De entre las más de 250 personas que estaban en la Plaza de la Administración, frente al Municipio de Guayaquil, Susana era la que más gritaba. Sostenía un pliego de cartulina amarilla en el que había escrito: “No al maltrato, no al abuso de la autoridad”. Vociferaba con furia “¡No al cierre de las clínicas de rehabilitación!”, pero dentro de su pecho el dolor y la incertidumbre se mezclaban.

Intriago es presidenta de la Asociación de Centros Especializados en el Tratamiento de Alcohol y Drogas del Ecuador (Acetade) y aclaró que ellos no reclaman por los cierres que se justifiquen, sino por los que ella considera injustos.

Recordó que desde enero del año pasado, luego de un incendio en el suburbio de Guayaquil en el que fallecieron 18 internos de un centro clandestino, a estos establecimientos les pusieron un ultimátum para sacar el licenciamiento en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

De las más de 200 clínicas que había en la ciudad, solo 70 aproximadamente hicieron el trámite para intentar sacar el documento que los habilite a tratar a personas con consumo problemático de drogas. Sin embargo, más de un año después, ninguna ha podido licenciarse porque, según Intriago, les ha sido imposible sacar el permiso de uso de suelo que otorga el Cabildo porteño. Este documento es la base para sacar el permiso de funcionamiento y demás trámites.

En ese entonces, junto a autoridades de la Acess, acordaron que no se clausuraría a las clínicas en vías de licenciamiento siempre y cuando cumplan con los estándares de calidad, hasta que pudieran tramitar el permiso de uso de suelo.

“Entonces no puede ser posible que ahora nos estén clausurando. Qué va a ser de esos jóvenes, ahora con el problema del COVID-19, que se vayan de nuevo a la calle si cierran todos los centros. ¿Dónde van, si no hay ni centros públicos en la ciudad?”, manifestó Intriago.

El proceso de licenciamiento, apunta, es “tan difícil” que ninguno de los tres Centros Especializados en el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas (Cetads) públicos que había en Guayaquil está licenciado.

En la Zona 8 hay solo tres Cetads privados que tienen licencia emitida por la Acess, pero cuyos tratamientos mensuales superan los 800 dólares, debido a que los estándares de licenciamiento hacen que aumente el costo de los mismos. “Esto en una ciudad donde la mayoría de adictos son de clase media baja”, recordó la presidenta.

Hay temor. El de los familiares: que cierren los centros y los adictos vuelvan a las calles, donde ahora no solo encuentran al enemigo de la droga, sino del coronavirus. El de los dueños de los centros: quedarse sin ingresos, que ahora están recortados por la pandemia y el de los adictos: de perder su proceso de rehabilitación.

Xiomara Morán le debe la vida a la clínica Luz de Vida, del Guasmo Sur. Tiene 19 años y hace uno inició su tratamiento para dejar de consumir ‘H’. La probó a los 12 y a los 18 ya su destino estaba en manos de la droga. Ella lamenta que no haya ayuda gubernamental para los adictos, por eso destaca la labor que realizan algunas clínicas aunque sean informales, al menos, en su caso.

Otra realidad

EXTRA solicitó una entrevista con el director de la Acess, pero hasta el cierre de este reportaje no se concretó. No obstante, el Departamento de Comunicación de la Zona 8 detalló que sí se están realizando operativos cuando hay denuncias de irregularidades en los centros.

Añadieron que desde enero a julio han realizado 20 operativos, y que 18 de ellos han derivado en clausura en la Zona. “La causa más común es el incumplimiento del artículo 97 (de la Ley Orgánica de Salud) por mal manejo de desechos. El otro, el 185, por falta de profesionales de la salud especializados en el tratamiento de los internos”, comentaron.

Daniel Cordero es propietario de una de las clínicas que fue clausurada, ubicada en la cooperativa Unión de Bananeros. Tiene el mismo problema, que no ha podido sacar el permiso porque no habilitan el trámite del uso de suelo. Su centro tiene 10 años en el lugar y, aseguró, hasta 2017 tuvo permisos. Desde ahí, no ha podido tramitarlo.

El cierre fue preventivo, lo que, explicó, le implica pagar una multa en el Cuerpo de Bomberos, que le es imposible de cancelar porque no trabajó durante la emergencia sanitaria.

No obstante, la institución bomberil informó a este Diario que actualmente, por la pandemia, no se están cobrando multas, en consideración a la situación económica de los ciudadanos.

Solo los Bomberos, por incumplimientos a normas relacionadas a la seguridad de los internos, han clausurado a 10 clínicas en Guayaquil.

Soraya Ordóñez también es dueña de un centro de rehabilitación para mujeres y sugirió a las autoridades a que no los tengan “de allá para acá” durante este proceso de licenciamiento. Pidió que respondan de una vez lo que ellos piden desde hace más de un año: que los dejen trabajar.

“Si las clínicas como las nuestras no existieran, quién acogería a tanto adicto que hay en las calles. Nosotros no nos negamos a estar regularizados, pero cómo lo hacemos si desde las mismas autoridades no nos dan respuestas”, señaló.

Susana, quien no tiene idea del paradero de su hermana, también tiene interrogantes que espera que las autoridades respondan. Por ejemplo, si la encuentra, ¿dónde la internarán?

Varias reuniones, ninguna respuesta

Mediante un comunicado de prensa, el Municipio de Guayaquil dio detalles de la reunión que mantuvieron con seis representantes de los más de 50 propietarios de clínicas que acudieron la mañana del jueves a la manifestación pacífica.

Hablaron sobre los permisos de funcionamiento y tasa de habilitación que requieren para continuar con el trámite en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess).

En la reunión estuvo el director de Salud municipal, Carlos Salvador; el director de Control de Edificaciones, Catastro, Avalúos y Control Minero, Cristhian Ponce; el director de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, y Joyce Zeballos, asesora de la Alcaldía.

Zeballos informó que “la ciudad tiene un plan de ordenamiento territorial, cuenta con una sectorización y posee usos de suelos para diferentes actividades, que deben ser cumplidos. La calificación o no de una clínica de rehabilitación lo hace el Acess. Nuestra competencia, en este caso, es la determinación del uso de suelo y dentro de esta materia, estamos trabajando. Además, varias clínicas de rehabilitación han realizado las estructuras sin permisos de construcción, por lo que deben ser reguladas”.

Señaló que el Municipio tomó la iniciativa para liderar mesas de trabajo con el Acess, el Cuerpo de Bomberos y la Gobernación del Guayas, a fin de cumplir una regularización. Sin embargo, año y medio después, esto no se ha cumplido.