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El evento se realizó el sábado 20 de febrero.Captura

En Otavalo se realizó concierto con la asistencia de más de 3.000 personas

Video: En redes sociales se convirtió en viral el video del Pawkar Tushuy Tuta 2021 en el que presentó la aglomeración pese a la pandemia de la COVID-19

22 de febrero, 2021

Pese a que, en Ecuador, la red sanitaria presenta una escasez de camas UCI por el incremento de casos diario de COVID-19, en la comunidad de Peguche, Otavalo (Imbabura), más de tres mil personas se aglomeraron en un concierto el pasado sábado 20 de febrero. El evento se presentó a pesar de que la gobernadora Gabriela Jaramillo prohibió la realización del acto a sus organizadores.

"La señora gobernadora  se reúne con los organizadores y les solicita que no lo hagan (concierto). Pide el apoyo por escrito de los COE cantonales y tampoco recibe este apoyo", declaró en un video el Juan Zapata, presidente del COE Nacional.

El video difundido en redes sociales causó indignación en los internautas, el evento es la realización del denominado Pawkar Tushuy Tuta 2021. En el clip ve a pocas personas usando mascarillas, mientras el resto están 'pegados' a los demás participantes bebiendo alcohol o bailando.

"Desde el COE Nacional por escrito mandaremos el reclamo al COE cantonal respectivo, no podemos entender que estas situaciones sigan ocurriendo", finalizó Zapata.

Por su parte, la gobernadora Jaramillo, a través de su cuenta de Twitter, expresó su total rechazo por la indisciplina ciudadana que vivió Otavalo. Asimismo, recalcó en un comunicado que, junto a Mauricio Andrade, comisario nacional de Otavalo e Intendente General de Policía de Imbabura, antes de la realización del concierto entregaron 110 notificaciones a dirigentes de comunidades rurales para evitar una actividad masiva.

Tras el desacato de la orden, las autoridades de la provincia andina en coordinación con la Fiscalía General, iniciaron un proceso bajo el Artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el que los responsables podría ir a prisión: "Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. - La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sanción con pena privativa de libertada de uno a tres años".
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