Una mujer fue sentenciada a cuatro años de prisión en su calidad de cómplice en el delito de tráfico ilícito de migrante, en un caso en el que un joven migrante continúa desaparecido desde agosto de 2022.

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Durante el juicio, el fiscal de la unidad especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) a cargo del caso detalló cómo fue la participación de la imputada, Ana Mercedes P. Ll., en el delito.

La sentenciada era parte de una red de ‘coyoteros’ que había ofrecido trasladar al joven desde Ecuador hasta Estados Unidos por el valor de $ 21.000. Así, luego de que su madre pagara la mencionada suma de dinero, el 31 de julio de 2022 el desaparecido salió desde la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, hacia Guayaquil; luego continuó su viaje por El Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Durante los días que duró el viaje, Mercedes P. Ll., solicitó más dinero a la familia del migrante, que el 11 de agosto hizo otros tres depósitos a diferentes destinatarios: dos por $ 1.516,96 y uno por $ 2.120,41.

La última comunicación del chico se dio el 29 de agosto del mismo año, cuando le informó a su madre que se encontraba a tres horas de la frontera estadounidense del estado de Arizona. Desde entonces no se supo más de él.

En el caso también está involucrada otra mujer, Ruth Amparo D. C., alias ‘Alexandra la quiteña’, quien ya fue sentenciada en febrero de 2023 a 22 años de prisión como autora directa del delito, por la muerte de otro migrantes durante el mismo viaje.

A diferencia del primer joven desaparecido, el cuerpo del segundo hombre sí fue encontrado. Las autoridades estadounidenses se comunicaron el 7 de septiembre de 2022 con sus familiares para informarle que el cadáver había sido abandonado en el desierto de Arizona.

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Las pericias forenses determinaron que el migrante había fallecido por deshidratación y exposición prolongada a las altas temperaturas. Se presume que la persona desaparecida sufrió la misma suerte, aunque no se ha encontrado el cuerpo.

El artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el tráfico ilícito de migrantes y lo sanciona con pena privativa de libertad de entre siete y diez años; sin embargo, si el crimen provoca la muerte del víctima, la sanción aumenta a entre veintidós y veintiséis años. Esto en el caso de los autores directos del ilícito.

Para los condenados en calidad de cómplices, la sanción se reduce a entre un tercio y la mitad de la pena correspondiente.

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