La lupa recaerá en el caso más urgente. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado, a través del sistema investigativo de la Policía Nacional, es la entidad encargada de realizar y dirigir la investigación preprocesal y procesal penal “para procurar el acceso a la justicia” a las víctimas de un delito.

Sin embargo, esta última premisa es mermada por la ola de violencia que no solo cobra vidas, sino que también ha elevado el número de delitos a investigar, dejando, en más de una ocasión, los casos “no tan urgentes” relegados.

Muestra de ello, la reunión pendiente entre la Fiscalía y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) que, luego del asesinato a tiros del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto, fue cancelada sin nueva fecha. ¿La razón? Según Lidia Rueda, presidenta de la Asociación, la fiscal con la que se reunirían -para tratar los casos de desaparición forzada que aún no han sido resueltos- refirió que “una parte del equipo de agentes de la Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas (Dinased) fue llamado a sumarse a las investigaciones en el caso Villavicencio.

Esto, a criterio de Rueda, dejó entrever una deficiencia de personal operativo que preocupa a los familiares de las personas que han sido reportadas como desaparecidas. “Porque pese a que hemos luchado tanto por tener una dirección de investigadores y fiscales destinados solo a estos casos, cada vez que hay un hecho violento de gran conmoción, todo queda en pausa porque Dinased tiene que sumarse”.

No obstante, según el coronel Julio Camacho, subdirector de la Policía Judicial, no existe tal déficit en las unidades investigativas, al menos no en la que dirige, y que cuenta con tres mil agentes en todo el país.

Justificó que “solo se ha duplicado el trabajo por la crisis de violencia” en el país.

Ese criterio que se contrapone al de Pablo, un agente investigador que refirió a EXTRA que, al menos en la Unidad Antisecuestro, los casos que reciben a diario desde Fiscalía sobrepasan el número de agentes operativos. Un escenario que los ha llevado, en ocasiones, a poner en “una balanza” los casos y priorizar los más urgentes. Asegura que todos son importantes, pero no pueden resolver todos a la vez.

“Tenemos que empezar por los más graves, en los que la vida de alguien está en riesgo. Para luego ocuparnos de los otros. Por ejemplo, solo hoy (12 de septiembre) tenemos cinco casos nuevos de secuestros, aparte de los que ya estábamos investigando”.

A este trabajo se suma, según el agente, las investigaciones y pericias que deben realizar por “los cientos de casos de extorsión que llegan hasta la unidad”. Señala que, pese al esfuerzo, es necesario que se integre más personal al sistema de investigación porque “tenemos hora de llegada, pero no de salida”.

Impunidad y colapso

Ese desbordamiento también afecta a la Fiscalía, al punto de que los casos se “orillen por los caminos de la impunidad”, dice César Peña, fiscal en la Unidad de Denuncia contra Autores, Cómplices y Encubridores.

“A la fecha recibimos entre 800 a 1.000 denuncias semanales, solo en mi oficina, que es una de las dos que hay en Guayaquil. Todos estos casos se recaban y se ejerce una investigación en torno a delitos de extorsión, de robos, abuso de confianza, entre otros. Se hace lo humanamente posible, pero estamos colapsados”.

Los ciudadanos exigen celeridad en los procesos, pero ante el desenfreno de casos, no se logra concluir o dar el seguimiento necesario, indica Peña y enfatiza que las unidades de la Fiscalía “necesitan más personal y equipos”.

EXTRA solicitó una entrevista a la Fiscalía General para conocer su posición ante esta situación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Pocos agente para tantos casos

Según datos de la Policía, el sistema de Investigación del país está conformado por 7.750 agentes, que han sido distribuidos en seis direcciones a escala nacional. Sin embargo, se desconoce cuántos conforman cada una de estas áreas porque, a decir de la institución, es información de carácter reservado.

Esta cifra es deficiente si se compara con los 166.478 casos de tipo penal que se encuentran en etapa de investigación previa, desde enero de 2022 y lo que va de 2023, según datos que remitió la Fiscalía a EXTRA. Lista que solo enmarca seis delitos de carácter penal, como desaparición forzada (30), extorsión (17.645), homicidio (2.093), robo (145. 013), secuestro (1.594) y sicariato (103).

Con este panorama, a criterio del abogado penalista Kléber Siguencia, corre el riesgo de traducirse en impunidad. “Los casos que ya llevan algunos meses en trámite, normalmente pudiese durar un año, pero resulta que se demoran dos años o un poco más. Hasta eso corre el tiempo de la prescripción”.

Es lo que teme Mercedes, de 35 años, quien tras el robo de su vehículo denunció el hecho. Días después, vio su vehículo en una gasolinera del norte de Guayaquil. Detalla que “un tipo le estaba cargando gasolina. Era mi carro, no me quise acercar por miedo, pero llamé a la Policía. No llegaron nunca. Cómo puedo creer yo que realmente están buscando mi carro, si se pasean a plena luz del día sin placas y nadie sabe nada”.

“El caso estuvo a punto de caerse”

En otros casos, el peso mediático y las disposiciones presidenciales han llevado a que estos avancen. Sin concretarse del todo, pero al menos han sentenciado a algunos de los que cometieron el delito. Es el caso de Jaime Villagómez, quien fue asesinado a tiros el 6 de mayo pasado en un restaurante del Buijo Histórico, en Samborondón.

Su padre, Jaime Villagómez Barreiro, explica que si bien el equipo de investigadores de la Policía halló a uno de los involucrados en el ataque a su hijo, han existido muchas trabas en el camino. “El caso estuvo a punto de cerrarse a pocos días de que culmine la instrucción fiscal, pero ahí estuvimos presionando. Este caso se ha movido gracias a la prensa, a entrevistas como estas”.

Villagómez reclama que, pese a la presión mediática y política, por parte del presidente, las investigaciones aún no concluyen como deberían: en justicia total: “de aproximadamente seis personas que participaron en esta escena, solo tenemos dos detenidos. Porque no solo fue el sicario y un organizador, participaron otros más. Nos falta el intelectual. Ya queremos cerrar este capítulo”.

Según Renato Rivera, presidente del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, una forma de medir si el trabajo de Fiscalía y el subsistema investigativo es eficiente, o está siendo mermado por la ola de criminalidad, es analizar cuántas de las investigaciones que reciben los agentes terminan en sentencia condenatoria.

Asegura, según un análisis realizado por el Observatorio, que “solo por el delito de lavado de activos se identificó que las condenas por el delito han bajado. Entre 2020 a 2022 identificamos apenas dos sentencias por ese delito, y es porque solo se investiga el 20 % de los casos”, detalla Rivera, quien añade que “el problema radica en cómo la Fiscalía lidera estos procesos porque son ellos los que archivan o mantienen las investigaciones, no la Policía Nacional”.

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