La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, que enfrentará al actual presidente Daniel Noboa y a Luisa González, representante del correísmo, no solo decidirá al próximo mandatario, sino que también se convertirá en un referéndum implícito sobre la Constitución de Montecristi (2008).

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¿Qué cambios propone cada candidato respecto a la Constitución?

El presidente Daniel Noboa ha anticipado que, de ganar, impulsará una nueva Asamblea Constituyente con el objetivo de elaborar una nueva Carta Magna, dejando atrás la vigente, que fue diseñada bajo el mandato de Rafael Correa. Según Noboa, es necesario "dejar atrás la Constitución de Montecristi", pues considera que ha sido un marco que favoreció principalmente a los gobiernos de la Revolución Ciudadana, y su propuesta de Constituyente busca profundizar en las reformas que ha iniciado, sobre todo en el área económica. 

"Tiene que haber una Constituyente rápida, no al estilo Correa", ha afirmado el mandatario, quien defiende su enfoque liberal de la economía.

Por otro lado, Luisa González, quien pertenece al movimiento correísta, no considera que la creación de una nueva Constitución sea una prioridad en su plan de gobierno. En cambio, su enfoque estaría centrado en fortalecer los avances logrados con la Constitución actual, que ya incluye principios clave sobre derechos colectivos y medioambientales.

¿Qué implicaría una nueva Constitución?

De prosperar la iniciativa de Noboa, uno de los principales temas que se discutiría sería la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una norma que actualmente está prohibida en la Constitución de Montecristi. Esta medida, aunque vista por Noboa como una estrategia para combatir el narcotráfico, ha generado críticas por parte de sectores que consideran que atenta contra la soberanía nacional.

En cuanto a la economía, Noboa buscaría atraer inversión privada a sectores estratégicos como el eléctrico y el minero, lo que permitiría al país diversificar sus fuentes de ingreso. En contraste, los pueblos indígenas se oponen a estos proyectos, exigiendo que se respeten sus derechos a la consulta previa, garantizados por la Constitución de Montecristi.

La disputa sobre la Constitución marcará un hito en las elecciones, donde cada candidato tiene visiones muy distintas sobre el futuro del país y su marco legal.

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