La decisión de disolver la Asamblea Nacional no tendría marcha atrás y tampoco una fuerza política que logre oponerse. Esto, porque los mayores detractores de Guillermo Lasso se verían favorecidos con la medida tomada la mañana del 17 de mayo de 2023 por el mandatario, de acuerdo con expertos consultados por Diario EXTRA.

Jorge Peñafiel, constitucionalista y analista político, explica que “la muerte cruzada es una facultad exclusiva del presidente de la República y, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, esta podrá ser convocada a su juicio. Es decir, no requiere de autorización de ninguna persona, de ninguna institución. Por tanto, es legal y es constitucional”.

El jurista precisa que la única alternativa que la oposición tendría para resistirse a esta situación es presentar una acción pública de inconstitucionalidad y “en esa misma demanda solicitar medidas cautelares”, lo que podría permitir a los legisladores volver a sus curules.

Esta es la vía que tomaría el Partido Social Cristiano (PSC), pues su presidente vitalicio, Jaime Nebot Saadi, dijo que en la actualidad no existiría “grave crisis política y conmoción interna”, por lo que no habría causal para que se lleve a cabo la muerte cruzada.

Sin embargo, Peñafiel argumenta que el procedimiento solicitado “demoraría mucho en resolverse, al menos unos tres o cuatro meses, para lo cual ya estaríamos dentro del período electoral”, porque en siete días el Consejo Nacional Electoral ya debe hacer una convocatoria a elecciones, por disposición de Guillermo Lasso, a través del Decreto 741.

“Los hechos, de alguna manera, se encuentran consumados y además las Fuerzas Armadas han dado su apoyo también a la muerte cruzada y a la institucionalidad del presidente”, sostiene el especialista.

MÁS DE SEIS MESES PARA GOBERNAR

Julio César Cueva, experto en Derecho Constitucional, explica que en Ecuador difícilmente se cumplen los tiempos establecidos en las normativas legales, lo que podría llevar a Guillermo Lasso a gobernar más de seis meses.

El abogado coincide en que la presentación de una demanda tomaría mucho tiempo y que los pedidos que pudieran hacer los ahora exasambeístas no prosperarían. No obstante, aclara que en su desesperación podrían empezar a realizar pedidos de medidas cautelares y acciones de protección a través de juzgados por todo el país. “No me sorprendería, porque en este país puede pasar cualquier cosa, sea legal o no sea legal. Sin embargo, eso no procede”.

LEYES

Para Cueva, durante este tiempo Lasso gobernará mediante “decretos de ley. Es decir, cada decreto vendría a contener una ley, que se publica en el Registro Oficial y entra en vigencia”.

La analista política Irene Vélez Froment opina lo mismo y añade que el presidente “va a firmar bastantes decretos”. Para citar un ejemplo, se refiere al que creó inmediatamente después de la muerte cruzada. “Simbólicamente es bastante fuerte que posterior a eso, de forma inmediata haya sacado el decreto de reducción de impuestos para la familia”, indica.

Entre los objetivos del jefe de Estado estaría el demostrar que la Asamblea no le permitió gobernar ni cumplir con sus promesas de campaña y, aunque no sea algo confirmado, también intentar recuperar parte de su imagen y popularidad, plantea Vélez Froment. Por ese motivo, considera que “vamos a tener un Ejecutivo bastante activo en estos momentos, que probablemente se va a enfocar en seguridad y en temas económicos”.

LES CONVIENE

Para la analista política, pese a lo que se podría decir en público o ante los medios de comunicación, hay bancadas a las que les conviene la muerte cruzada, como a los correístas de UNES, porque consideran que podrían ser los indiscutibles ganadores de los siguientes comicios.

Y aclara que “los asambleístas de PSC o de otras facciones no tienen suficiente peso como para poder cambiar o conseguir que se dé retro a esta decisión. Lo mejor que pueden hacer en este caso es tener una figura presidencial fuerte, y definir en sí cómo elegirían en las siguientes elecciones”. (SCM)