El sonido de los gritos de mujeres desesperadas por conocer el estado de salud de sus familiares se mezclaba con el de las sirenas de las ambulancias que sacaban a los internos heridos del Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de Pichincha N.º 1.

En este lugar, también conocido como la Cárcel de El Inca, se registró un enfrentamiento entre integrantes de las bandas Los Lobos y Los Ñetas, la tarde de lunes 7 de noviembre del 2022. El incidente dejó cinco reos fallecidos, cinco heridos y un guía penitenciario con lesiones. 

Se presume, según las primeras indagaciones de la Policía, que la bronca habría sido por una pugna de poder.

Madres y hermanas de los reclusos se desmayaron en las afueras del centro de detención. Aseguraban que sus parientes no eran miembros de ninguna organización criminal y exigían respuestas. Más aún cuando se enteraron de que las víctimas fueron apuñaladas y hubo un par de reos quemados.

Verónica (nombre protegido) acudió ese día para esperar la libertad de su expareja y para visitar a su hermano, quienes cumplían su pena por el delito de robo. Ella contó que a las 17:20 se escucharon gritos desde el interior: “¡Se armó la machetiza!”.

La mujer, desesperada y con su hija entre sus brazos, preguntaba a los policías sobre su pariente, pero nadie le daba información. A las 22:00 salió su expareja sana y salva, pero todavía no conocía nada de su ñaño. La mujer se retiró antes de la medianoche. “No podré dormir sin saber de él”.

La mañana de ayer, personal de Criminalística identificó a los cinco reos muertos y entre ellos estaba el hermano de Verónica, Yeison Zárraga, de 22 años. A él lo habrían matado a puñaladas.

La víctima permanecía en el pabellón El Batán, donde también fueron asesinados los internos Julio García, Rubén Lara y Christopher Delgado. Los dos primeros fueron incinerados. La quinta víctima era Luis Chiliquinga, quien cumplía su pena en el pabellón Floresta.

De los cinco heridos, dos permanecen en condición crítica en el Hospital Pablo Arturo Suárez, mientras que el guía afectado está fuera de peligro.

Víctor Jácome, subdirector de Medidas Cautelares, Ejecución de Penas y Medidas Socioeducativas del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), informó que los enfrentamientos responden a la lucha que existe entre las bandas criminales por tener el control de la cárcel.

Más control

María lloraba desesperada por saber el estado de salud de su hijo Christian Toapanta, quien permanece recluido en el pabellón La Ronda desde hace un mes y medio por un juicio de alimentos.

Ella no comprendía cómo puede ocurrir una matanza de este tipo si este lugar es transitorio y permanecen personas que esperan su condena. La madre añadió que su familiar le advirtió una semana antes, cuando fue a visitarlo, que había amenazas entre los líderes de los pabellones. “Pateaban las puertas y lanzaban cosas a la celda de mi hijo”.

Expertos en seguridad y en el sistema carcelario indicaron que existe corrupción en este tipo de centros y que no están preparados para un incidente como el que se dio.

Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, manifestó que uno de los principales problemas es el hacinamiento en este sitio. Según ella, este lugar fue construido para albergar de 500 a 600 presos, pero en la actualidad, según cifras del SNAI, existen 1.365 personas privadas de libertad.

Otro punto crítico es la corrupción, lo que permite que reos de alta peligrosidad permanezcan ahí. La experta señaló que “hay personas que tienen sentencia, pero son ‘privilegiadas’ y siguen ahí”.

Además, Zumárraga añadió que estos centros reclusorios no tienen una fuerza de choque como en las grandes cárceles para reaccionar ante un motín. “Los guías deben responder hasta esperar a la policía”.

Así lo confirmó el comandante de Policía de la capital Víctor Herrera, quien añadió que el trabajo policial solo es complementario y que la responsabilidad del interior del lugar es del SNAI.

Por otro lado, Luis Córdova, director del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, argumentó que el Estado pretende posicionar la idea de que están retomando el control de las cárceles, sin conocer en realidad cómo operan conjuntamente las bandas carcelarias con las pandillas callejeras. “No pensaron que con la reubicación de reos de la Penitenciaría del Litoral provocarían inconformidad en otros centros carcelarios”.

Según Córdova, este tipo de acciones generan, dentro del imaginario de las bandas, la impresión de que existen ganadores y perdedores. Lo que viene después, a criterio del experto, son más masacres y disturbios en las prisiones.

Lo que pasó en El Inca es un ejemplo de esa realidad. El experto indicó que al no conocer sobre la caracterización y operatividad de las bandas, el Gobierno no sabrá a qué bando reprimir.

Tras los últimos incidentes registrados en el sistema penitenciario del país, Córdova aseguró que “Los Choneros y los grupos vinculados a esta organización tienen cierta protección porque no han sido topados”.

Él presume que se pretendería dar hegemonía a este grupo para poder pactar con ellos una ‘paz mafiosa’ en las cárceles y en las calles. “Esa estrategia no es exitosa. Es errónea porque vamos a ver un acumulado de violencia que se irá regando en el país”, concluyó.

Activados por posible motín en Cotopaxi

Mientras los familiares de las PPL de El Inca clamaban por información en los exteriores, se generó una nueva alerta la mañana de ayer en el centro carcelario de Cotopaxi, en Latacunga.

La Policía informó, aproximadamente a las 10:00, sobre un posible amotinamiento de reos, pero horas más tarde el SNAI descartó tal enfrentamiento. “Se activaron los protocolos de seguridad a fin de prevenir eventualidades. Se descartó un posible motín y, actualmente, las actividades se desarrollan con normalidad”, explicó la entidad.