La paz que se vive en la parroquia Calacalí, noroccidente de Quito, se ve interrumpida por la pestilencia. La contaminación se ha convertido desde 2010 en el mayor de los problemas de los pobladores.

En algunas esquinas, las alcantarillas fueron tapadas con una lámina de metal, pues el olor que sale de allí es insoportable. La pestilencia proviene, aparentemente, de las industrias.

“Ya hemos hablado de esto varias veces”, dice Carlos Calahorrano con un poco de molestia.

Los 8.000 habitantes de esta zona ya han realizado marchas, enviado oficios, solicitado inspecciones y no han tenido resultados. Poco a poco se han prácticamente acostumbrado a los malos olores, algo que perjudica a la parroquia, que hace poco más de un año fue denominada como un ‘Destino de colores’.

“Esto promovió el turismo y tenemos gran afluencia sobre todo los fines de semana”, comenta Eduardo Logaña, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).

Calahorrano, quien tiene un restaurante en la zona, dice que los visitantes también han notado el mal olor. “Les explicamos que son las fábricas, pero que nuestros productos no están contaminados”, agrega.

Hace un par de semanas, los pobladores casi se desmayan con el mal olor emanado. “Fue a las dos de la mañana. Estábamos asustados. A mí me dolió la cabeza por la intensidad”, comenta Logaña.

LA RAZÓN

Logaña explica que cuando las fábricas fueron trasladadas a la parroquia no se realizaron los trabajos de alcantarillado correctamente.

“El sistema de las industrias debió ser aparte del sistema de la población. No se puede comparar el nivel de contaminación de una familia con la de una fábrica”, insiste.

Aparentemente, en administraciones anteriores se permitió que se unan las tuberías de esas infraestructuras con la de la zona poblada. “De ahí se van a la quebrada”, explica el funcionario.

Logaña comenta que sí ha entrado a algunas de las instalaciones y que le han dicho que todo funciona correctamente. “Eso debe verlo un experto, por eso exigimos a la Secretaría de Ambiente se haga una regularización”.

Desde el GAD se pide también que el Cabildo haga una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, pues permitiría que cualquier industria funcione en la zona. “Estamos expuestos a que hasta nos pongan una planta nuclear y no podamos hacer nada”, agrega.

Para los pobladores, el ingreso de las industrias no ha sido sinónimo de avance, pues la parroquia se ha caracterizado por la agricultura y el turismo. “Aquí se producía el maíz para toda la capital, pero las fábricas cada vez ganan más terreno”, reclama Segundo Flores, uno de los agricultores.

La directora de Gestión de Calidad de la Secretaría de Ambiente, Alicia Vallejo, comenta que ya se han hecho dos inspecciones, una en enero y otra en marzo, en las que se evidenció que una empresa no tenía licencia y por eso fue clausurada.

Sin embargo, queda pendiente la intervención del Ministerio de Ambiente, entidad ya convocada por el Cabildo.

La funcionaria corroboró que la zona es de alto impacto ambiental y por eso requiere una intervención apropiada.