“No saben el infierno que pasé por traer agua a Durán (...) Se unieron muchísimos. Esos atrasa-pueblo. Esos que nunca tomaron la decisión de empezar esta gran obra. Los medios de comunicación en contra de nosotros, pero estamos en pie...”. Esas fueron parte de las declaraciones del discurso de Alexandra Arce, exalcaldesa de dicho cantón (asambleísta electa y representante del correísmo), quien el 17 de octubre de 2018 culpaba entre lágrimas a todo el mundo, por el fracaso en su intento de proveer del líquido vital a los duraneños.

En 2020, la Contraloría General del Estado responsabilizó a la administración de Arce. Lo hizo en el examen especial de los contratos relacionados con el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán, de ampliación de cobertura del servicio en varios sectores y de fiscalización.

Dalton Narváez llegó por segunda vez a la alcaldía duraneña (unos meses después de ese discurso) y lo hizo luego de que Arce haya firmado los contratos de la construcción del sistema de agua potable en el cantón. La hazaña memorable dentro de la historia municipal de Durán, la cual culminó en decepción. Primero, por las fallas registradas en la obra y hoy por conocerse el despilfarro y ninguna solución del problema.

Carito el ‘chiste’

Christian Mendoza, director de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Durán (Emapad), resume el caos. El cantón tiene hoy estaciones de bombeo no operativas, un acueducto que ha tenido serios problemas por explosiones o daños mayores, 18 en total, cuyas reparaciones cuestan de 40 a 80 mil dólares cada una. Son tan frecuentes que al menos se hacen cada tres meses.

El 30 de marzo de este año, el Municipio de Durán decidió terminar, de manera unitaleral, los contratos con Ecuatoriana de Servicios Inmobiliaria y Construcción (Eseico S.A.), cuyo presidente ejecutivo, Ramiro Galarza Andrade, fuera vinculado por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016.

Eseico está obligado a pagar $ 15,7 millones por concepto de multa por desfase contractual y $ 2,6 por los trabajos incompletos, entre estos $ 600 mil por dos pozos y $ 150 mil por las reparaciones que han debido ejecutarse.

Contraloría desglosa contratos y acuerdos complementarios. Eso y otros rubros detectados por un examen interno de Emapad suman $ 31 millones. La entidad analiza, entre otros temas, el manejo del Portal de Compras, la forma de adjudicación de la oferta, los estudios de la obra y las prórrogas cedidas. Arce reprueba en todo.

Mendoza reconoce que el proyecto fue vendido como solución definitiva a los problemas de abastecimiento de agua, pero la realidad es que más del 60 % del cantón no posee conexión de agua potable, y de alrededor del 40 % que tiene, el 70 % de esa cifra sufre discontinuidad de servicio.

Cero transparencia

Contraloría indica que los contratos principales no se hallaron en el Portal de Compras ni archivos, ni garantías, ni planillas, ni contratos complementarios ni disponibilidad presupuestaria. Tampoco había actas de recepción y entrega ni notificación de cierre del proceso.

En 2019, cuando se abrió el examen de Contraloría, se subieron, por lo cual se incumplió con las normas de transparencia.

La oferta fue adjudicada con precios unitarios inconsistentes, que llegan a triplicar en valor el presupuesto referencial, con pagos que exceden el medio millón de dólares. Y los estudios estaban desactualizados e incompletos.