sobre el control disciplinario, que concluye que esa área no cumplió con su tarea, ya que jueces como Curipallo fueron denunciados, “pero siempre se archivaron esas causas”.

A la abogada le parece necesario “sentar precedentes”, para que en el sistema quede claro que ante una falta se actúa con rigurosidad. “Para eso se requiere contar con directores provinciales comprometidos”.

Sin embargo, resulta complicado confiar en la justicia. Este año se ha detectado que exdirectores provinciales, como Mercedes Villarreal Vera, en Guayas, archivaron sumarios disciplinarios por faltas gravísimas que podían haber dado lugar a destitución. Esos procesos debían ir directamente al pleno del Consejo de la Judicatura.

Algo similar ocurrió en El Oro, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas. Por eso, todos están siendo investigados.

¿Se puede hacer un control disciplinario a todo el sistema judicial? Goyes responde que eso implicaría revisar las actuaciones de más de 11.000 funcionarios judiciales, más de 3.000 en la Fiscalía y más de 1,000 en la Defensoría Pública.

“En un sistema judicial sano, una destitución debería ser una medida excepcional. Los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana señalan que solo así se puede garantizar la independencia de los jueces. Pero, en el país, el narcotráfico y la delincuencia organizada han permeado la justicia”. Eso queda claro en casos como Metástasis, Purga y Plaga.

El insólito caso del fiscal 'vagoneta'

En la Judicatura existen historias inverosímiles, como la de un fiscal provincial con siete destituciones por reincidencia en el abandono de su puesto de trabajo. Se registró que en 2023 no acudió a laborar en las siguientes fechas: del 1 al 31 de enero, del 1 al 28 de febrero, del 1 al 23 de marzo, del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, del 3 al 31 de julio y del 1 al 18 de agosto.

Y hay más capítulos de corrupción en otros niveles de la justicia. Un técnico de ventanilla del Complejo Judicial de Rumiñahui incurrió en irregularidades al sortear una acción de protección, el 10 de junio de 2021. Fuera de su jornada laboral, escogió la opción de flagrancia, limitando el reparto aleatorio entre los 13 jueces activos.

Secretarios, como el de la Unidad Judicial de Montecristi, solicitaron dinero para “ayudar” en trámites de nulidad de sentencia. A él le depositaron 2.000 dólares en su cuenta en una cooperativa de ahorro, en enero de 2023.

Plata y sexo

Muchos funcionarios olvidaron su rol y cambiaron de bando. Alex Alajo, agente fiscal en Orellana, seguía una causa por violación y le pidió a la hermana del procesado que le pagara 10.000 dólares y le ofreciera ‘favores sexuales’ para ayudarlo.

Esto dio lugar a un proceso penal por concusión contra el fiscal, y se ha emitido un auto de llamamiento a juicio en su contra. En sus manos estaba la justicia. ¿Falta depuración?

Desmontar la estructura que dejó Wilman Terán

Annabell Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, lamenta que el área de control disciplinario solo actúe cuando la Fiscalía detecta que un operador de justicia ha cometido un delito. “Las direcciones provinciales no cumplen con su trabajo y ahí hay que investigar sus vínculos con procesos de corrupción, hay que decirlo”. Según ella, no es posible que se siga sin realizar evaluaciones a jueces y juezas.

Para Guerrero, es fundamental determinar el rendimiento y cumplimiento tanto de los jueces como del personal administrativo, y considera necesario desmontar la estructura que dejó Wilman Terán.

En abril, Solanda Goyes propuso evaluar a todo el personal judicial y a los jueces, pero el pleno no ha tomado en serio la propuesta.

Guerrero relata que defendió a una funcionaria judicial cuyo nombre apareció por error en varios sorteos de causas, lo que resultó en la apertura de ocho sumarios administrativos en su contra. “¿Cuántos más funcionarios habrán compartido su usuario y contraseña?”, se pregunta.

El juez Carlos Dávila, quien lleva 12 años en la Unidad Judicial de Trabajo, señala que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces no encubre incorrecciones. Hace un llamado a que, si se detectan irregularidades, los usuarios las denuncien, ya que “en los medios de comunicación no se resuelven los casos”. Además, pidió que se tomen en cuenta las difíciles condiciones en las que actualmente opera la justicia.

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