En una operación ejecutada por la Unidad Nacional de la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional, se logró la desarticulación de una supuesta célula del grupo delictivo organizado Los Tiguerones. Esta acción se llevó a cabo en el barrio Huarcay, localizado en el sur de Quito. 

Durante el allanamiento, efectuado aproximadamente a las 22:00 del jueves 9 de enero de 2025, fueron aprehendidas cuatro personas, tres adultos y una menor de edad, y se incautaron armas de fuego y otros objetos presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

(Te invitamos a leer: TC Televisión | Revelaciones del acto terrorista: Los datos nunca antes contados)

La intervención policial se dio luego de que presuntamente los agentes investigadores recibieran información reservada que alertaba sobre la presencia de miembros de este grupo en un inmueble de la avenida Oswaldo Hurtado y una calle que no cuenta con nomenclatura, en el barrio Huarcay, donde se habrían estado almacenando armas destinadas al cometimiento de delitos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Detenidos y evidencias

Los ciudadanos aprehendidos fueron identificados como:

• Génesis Quishpe, de 21 años, sin antecedentes.
• Jostin Mora, de 18 años, sin antecedentes.
• Kevin Alvarado, de 23 años, sin antecedentes.
• Una menor de 17 años, cuya identidad se reserva por razones legales.

(Además: Violento asalto en Quito: El modus operandi empleado para robar fuerte suma de dinero)

Entre los indicios incautados destacan:

• Una pistola.
• Una subametralladora.
• Municiones de calibre 9 milímetros.
• Un vehículo con placas alteradas.
• Teléfonos móviles, radios de vehículos, equipos electrónicos y herramientas.

Todos los indicios fueron ingresados al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes.

El proceso judicial en curso

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, se dictó prisión preventiva contra los tres adultos detenidos por el delito de tenencia y porte ilegal de armas, cuya sanción máxima establecida es de cinco años de privación de libertad, según el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La menor de edad fue puesta a disposición de las autoridades competentes bajo el sistema de justicia juvenil.

Según los investigadores, este operativo se enmarca en el Decreto Ejecutivo Nro. 493, que faculta a la Policía y las Fuerzas Armadas a actuar en nueve provincias del país debido a la grave conmoción interna y el conflicto armado declarado por el Gobierno Nacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!