Cinco niños juegan en la sala de su casa, en el estado de Florida, sur de Estados Unidos. Son hermanos. Se llevan muy bien entre sí, casi no pelean. Demuestran tal cariño mutuo que no pareciera que cuatro de ellos apenas llevan 14 meses siendo parte de la familia.

El cuarteto está compuesto por tres varones y una niña. Son ñaños biológicos. La chiquilla tiene 9 años y los otros 7, 8 y 10. Los cuatro fueron adoptados por Aurora y su esposo, quienes están radicados en la ‘Yoni’. Ellos ya tenían un hijo biológico en común, de 9 años.

Esta es una familia de múltiples nacionalidades. Ella es chilena; su cónyuge y su primer hijo son estadounidenses. A ellos se sumaron, desde agosto del año pasado, los cuatro infantes, quienes, en cambio, son ecuatorianos.

Para que esta familia pase de tres a siete integrantes fue necesario un proceso legal de 18 meses. Tiempo que los progenitores consideran largo, pero a fin de cuentas aseguran que fue necesario para garantizar que a los menores de edad les asignen los padres idóneos.

Pamela y Susana (este último es un nombre protegido), quienes también pasaron por el mismo trámite, tienen una opinión parecida. Para la primera de ellas, el proceso tardó 14 meses desde que se postuló para la adopción hasta que le entregaron a su hijo. La segunda, en cambio, esperó dos años a que le otorguen a algún niño, pero como esto no ocurrió, decidió no seguir.

Historias como estas parecen haber calado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), institución pública a cargo de las adopciones en el país. El 16 de enero de este año, sus directivos entregaron a la Asamblea Nacional un conjunto de aportes al Proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que proponen “reducir el tiempo del proceso judicial y administrativo a un año, como máximo”.

La normativa, que plantea una actualización al actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), vigente desde 2003, superó el primer debate en el Legislativo el 24 de junio.

Encarnación Duchi, presidenta de la comisión ocasional que trata temas de niñez y adolescencia en la Asamblea, informó a EXTRA que tienen previsto aprobar hasta finales de noviembre el informe para el segundo debate, que tienen planeado efectuar este mismo año.

Para dicho informe vienen recibiendo aportes ciudadanos, de oenegés vinculadas al tema y de especialistas. Dentro del proyecto, el capítulo de las adopciones se incluye en el libro II, que también trata otras temáticas. El cuerpo legal en trámite tiene 672 artículos.

Según información proporcionada por el MIES a este Diario, hasta septiembre de 2020, 284 niñas, niños y adolescentes cuentan con la declaratoria de adoptabilidad concedida a escala nacional. Mientras que entre enero y septiembre de 2020, en el país se han realizado 45 adopciones; en tanto, en 2019 hubo en total 110 procesos de este tipo.

La adopción se da en casos de infantes y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados y que no cuentan con una familia que los proteja. Todo lo que regula el CONA respecto a la vulneración de derechos y los medios y tiempos para restituirlos, incide en que los procesos de adopción puedan darse en el momento oportuno para quienes lo requieren, explica Indira Urgilés, directora nacional de Adopciones del MIES.

“El concepto de que la adopción es la última opción muchas veces ha hecho que se espere demasiado tiempo hasta declarar que un niño es adoptable, lo cual consideramos que se puede mejorar”, dice Urgilés.

DE ECUADOR A ‘GRINGOLANDIA’

Aurora y su esposo tuvieron que venir desde EE. UU. a Quito a vivir por algo más de dos meses, para culminar la etapa de adopción de cuatro de sus cinco hijos. Ni bien llegaron, los entrevistaron para completar la información que tenían de ellos.

Después conocieron a los chicos y los visitaron durante una semana en la casa hogar donde estaban. Incluso salieron de paseo con los niños por la capital de la República, acompañados de un trabajador social.

Esperaron cuatro semanas para ser atendidos con su solicitud en el sistema judicial y en un lapso de 21 días estuvo lista la resolución legal que los declaró oficialmente como padres de sus nuevos amores.

Posteriormente tramitaron las cédulas y pasaportes para que los niños puedan salir del país. También tuvieron que realizarse exámenes médicos y aplicarse vacunas antes de viajar.

“Fue bueno que hayan pasado un tiempo fuera del hogar de acogida con nosotros. Ellos nunca habían ido a un zoológico, por ejemplo. Pudieron hacer muchas cosas por primera vez antes de mudarse del país”, cuenta el esposo de Aurora.

“Creo que llevábamos hablando con ellos 10 minutos y empezaron a decirnos ‘papá’ y ‘mamá’. Fue como muy rápido y desde ahí nunca más dejaron de hacerlo”, añade ella.

¿DÓNDE ESTÁ LA ‘LLAGA’?

Pamela comenta que no tenía ningún apuro con el proceso de adopción. Ella inició el trámite en mayo de 2014 y logró finalizarlo en julio de 2015.

“Mi hijo tenía un año y un mes de nacido cuando lo conocí (...). Sabe que es adoptado, vemos sus fotos y le voy contando su historia. Hemos conversado libremente del tema, le explico que hay muchas formas de familias. Ahora tiene 6 años y aún no hace muchas preguntas. Yo respeto sus tiempos y aprendemos juntos”, cuenta.

A su criterio, es necesario agilitar el tiempo en el que un niño obtiene la declaratoria de adoptabilidad. Dicho estado legal se otorga en un juicio, previo a certificar que sus padres o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad no pueden hacerse cargo de ellos.

Diana Ocampo, directora del hogar Inés Chambers, ubicado al sur de Guayaquil, coincide con Pamela. Explica su postura desde su experiencia laboral en la institución, pues han tenido juicios que tardan hasta cuatro años. Un caso en particular es el de un niño en abandono, cuyo juicio se ha aplazado tres veces.

“Se demostró que la madre del niño no ha venido en tres años a la institución, pero el juez pide que se la busque nuevamente”, relata. Según el artículo 289 del CONA, para las investigaciones encaminadas a ubicar a los parientes, el juez concederá un plazo no menor a 60 días ni mayor a 120.

Ocampo asegura que cuando el proceso judicial tarda, muchas familias lo abandonan. De los 41 niños que se encuentran en el hogar que dirige, seis están esperando que se les designe una familia (uno de ellos está en la expectativa desde hace seis años) y 12 están en el proceso de obtener la declaratoria de adoptabilidad.

Hace 14 años, tras ocho abortos involuntarios y fallidos tratamientos para quedar embarazada, Susana y su esposo intentaron adoptar en Ecuador. Él vivía en EE. UU., pero estaba dispuesto a viajar y hacer los trámites.

“Me pidieron varios documentos, pero me pusieron ‘peros’ por el hecho de que mi esposo vivía allá y eso me decepcionó. Yo les decía que él podía venir. La idea era que a mí me saliera la residencia y luego irnos con el niño al exterior”, explica apenada.

Tras 24 meses sin una respuesta positiva, la mujer ‘tiró la toalla’. Luego conoció a una chica embarazada en la Sierra, de condiciones económicas adversas como para mantener al chiquillo, y acordaron la entrega del bebé una vez que naciera a cambio de dinero.

El día del parto, la madre se arrepintió y ya no hubo trato. A pesar de ello, Susana suele visitar a ella y al niño.