Uno de los cinco policías detenidos la mañana del sábado 26 de abril en las instalaciones de la Policía Judicial, ubicadas en la avenida Rodrigo Bonín, fue sometido a dos audiencias: una por tráfico de drogas a gran escala y otra por secuestro extorsivo. Así lo informó la abogada Carolina Ruiz, funcionaria de la Fiscalía Provincial del Guayas.

(Te invitamos a leer: Lo que encontraron en los baños del palacio del Municipio de Guayaquil)

Los otros cuatro uniformados fueron procesados únicamente por secuestro extorsivo. Sin embargo, dos de ellos recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, al presentar certificados médicos que acreditan que tienen familiares con enfermedades catastróficas.

Eran seis los policías involucrados

De acuerdo con la abogada Ruiz, el hecho ocurrió el viernes 25 de abril, cuando un comerciante informal de aparatos tecnológicos fue interceptado en la calle Gómez Rendón, en el sur de Guayaquil. El hombre iba acompañado de otra persona cuando fue detenido por seis policías que se movilizaban en una camioneta oficial, de color concho de vino.

“Fue trasladado a la Policía Judicial, donde lo retuvieron ilegalmente y le exigieron a su esposa 4.000 dólares. Lo amenazaron con colocarle droga y un arma en su vehículo si no realizaba la transferencia. Aún falta por identificar a uno de los policías implicados. Abusaron del uniforme”, explicó la abogada.

La víctima logró comunicarse con su abogado mientras estaba retenido. El jurista, al escuchar lo que ocurría, se contactó de inmediato con una unidad especializada de la Policía Nacional. Esa intervención permitió respaldar la denuncia y actuar contra los uniformados implicados.

“La víctima identificó a cinco de los seis policías. Uno enfrenta doble proceso, mientras que otro aún no ha sido identificado”, detalló Ruiz.

Las condenas por los delitos

El vehículo del comerciante permanece bajo cadena de custodia como parte de la evidencia. Su liberación deberá ser solicitada por la defensa.

En caso de ser hallados culpables, el policía procesado por ambos delitos podría enfrentar hasta 34 años de prisión: entre 19 y 22 años por tráfico de drogas a gran escala (artículo 220 del COIP) y entre 13 y 16 años por secuestro extorsivo (artículo 162). Para los otros cuatro, la pena podría alcanzar los 16 años.

“Este no es un tema interno. Se trata de delitos graves cometidos por funcionarios armados. Fiscalía podría solicitar condenas ejemplares para todos los involucrados”, advirtió la funcionaria.

El pasado 22 de abril, un ciudadano denunció que fue interceptado por seis policías, quienes lo sometieron bajo amenazas, le arrebataron 14.000 dólares y le advirtieron que no debía presentar ninguna denuncia.

Para contenido exclusivo: SUSCRÍBETE AQUÍ