Un rumor anunció la tragedia. Desde la tarde del lunes 31 de octubre comenzaron a circular mensajes y audios por redes sociales en los que advertían que se iba a desatar una nueva masacre en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil.

Sin embargo, horas después la desgracia tomó fuerza y fue en las calles de la ciudad donde estallaron una serie de hechos violentos que dejaron policías heridos y fallecidos, además de daños estructurales en varias unidades policiales, las cuales fueron atacadas a balas y otras con explosivos.

“Este comunicado no es con el fin de atemorizar a la justicia, ni al pueblo ecuatoriano, si ustedes llegan a tocar a nuestra gente que se encuentra en los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral, sepan que vamos a usar todo nuestro poder logístico, armamento bélico, todas nuestras armas... Si mueven a nuestra gente decretamos tres días de paro armado”, cita parte de los panfletos arrojados afuera de un canal de televisión del Puerto Principal.

Dos horas antes de la aparición de esta hoja firmada presuntamente por miembros de las organizaciones criminales Los Lobos y Los Tiguerones ya la delincuencia se había tomado las calles del norte, suroeste y del noroeste de la urbe.

Las primeras víctimas mortales de la guerra delictiva desatada desde la 01:00 de ayer fueron el cabo segundo Félix Eduardo Contreras Montoya y el policía Rommel Estalyn Chunata Martínez. Ellos prestaban sus servicios en una Unidad de Policía Comunitaria ubicada en las calles 18 y Brasil y se encontraban dentro del patrullero cuando fueron atacados por delincuentes.

Chunata, quien tenía cinco meses en la institución, logró bajarse del vehículo policial y avanzar varios metros, mas los criminales lo siguieron hasta matarlo, su cuerpo quedó junto a la vereda. Mientras que el cadáver de su compañero, quien tenía 9 años y dos meses como policía, quedó dentro del patrullero.

Posterior a este hecho violento, otras unidades policiales y la Terminal de Transporte Municipal localizadas en el distrito Nueva Prosperina y en Pascuales también fueron atacadas por hampones. Durante la mañana, en el kilómetro 16.5, diagonal a la Penitenciaría del Litoral, también dejaron abandonado un carro, en cuyo interior se halló un artefacto explosivo. La acción de policías especializados evitó que estalle.

Continuó la matanza

Los atentados en contra de los uniformados no cesaron. A las 14:00 se reportó el ataque a una UPC ubicada en las calles 14 y Pedro Pablo Gómez, como resultado de este hecho fueron baleados los sargentos Hugo Dávila Neira y Orlando Tapia Yánez. Además, otra uniformada resultó herida.

Minutos después la muerte del sargento Dávila.

En los vídeos de seguridad que registraron el hecho se observa cuando dos sujetos descienden de un carro sin placa, se acercan hasta las puertas de la UPC y desde el exterior disparan a los uniformados.

Casi a la misma hora, en el sector María Piedad, del cantón Durán, también se registró un atentado en contra de dos policías que iban a bordo de un patrullero. Los afectados son el sargento Jimmy Sarango Agreda y el cabo Mario Alberto Iza. Ambos fallecieron.

De acuerdo a información proporcionada a este Diario, varias personas que habrían participado en el atentado en contra de los policías de Durán fueron aprehendidas, entre ellos el hombre que habría utilizado un fusil para acabar con la vida de los agentes.

Drama y llanto en la ‘Peni’

Mientras las calles de la ciudad eran el ‘blanco’ de la delincuencia y los policías las principales víctimas, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores realizó el traslado 200 personas privadas de la libertad (PPL) que pagaban sus penas en la Penitenciaría del Litoral. Los reclusos fueron llevados hasta otros centros penitenciarios.

Familiares de los PPL de esta penitenciaría solicitaban que no haya traslados arbitrarios y protagonizaron escenas dramáticas y de dolor afuera del complejo carcelario.

Francisca Bermúdez, madre de uno de los privados de libertad que se encuentra en el pabellón 9 de la ‘Peni’, llorando, sostenía un pedazo de cartulina blanca donde minutos antes la progenitora de otro reo había escrito ‘Justicia para todos, no al traslado. Basta de injusticia”. “Mi hijo fue detenido por robo, está sentenciado y ya le faltan dos años para salir, por qué nos hacen esto. Señor presidente, haga algo, ya basta de tanta muerte”, suplicó.

Junto a ella estaban las madres de otros dos internos, Cecilia Andrade y Blanca Bailón. Ambas alzaban sus manos al cielo y pedían por la paz dentro y fuera de la cárcel. “Hasta cuándo, Señor, paren esto”, repetían.

La aflicción de estas mujeres también la vivió la madre de otro recluso, quien desde los exteriores de la cárcel observaba el traslado de los privados de libertad. De rodillas, en medio de la vía y a viva voz, gritó: “Padre nuestro, cuídame a mi hijo, no permitas que me lo maten”.