“No queremos que quemen cuerpos cerca de nuestras familias”, dice Eduardo Aguilar, morador de un conjunto habitacional, ubicado en el parque industrial de Calderón, en el norte de Quito.

Él y otros vecinos no están de acuerdo con que se construya un crematorio junto al bloque residencial, donde viven 43 familias. El domingo pasado salieron con pancartas y cornetas para quejarse de este nuevo proyecto que, según ellos, afectaría su salud.

Llamaron a las autoridades municipales y lograron clausurar el lugar, por la falta de un permiso de funcionamiento.

Aguilar cuenta que luego de dicha intervención el horno habría empezado a echar humo por la chimenea. Olía raro, dicen. Los moradores denunciaron el hecho a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y funcionarios de la entidad fueron a constatar que no estuvieran incinerando cadáveres.

Hasta las últimas...

Al día siguiente, Sebastián Aguilar, otro morador, salió al patio de su casa para agarrar una toalla y percibió que la tela olía a carbón incinerado. “Parecía que estaban quemando chilca o leña”. El joven añadió que tuvo que volver a lavar la toalla y tenía miedo de que haya sido ceniza del cadáver de alguien que falleció con COVID-19.

Judith García, vecina del conjunto, también siente temor de que se termine de construir el crematorio. Según ella, dicha actividad económica pone en peligro a la comunidad y al medioambiente. “Aquí viven mujeres embarazadas, niños y personas discapacitadas”.

La mujer sostiene que no permitirán que el propietario del crematorio termine la obra. Y añade que si es necesario acostarse en el ingreso al predio para impedir que acceda la maquinaria, ella lo hará para “proteger a mi familia y vecinos”.

Solo falta un permiso

Samanta Solano, directora metropolitana de instrucción de la AMC, explicó que el día que fueron a revisar el predio el horno estaba encendido, pero no había ningún cadáver adentro, ni en las instalaciones.

Al revisar los requisitos para su funcionamiento, el dueño del predio no tenía el permiso que lo habilita para realizar esa actividad económica, pero sí poseía la autorización del uso de suelo, de los bomberos y de la Secretaría de Ambiente del Municipio. Por eso, según la autoridad, “se clausuró el lugar hasta que el dueño presente el permiso vigente”.

David Garzón, gerente de la empresa funeraria, contó que antes de instalar el horno en el terreno sacaron un permiso de funcionamiento provisional en el Municipio, mientras les entregaban el resto de papeles.

Luego fue a socializar el proyecto con los vecinos y empezaron los problemas. Garzón les contó que construiría un crematorio y salas de velación para su funeraria. Que para esto debía levantar un muro que dividiría su predio de los conjuntos habitacionales, pero los habitantes se negaron.

El gerente dice que continuará con su proyecto porque cumple con los requisitos y además, según él, ayudará a la comunidad con el servicio de cremación a bajo costo. “Nosotros cobraremos 200 dólares”.

Mientras tanto, los moradores continúan vigilantes de que no entre maquinaria al lugar y de que tampoco saquen el sello de clausura que está en la puerta. Por su parte, Garzón espera que la próxima semana le entreguen el permiso definitivo.