De los siete concejales ‘salpicados’ por el informe de Contraloría que los implica en casos de nepotismo en el Municipio de Quito, cuatro contestaron a EXTRA.

Una lo hizo para decir que “no iba a dar declaraciones para no meter más fuego a la hoguera”.  Se trata de Soledad Benítez, quien, según el informe, solicitó la contratación de su hijo entre agosto de 2017 y octubre de 2018.

Andrea Hidalgo accedió a dar una entrevista para explicar que cuando José Bermeo fue contratado (2019), no tenía parentesco o relación con él. Ahora es su cuñado. “Yo no he cometido nepotismo”, insistió.

Amparito Narváez insistió en que ella no solicitó ni por escrito ni verbalmente el nombramiento del funcionario. Agregó que él trabajó cuatro meses y renunció por un pedido verbal de ella. Indicó que ha enviado un pedido a la Contraloría para que le certifique los medios por los cuales se le notificó con la convocatoria a la lectura del informe final.

Y, Fernando Morales dijo que no se había enterado que las personas fueron contratadas. "Cuando lo supe pedí que les desvinculen", refirió. 

El edil espetó que el monto que se hace referencia en el examen se refiere puntualmente a tres concejales. "Lo puntual de 150.000 es para tres concejales", respondió.

Los otros implicados son Orlando Núñez, Mónica Sandoval y Heidi Moreno.

El alcalde Santiago Guarderas se pronunció la mañana del 12 de abril en una actividad del Teatro Sucre: “De acuerdo con la ley, todo funcionario público debe hacer una declaración juramentada en la que expresamente debe determinar que no ha incurrido en ningún tipo de nepotismo”. Además dijo que esta práctica está prohibida y que el Cabildo entregará la información necesaria para que se determinen las sanciones correspondientes.

El documento detalla, además, que los responsables de Recursos Humanos de la Alcaldía y de Administraciones Zonales, en sus correspondientes períodos, elaboraron informes técnicos en los que recomendaron las vinculaciones, sin una evaluación previa de las solicitudes de contratación.

En el informe de la Contraloría también se recogen las justificaciones de las concejales sobre el excesivo pago de horas extras. Señaló que los concejales son elegidos por votación popular y en sus atribuciones se incluye legislar y fiscalizar.

ERROR DE INTERPRETACIÓN

El informe también detalla que hubo irregularidades en contrataciones, así como exceso de pagos de horas extras entre 2017 y 2022.

Para contratar a los asesores para tres alcaldes y 132 concejales, no se contó con el sustento técnico, según el documento.

Guarderas, quien también figura allí, dijo que “de lo que me han informado, aquí hay una errónea interpretación de la Contraloría”, pues el examen no estaría basado en la Ley Orgánica del Servicio Público con respecto a las horas extras.