A veces sí, a veces no. El Municipio de Guayaquil, a través de sus agentes metropolitanos, realizó el desalojo de una comerciante informal, la tarde del 25 de septiembre, que había ubicado su negocio, de venta de pasteles y jugos, en los exteriores de una unidad educativa ubicada en Los Ceibos, al norte de la urbe. Horas más tarde, las ciudadanía hizo eco de este hecho en redes sociales, juzgando el actuar de las autoridades. Otros, aplaudiendo la acción, pues calificaban la intervención para mantener el orden en la ciudad.

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En redes sociales se publicaron criterios como el de Soledad Angus, quien mencionó que la comerciante informal desalojada se llama Dayana, y es madre de dos niñas pequeñas y necesita trabajar. Con lo que justificó que se le permita trabajar en a vía pública, porque "a esta ciudad la está consumiendo la pobreza y la violencia".

Un criterio con el que se contrapuso Maggie, al referir que si se le permitía a Dayana vender alimentos en la vía pública, se le tenía que permitir a todos los comerciantes. Algo que causaría desorden: "Hay lugares designados para vender, y si no que alguien le preste un espacio dentro de una propiedad. Si se le permite a un comerciante, se le debe permitir a todos. Hay que tener orden".

Razón o no, la ordenanza que norma la instalación de kioscos, carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos de la ciudad, aprobada en 2004 por el Concejo Cantonal de Guayaquil, es clara en su artículo 34: "se prohíbe estacionar carretillas en áreas de regeneración urbana, entorno a los mercados municipales, señales de tránsito, próximas a las rutas destinadas a la circulación o estacionamiento del sistema de Metrovía, frente a edificios o locales de emergencia, de alto riesgo y otros que según informe técnico justifique la Dirección Uso del Espacio y Vía Pública".

Una normativa, que al final del día, según el historiador Javier Castillo, se debe acatar a lo largo y ancho de la urbe, porque asegura que el desalojo de Dayana, en el sector Los Ceibos, no se trata de un tema clasista o político, "como lo han interpretado".

Sostiene que "si bien toda persona tiene derecho al trabajo, también es cierto que existen ordenanzas municipales acerca de dónde y qué espacios no son permitidos para la venta informal. Considero que acá esto lo han visto desde el punto clasista y con el tan berreado y masticado punto de la desigualdad y los derechos al trabajo. Todos y entiéndase TODOS, tenemos que ceñirnos a ordenanzas y leyes. Pero no por mi derecho al trabajo, simplemente me voy a ubicar donde sea".

Añade que el Municipio de Guayaquil tiene la ardua tarea en crear o destinar zonas donde puedan ubicarse los vendedores. "Tampoco nos podemos poner maternales permitiendo que todo mundo rompa las reglas, porque a la larga sería la ciudad la perjudicada con caos y desorden".

EXTRA solicitó una versión oficial al Municipio de Guayaquil sobre el controversial desalojo, pero hasta el cierre de esta artículo no hubo respuesta.

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