Por las ‘vueltas’ adversas de la vida, Kathy (nombre protegido) se convirtió en una segunda madre para sus dos sobrinas, de 6 y 15 años de edad. La fémina se hizo cargo de ellas tras el presunto femicidio de su hermana menor y madre de las niñas el pasado 11 de julio. Y bien podría ser el ejemplo encarnado de la famosa frase citada en una salsa de Rubén Blades... a pesar de los problemas, ¡familia es familia!

Ese día la ñaña de Kathy fue hallada sin vida en la casa donde vivía desde este 2020, en el cantón Caluma, provincia de Bolívar, tras residir por años en su natal Guayaquil. Al principio pensaban que la difunta se habría suicidado, pero la autopsia practicada al cadáver reveló que la muerte fue por una asfixia mecánica por estrangulación.

El conviviente de la occisa y padre de la menor de las niñas permanece detenido para investigaciones y próximamente se le realizará la audiencia de juzgamiento en una fecha por definir.

Historias como esta son frecuentes en el país y tienen un elemento en común: con una madre fallecida y con un padre preso, los hijos prácticamente son condenados a la orfandad. Una trágica realidad que también les hereda el rol de la paternidad a parientes cercanos a los chicos, como le pasó a Kathy.

En el hogar de la amorosa dama todo cambió. Pasó de tener dos hijos (de 15 y 11 años) a tener cuatro, aunque dos le digan tía y no mamá. Ya no duerme sola, sino acompañada con la pequeña de 6, que se ha vuelto tan cariñosa y afectiva con ella.

SUPERARLO TODO, UN GRAN RETO

Al escuchar a Kathy queda claro que su paciencia y ternura se multiplicaron. Se debe a dos personas a quienes debe ayudar en la recuperación emocional por la pérdida de su allegada, mientras ella también busca recomponerse anímicamente.

“La menor, cuando vino de Caluma, estaba con un carácter rebelde. Entró en pánico con los policías y las ambulancias. Lloraba y gritaba apenas escuchaba sirenas de emergencias. Se escondía debajo de la cama”, recuerda la valiente tía.

Por el impacto del deceso de su progenitora, incluso la niña comía muy poco. Por eso empezó a ser tratada por una psicóloga, como habitualmente dispone el Estado con los chiquillos afectados por este tipo de fatalidades repentinas.

Ese es el primer paso de intervención ante los niños perjudicados por femicidios, dice Mari Lima, directora zonal de la Secretaría de Derechos Humanos, entidad pública que interviene en estos casos, con la participación de 45 servicios de protección integral a escala nacional.

Los equipos de este nivel, generalmente, están formados por una trabajadora social, un psicólogo y un abogado. “Levantamos la información de cada caso y conocemos el entorno social en donde se desenvolvía la víctima, su estructura familiar y sus necesidades”, refiere.

Las orientadoras ayudan a asimilar el duelo, no solo a los infantes, sino también a los familiares adultos de la fallecida. Luego se preocupan por la custodia de los menores, que generalmente se otorga a la abuela materna. También se efectúa un seguimiento al proceso judicial iniciado para esclarecer el femicidio.

Lima comenta que, además, se entrega un bono económico a cada menor afectado hasta que cumpla 18 años, pero para ello el agresor debe estar sentenciado. “Por eso es importante que el proceso sea ágil, para que la familia que tiene a los niños acceda al bono”, recalca.

Además, si se trata de personas de escasos recursos, por una única vez se les entrega un bono de contingencia apenas ocurre el hecho. El protocolo de atención también incluye consultas médicas y visitas a los hogares a los cuales se integran los pequeños con esta problemática.

APOYO DEBE SER A LARGO PLAZO

Para la psicóloga clínica Annabelle Arévalo, gestora de servicios integrales de atención a la violencia de género del Cepam (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer), estas políticas públicas tienen una “visión muy corta” y están enfocadas en cosas puntuales.

“Si no se atienden estos temas de manera integral, estos niños huérfanos van a crecer con un resentimiento social. Entonces vamos a tener a los delincuentes del mañana”, asegura.

Una situación singular que evidencia esta realidad ocurrió recientemente con un niño de 8 años, quien deseaba crecer para vengarse de su padre por asesinar a su mamá. Asimismo el menor, tras perder a su progenitora, está bajo el cuidado de sus parientes maternos.

Para sus allegados el hacerse cargo de él fue una experiencia nueva, como también le pasó a Kathy, quien hace tiempo había dejado de lidiar con niños pequeños, como su ‘sobri’ de 6. “Aunque uno los quiera, jamás reemplazará a sus padres”, dice.

Por eso Arévalo dice que el acompañamiento debe ser continuo y debe integrar a las familias acogientes, pues no todas están listas para recibir a los chicos.

Agrega que también es necesaria la prevención de estos episodios violentos desde la educación, al incluir en el pénsum académico temas como la igualdad de género.

La psicóloga sugiere que en Ecuador se debe analizar políticas en esta materia de otros países para ver si pueden aplicarse aquí y atender mejor a los menores.

Por ejemplo, en Argentina existe la denominada Ley de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes, o mejor conocida como Ley Brisa (en honor a una niña con ese nombre y quien perdió a su mamá), la cual dispone el pago mensual de una reparación económica equivalente a una jubilación mínima, para las personas menores de 21 años que son hijos de algún progenitor que murió por violencia de género o por violencia dentro de la familia; las personas con discapacidad pueden cobrar la reparación económica sin límite de edad.

En tanto, en España, desde el 3 de marzo de 2019 rige la Ley 3/2019, cuyo objetivo es asegurar que los huérfanos reciban un pensión mínima de 600 euros ($ 710) mensuales. Los beneficiados, al momento del suceso deben tener menos de 21 años o estar incapacitados para trabajar.

Sin embargo, la edad tope se eleva a 25 años, cuando en la fecha del fallecimiento de la causante la persona huérfana no trabaje por cuenta ajena o propia, o cuando haciéndolo, los ingresos que obtenga sean inferiores al promedio salarial mínimo por año (12.600 euros al año según el cálculo de 2019; es decir, 14.911 dólares).