Sábado 11 de julio, 18:00. Los hospitales de Quito “no dan más”. Cientos de contagiados luchan por vivir. Necesitan oxígeno. Las camas de Cuidados Intensivos se han agotado. Los médicos exprimen todas sus fuerzas...

Y en Caupicho, sur de la ciudad, 50 personas cantan, gritan, beben cerveza –o lo que sea–, se emborrachan, se abrazan, bailan. Suena la música por enormes parlantes. Las luces de neón se deslizan por las paredes. Y todo esto en tres habitaciones, cada una de cuatro metros cuadrados.

Entonces... les ‘cae’ un operativo del Municipio y la Intendencia de Policía. Los farreros reaccionan. Algunos intentan huir como roedores. Otros agreden a los funcionarios públicos. Los agentes revisan documentos: hay menores de edad.

La fiesta se acaba. Pero quizá sea demasiado tarde, porque si alguno de ellos tiene COVID-19 hay “altísimas probabilidades” de que todos hayan contraído el virus, que en la capital ha matado a más de 550 personas.

Reuniones clandestinas 

Solo el fin de semana pasado, la Intendencia de Policía registró –e intervino– 35 fiestas clandestinas en Quito. Y son clandestinas porque hay un estado de excepción vigente que restringe el derecho a la libre movilidad cuando empieza el toque de queda, y también el derecho a la libre asociación, explica la intendenta Daniela Valarezo.

Por eso se realizan los operativos para suspender estos eventos, que desde el 18 de marzo hasta el 15 de julio en Pichincha sumaban 140. No son solo farras prohibidas, sino también bebedores en las calles o canchas deportivas. El objetivo: evitar la propagación del virus en esta provincia, cuyo número de infectados hasta el último jueves alcanzó 11.269.

Alejandro Jaramillo, director metropolitano de Seguridad Ciudadana, asegura que la tarde del sábado 11 de este mes, en Caupicho, se identificó a dos adultos, de unos 50 y 60 años, como los organizadores de la ‘farra brava’. Dijeron que se trataba de la celebración de un cumpleaños. Pero se presume que era una especie de matiné en la que cobraban el ingreso.

El semáforo empeoró las cosas

 Desde junio, con el cambio de semáforo a amarillo, estas fiestas han proliferado.Y lo peor no es que las personas solo ingieren bebidas alcohólicas –que hace que se deprima el sistema inmunológico–, sino que no se cumple el distanciamiento físico, el uso adecuado de las mascarillas, y en Caupicho, por ejemplo, no había vasos, dice Jaramillo. Lo que lleva a pensar a los agentes que los fiesteros tomaban la cerveza a ‘pico’.

En la saliva se ha detectado gran cantidad de carga viral, asegura el epidemiólogo y Ph.D. en Salud Pública y Métodos de Investigación, Daniel Simancas.

Dice que independientemente del sistema inmunológico, “estar en cuartos encerrados, con poca ventilación, sacándose las mascarillas para ingerir alcohol es un riesgo altísimo de contagio, incluso si es que ellos no presentan síntomas, pues ya se sabe que el virus en personas asintomáticas o enfermos con síntomas leves puede transmitirse”. Sobre todo ahora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado que en lugares cerrados el COVID-19 puede permanecer varias horas en el ambiente.

Si en una fiesta de 50 personas hay un contagiado, todas podrían verse afectadas, inclusive si están en habitaciones separadas –como en Caupicho–, señala Simancas. “Es una irresponsabilidad tremenda en estos momentos de crisis sanitaria... y lo veremos en unas dos o tres semanas cuando estas personas empiecen a presentar síntomas”, añade el experto.

Se ha demostrado que levantar la voz y cantar –en fiestas, bares– son también métodos de contagio, porque se esparce el virus de una “manera más efectiva”. Además, aires acondicionados o ventiladores ‘riegan’ el coronavirus a todas las personas que están en esos sitios, detalla el epidemiólogo.

Según la tabla de reproducción del virus, con cálculos a escala mundial, por cada persona contagiada alrededor de tres más se infectan. Incluso hay los “supercontagiadores”, que, según Simancas, podrían pasar el virus a 30 o 50 en una reunión.

Y estas, a su vez, transmitirán el mal a tres más (ver en la infografía). Pero no se podría confirmar sin en Caupicho hubo algún caso positivo, porque a los farreros no les realizan pruebas rápidas ni PCR, reconoce el director de Seguridad Ciudadana.

CONTROL A TRAVÉS DE CHATS

El Municipio y la Policía luchan para frenar estas “fiestas clandestinas”. Por eso, explica Jaramillo, los operativos se hacen de lunes a domingo. Y también se han creado chats comunitarios –policías, vecinos, Municipio– usados para denunciar eventos prohibidos o bebedores en las calles.

Además, un equipo de investigación de la Agencia de Control se encarga de detectar las ‘invitaciones’ a estas fiestas a través de las redes sociales.

No solo ocurre en el Distrito Metropolitano de Quito, donde se han identificado barrios en los que son recurrentes las fiestas (ver en la infografía).

La intendenta Valarezo apunta también a cantones como Cayambe, Tabacundo, Sangolquí, Mejía, donde, en menor cantidad por el número de habitantes, sí se han reportado casos similares. Y no cesan. Las autoridades parecen haber identificado el problema.

Jaramillo cuenta que las multas van desde 100 dólares por no usar mascarilla hasta 200 por beber en espacios públicos. Y en el caso de Caupicho, la apertura de un expediente administrativo a los organizadores, pues ni siquiera se había infringido el toque de queda. Eran a las 18:00. Y en la capital la medida empieza desde las 21:00.

La sanción por irrespetar el toque de queda es de 100 dólares la primera vez. La segunda, 400. Y recién la tercera es el arresto. Pero la intendenta indica que se ha sugerido al COE nacional tener “facultades más fuertes de sanción”.

“Nosotros no podemos detener a los ciudadanos cuando incumplen el decreto de estado de excepción, porque tendríamos que detener a todos los quiteños que lo hacen”.

Y si bien el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que por incumplimiento de una orden legítima, en este caso el decreto, se puede detener a los ciudadanos, se pondría en riesgo también a otras personas que están retenidas en las Unidades de Flagrancia, porque hasta que se inicie el proceso, los aprehendidos estarían amontonados en un cuarto. “Y lo que sucede es que ayudamos a que se siga propagando el virus”.

El COE Nacional ha recibido el exhorto del Consejo Metropolitano y uno de los pedidos es el decreto de Ley Seca, pero este ha sido negado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegura que si prohíbe la venta de licor lo único que se conseguirá es tener un mercado ilegal.

Ahora, la salud de Quito depende de la conciencia de los farreros y de los resultados de todas las fiestas que ya se vivieron. No serán buenos.