Los padres de los niños y adolescentes que estudian en instituciones que son acorraladas por el crimen organizado, en Quito, han tenido que tomar acciones para intentar contrarrestar la inseguridad y violencia en la que viven sus representados.

El colegio Consejo Provincial, ubicado en el sur de la capital, es uno de los sitios en los que ya se han instaurado estas brigadas desde hace dos semanas. Según Santiago Enríquez, quien es parte de estos grupos de padres de familia, se lo hizo por la falta de respuesta de las autoridades del plantel.

Él y otros representantes les pidieron que les dieran más seguridades a sus hijos dentro y fuera de las instalaciones, luego de un caso de presunta violación en diciembre pasado. Pero no hubo respuesta.

Desde entonces, a la hora de entrada y de salida, los representantes se convierten en policías, agentes de tránsito y hasta en psicólogos.

Aunque Enríquez afirma que cumplen principalmente tres funciones: precautelar la integridad de cada estudiante mientras abordan la buseta, el transporte urbano o son retirados por sus padres; evitar que haya un conflicto violento en los exteriores de la institución o sean asaltados; y, sobre todo, velar porque ningún integrante de alguna banda criminal les ofrezca drogas o los persuadan para formar parte de sus filas.

En ocasiones, algunos padres suelen conversar con los alumnos que se quedan solos esperando a sus representantes para que no se desvíen por otro camino y peligre su integridad.

Para Enríquez, el problema del consumo es uno de los que más acarrea a este centro educativo. “Ha habido casos de personas que ofrecen sustancias a los niños de la escuela”.

Cristina Betancourth, integrante de las brigadas, corrobora aquella afirmación. La mujer tiene a su hijo en primero de bachillerato y menciona que detrás del plantel, en las mallas que colindan con un bosque, suele haber personas que supuestamente venden droga a los estudiantes. “Ahí también suelen camuflarse chicos para tomar licor o fumar droga. Nosotros no podemos exponernos a eso”.

Ministerio reconoce que estudiantes son extorsionados

Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y Buen Vivir del Ministerio de Educación, destaca el trabajo que realizan los padres de familia porque para ella esta corresponsabilidad permite tener una mejor atención del proceso educativo de sus hijos y ayuda a que el entorno educativo mejore.

La funcionaria añade que desde el ministerio pretenden crear espacios, dentro de los establecimientos, para que los padres se vinculen en el desenvolvimiento de los alumnos.

Castellanos reconoce que el contexto de inseguridad que vive el país con la presencia del crimen organizado se ha replicado en las inmediaciones y en el interior de los colegios.

Para luchar contra esta problemática, la subsecretaria señala que el Ministerio de Educación, Ministerio del Interior y la Policía han puesto en marcha el Plan Nacional de Escuelas Seguras, tras haber identificado nuevas amenazas.

“Ha incrementado el nivel de extorsión de los grupos de crimen organizado, hacia estudiantes, familias y docentes”.

En lo que va del año, según las estadísticas del Ministerio de Educación, en la capital se han presentado seis casos de extorsión (ver infografía).

Otra preocupación que se ha extendido dentro de los colegios, según la funcionaria, es el porte de armas blancas y de fuego.

Se han identificado riñas que no tienen que ver con actos de violencia que se viven dentro del sistema educativo, sino que rozan en procesos penales como apuñalamientos. Uno fue el caso de tres estudiantes acuchillados por sus compañeros, en el colegio Primicias de la Cultura de Quito, en el sur, el cual es indagado por las autoridades como un problema relacionado con la comercialización de estupefacientes.

Ante esto, Castellanos indica que se han reformulado los protocolos que se deben seguir cuando ocurra un delito. Añade que hubo un protocolo previo de intervención policial en las instituciones, pero considerando las nuevas condiciones de inseguridad se reformuló para que tengan nuevas competencias en su accionar.

Docentes están acorralados

María Tacuri, quien también es parte de las brigadas de seguridad del colegio Consejo Provincial, enfatiza en que los estudiantes no son los únicos expuestos. Esta madre de familia dice que se necesita el apoyo de la Policía porque están indefensos frente a los delincuentes. “Cuando estamos solo mujeres nos pueden atacar”.

Sin embargo, esta no es la única problemática. Otra realidad que ha saltado dentro del sistema educativo es las amenazas de muerte que han recibido algunos profesores de colegios fiscales de la capital.

Un ‘profe’ de un colegio ubicado en Solanda, sur de Quito, cuenta que fue víctima de extorsión por parte de una banda criminal. Según el docente, quien omitió su nombre por temor a represalias, tras haber alertado sobre el consumo de estupefacientes dentro del plantel, delincuentes le habrían seguido desde el colegio hasta su domicilio. Días después lo habrían llamado para amenazarlo por soplón. Luego de eso, renunció.

Castellanos resalta que en este tipo de casos se debe poner la denuncia para iniciar el proceso legal. “Es normal tener temor cuando nos vemos metidos en estos temas de crimen organizado, pero se debe denunciar sin importar qué rol jugamos en los colegios”.

Para la funcionaria, esta es la única alternativa para que se pueda identificar a los estudiantes que forman parte de una cadena delictiva y poder llegar a la cabeza para desmantelar la organización y precautelar la seguridad de los niños y adolescentes.

Calladitos para no dañar el prestigio

El abuso sexual también es un problema que aqueja a los estudiantes. En diciembre de 2022 se divulgó el caso de una alumna del Colegio Consejo Provincial, quien habría sido abusada sexualmente por otro compañero en los baños de la institución. El hecho es investigado por la Fiscalía y, desde ese entonces, existe un hermetismo en el plantel.

Dayana Basantes, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), afirma que el tema de la violencia sexual en los planteles educativos es alarmante. “Desde el 2017 hasta finales de 2022, la Fiscalía ha recibido 2.500 denuncias de este tipo dentro del sistema educativo a nivel nacional”.

Lo peor de todo, según la representante, es que las autoridades no quieren que el tema se haga público no porque sea delicado, sino porque ‘dañaría’ el prestigio de la institución.