El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha implementado una medida estricta para las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Ecuador, programadas para el 13 de abril de 2025: queda prohibido el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos por parte de los electores durante el acto de sufragio. Esta disposición busca garantizar la transparencia del proceso electoral y prevenir prácticas indebidas como la coacción o el "voto fotografiado".

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¿Qué sanciones enfrentan quienes incumplan esta prohibición?

El incumplimiento de esta normativa se considera una infracción electoral muy grave, según el artículo 279, numeral 12, del Código de la Democracia. Las sanciones incluyen:

• Multas que oscilan entre $ 9.870 y $ 32.900 (equivalente a 21 a 70 salarios básicos unificados)
• Posible pérdida de derechos políticos por un período de dos a cuatro años

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que la restricción al uso de celulares se aplica desde el momento en que el ciudadano entrega su cédula de identidad hasta que finaliza el proceso de votación y le es devuelto el documento. Durante este intervalo, está prohibido portar o utilizar el celular.

Para asegurar el cumplimiento de esta medida, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y los coordinadores de los recintos electorales serán responsables de su aplicación. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también estarán presentes para recordar a los ciudadanos sobre la prohibición, aunque no están autorizados a confiscar dispositivos ni a sancionar directamente a los infractores.

¿Nadie puede usar el celular hoy?

Es importante destacar que esta restricción no afecta a los delegados de organizaciones políticas, representantes de medios de comunicación ni a observadores electorales, quienes podrán registrar en imágenes y videos la jornada de votación y el proceso de escrutinio.

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El Ministerio de Gobierno ha respaldado esta decisión del CNE, afirmando que "garantiza un proceso electoral seguro, libre y sin presiones", y enfatizando la importancia de proteger la democracia frente a prácticas como el "voto extorsionado" o el "voto coaccionado".

Con estas medidas, las autoridades buscan fortalecer la integridad del proceso electoral y asegurar que el voto de cada ciudadano sea libre y secreto.

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