El hecho que en menos de 15 meses, dos UPC (Unidad de Policía Comunitaria), de la provincia de Manabí, hayan sido visitadas por delincuentes, enciende las alarmas. En julio de 2022 antisociales se robaron 19 armas en Portoviejo, mientras la madrugada de este martes 7 de noviembre fueron 45 armas (41 pistolas tipo Glock y 4 carabinas calibre 2.23.

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El nuevo perjuicio a la institución policial se registró en la UPC del cantón Santa Ana, ubicado en pleno centro de esta jurisdicción manabita. 

De acuerdo a fuentes policiales, minutos antes del robo hubo la alerta de una riña familiar, por lo que dos gendarmes tuvieron que salir de la Unidad de Policía Comunitaria (UPS) para brindar el auxilio.

A las 02:12 am, el ECU-911 mediante frecuencia de radio solicitó la colaboración del móvil Santa Ana para que avance hasta el sitio de la supuesta emergencia, en el sector de Bonce.

Ocho minutos después, a las 2:20, el carro policial Santana sale de UPC en dirección al auxilio. A las 2:27 aproximadamente arriban tres ciudadanos en una motocicleta, un hombre y dos mujeres hasta los interiores de la UPC Santa Ana, con el fin de solicitar colaboración en una supuesta riña familiar, el policía que estaba en la estación policial con el fin de comunicar mediante vía telefónica con los compañeros para que retornes es agredido.

"Al momento de dar la espalda es golpeado, por el hombre, con un arma en la cabeza, el cual procede a forcejear y someterlo con ayuda de las dos féminas, luego lo amordazan e inmovilizan con cinta y amarras plásticas", contó el investigador..

A las 02:29 arribó una motocicleta con dos ocupantes, los cuales proceden a ingresar al rastrillo y llevarse las armas de fuego. A las 2:35 aproximadamente el gendarme logró liberarse para dar a conocer la novedad. Dos minutos después, mediante los chats internos del distrito 24 de Mayo dio a conocer lo ocurrido.

Fabary Montalvo, jefe policial de la Subzona Manabí #13, indicó que tras el hecho, desde la institución del orden se han abierto procesos administrativos internos, con el afán de determinar o ratificar si existen grados de responsabilidad de algún servidor policial frente a este caso.

"Desde el lado penal estamos brindando toda la información a las autoridades correspondientes como Fiscalía para que se permita el esclarecimiento de este caso. Desde Quito han viajado unidades especializadas por determinación de mi general para que ayuden en la investigación", dijo Montalvo.

El oficial agregó que están tomando los correctivos necesarios para verificar los lugares físicos donde no se presenten las medidas de seguridad. De esa forma analizan la reubicación de rastrillos a otras infraestructuras policiales donde haya mayor resguardo.

Luis Lara, experto en seguridad y perito en Criminalística, indicó que es sumamente preocupante que armas del Estado caigan en manos de grupos delictivos. "Constituye un peligro para la comunidad que las organizaciones estén armadas. Desde Inteligencia se deben realizar de forma urgente las operaciones del caso con fines de detectar, ubicar y recuperar estas armas", dijo el exgeneral de la Policía.

Lara sostuvo que se trata de un tema delincuencial grave. Aseguró que todas las instituciones del Estado debe tener sus propias seguridades para resguardar sus bienes y constituye un hecho lamentable que la propia institución que presta seguridad sea blanco de robos.

"Hay custodios que tienen que responder internamente por estos actos, debe aplicarse una investigación interna como externa a través de Fiscalía. Que caigan en manos delincuenciales es como darles carne al tigre", lamentó.

Adolfo Castro, presidente del Colegio de Abogados y experto en lo penal, dijo que debe existir una labor de Criminalística y Fiscalía para determinar los detalles de las armas sustraídas a través de un inventario, además que por la numeración y serie de las mismas sería fácil detectar si estás fueron parte de algún delito.

Tito Merchán, otro abogado de lo penal, sostuvo que si algún gendarme o servidor policial pierde su arma por algún robo o hurto, lo recomendable es hacer la respectiva denuncia para que se proceda posteriormente a una investigación inmediata de carácter fiscal. "Toda esa documentación servirá para justificar posteriormente si existe un mal uso del arma de dotación sustraída", precisó el jurisconsulto.

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