Por al menos 10 meses la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción investigó una presunta red delictiva dedicada a los presuntos delitos de concusión, cohecho, tráfico de influencias, bajo la modalidad de oferta.

Los resultados se dieron la madrugada de este martes 14 de noviembre. La Fiscalía y la Policía hicieron 31 allanamientos en inmuebles y oficinas en Cotopaxi y Pichincha que permitieron la detención de cinco personas entre las que se encuentra la directora del Consejo de la Judicatura en Cotopaxi.

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Hugo Arroyo, comandante de Policía en la provincia, informó que la presunta organización delictiva estaría conformada por funcionarios de diferentes entidades públicas como la Judicatura y las fiscalías de Pichincha y Cotopaxi, en esta última provincia las acciones se dieron en los cantones de: Latacunga, Salcedo, Saquisilí, La Maná y Pujilí. En sus redes sociales la Fiscalía informó que las acciones se cumplieron en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias informó ese organismo en sus redes sociales.

Ese ente destacó que en el operativo se levantaron indicios, como dinero, dispositivos electrónicos y armas. La investigación inició tras una denuncia presentada en la Dirección de Transparencia de la Fiscalía.

Los allanamientos iniciaron en la madrugada en las oficinas de la Judicatura de Latacunga-Pujilí, Prefectura de Cotopaxi, Fiscalía de Saquisilí y Salcedo, Centro de Atención Ciudadana y Patronato Provincial, así como en los domicilios de los servidores públicos en diferentes sectores de estas provincias.

De los aprehendidos con fines investigativos tres son funcionarios de la Judicatura, uno de la Fiscalía de Saquisilí y el quinto es docente de una unidad educativa en Pujilí. Para dar con la presunta agrupación se aplicaron técnicas especializadas de investigación (seguimientos, vigilancias tomas fotografías, filmaciones e interceptación telefónicas).

Según la información, los uniformados evidenciaron que funcionarios públicos, valiéndose de su posición como secretarios, fiscales y empleados de la Judicatura y Fiscalía, y apoyados por ciertos jueces, concejales, alcaldes y otros, direccionaban procesos judiciales para lograr sentencias favorables o sus archivos.

Una vez finalizado el operativo la Policía Nacional decomisó 6.800 dólares, dos armas de fuego, cajas de expedientes judiciales, letras de cambio, terminales móviles, computadores de escritorio, prendas vinculadas a la investigación, pendrives, voucher de depósitos por diferentes valores, hojas de vida de funcionarios y libretas de anotaciones vinculantes.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, puntualizó que no permitirá que manchen su gestión. Y como una muestra de transparencia presentó la denuncia en la Fiscalía por la presunta venta de puestos que se habría registrado en la entidad por parte de un funcionario. Anunció que acudirá a esta institución para conocer mas detalles del allanamiento en la Prefectura y el Patronato provincial de Amparo Social.

Edison Yánez, presidente de la Conagopare en la provincia, manifestó que apoya este tipo de intervenciones en las entidades públicas porque es la única manera de que se realice una administración transparente. Ofreció que esperrá una respuesta para saber las razones del allanamiento a la Prefectura.

Por su parte Arturo Ugsha, asambleísta de Cotopaxi y exdirector de la Judicatura mencionó que por casos como estos los ciudadanos no creen en la justicia y es necesario llegar a la verdad. Dijo que desde la Asamblea fiscalizará este tema para conocer los resultados.

En un comunicado el Consejo de la Judicatura informó que en la sesión del pleno se tratarán los hechos registrados con la funcionaria involucrada y tomaran las medidas del caso.

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