Su voz cambia de tono. Se acomoda la mascarilla. Evita llorar y pronuncia: “La familia es fundamental en este proceso”.

Alejandro es voluntario en una fundación de la capital que trabaja con adolescentes en conflicto con la ley y en proceso de reintegración social. Él fue uno de ellos.

Recuerda que no se graduó junto a sus compañeros de colegio porque cumplió medidas privativas de libertad en un Centro de Adolescentes Infractores (CAI), tras cometer un delito grave. Ahí estuvo cuatro años.

El joven dice que el sistema de rehabilitación de los menores ha sido afectado por el contexto de inseguridad y violencia que vive el país.

Según el organismo social Terre des Hommes (Tierra de hombres, en español), hasta junio de este año, 756 adolescentes cumplían medidas privativas y no privativas de libertad (ver infografía).

Diario EXTRA muestra la realidad que viven los menores de edad al estar expuestos a la violencia intrafamiliar y a la delincuencia en Quito, y cómo estos son tentados por los ‘tentáculos’ de las organizaciones criminales.

Se pretende evidenciar cuál es el proceso que viven los adolescentes cuando tienen conflictos con la ley, están en proceso de rehabilitación y buscan su reintegración.

La Génesis

Alejandro tenía 16 años cuando terminó en un CAI. Él estaba en quinto curso y un día antes de rendir exámenes finales fue aislado por agentes de la Policía. “Se me cortaron las alas... uno no comete errores porque le da la gana”.

El factor de riesgo que según el joven influenció en su vida para tener conflictos con la ley fue la violencia intrafamiliar que sufrió.

El teniente coronel Luis Coyago, jefe de la Dirección de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), indica que ese es el ‘nudo crítico’ más difícil de resolver. Según el oficial, la violencia dentro del hogar o la falta de cuidado y supervisión no permiten formar en el joven una verdadera responsabilidad.

“El adolescente está en un proceso de maduración. Si no tiene esa persona que le guíe, no conocerá los valores, los principios morales y éticos”.

Alejandro tiene 23 años. Asegura que cuando vivió en un CAI, la familia tuvo un papel fundamental en el proceso de rehabilitación. “Si el problema fue con ellos, con ellos mismos hay que repararlo”.

El joven cuenta que la mayoría de los menores infractores con los que trabaja no tienen padres o viven con terceras personas. “Cuando se involucran con bandas es porque ellos les brindan ese ‘calor familiar’ que no encontraron en casa”.

La infracción

El lunes pasado en el sector de El Recreo, sur de Quito, un adolescente presuntamente le clavó un cuchillo en el cuello a otro joven porque este no se habría dejado robar el celular.

El menor, de 16 años, permanece con internamiento preventivo en un CAI de la capital por los 90 días que dura la instrucción fiscal. Luego de ello se determinará su grado de responsabilidad en el hecho y se emitirá la resolución.

Él es uno de los 1.329 menores detenidos a nivel nacional en lo que va del año.

Carlos Villasañay, abogado de la Dirección de Medidas Socioeducativas del Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), explica que si se da un dictamen acusatorio por el delito de asesinato, el chico podría recibir medidas privativas de libertad de ocho años, tiempo máximo para los delitos de mayor gravedad.

Mientras tanto, según el teniente coronel Coyago, el infractor será abordado por un equipo multidisciplinario que analizará su entorno psicosocial, para conocer cuáles fueron las causas que lo llevaron a cometer el crimen. El oficial añade que se examinan varios factores, como “conocer si estuvo escolarizado, si estaba bajo el cuidado de sus padres o de terceros, si consumía drogas...”.

En el país, 404 adolescentes cumplen medidas privativas de libertad en los 10 CAI. Esto, según la fundación Terre des Hommes, es relativamente bajo comparado con la población penitenciaria de los adultos, que sobrepasa los 38.000 privados de libertad.

Alejandro cuenta con sus dedos y dice que en su caso, él debió cumplir seis años y medio de medidas socioeducativas en el centro Virgilio Guerrero, al norte de Quito. Sin embargo, accedió a la revisión del proceso y cambiaron su régimen de internamiento a régimen semiabierto.

Volver a casa

Verónica Polit, coordinadora del Proyecto Justicia Juvenil Restaurativa de la fundación Terre des Hommes, dice que durante el tiempo que ha trabajado con adolescentes en conflicto con la ley ha visto que la madurez de un joven no se alcanza a los 18 años, sino los 30. “El 80 % de personas privadas de su libertad tienen menos de 28 años”.

Y cuando ellos vuelven a la calle, según Polit, no tienen muchas alternativas para reintegrarse a la sociedad, son estigmatizados y se vuelven presas de las bandas criminales. En su fundación tienen un programa para ayudar a los jóvenes en su reinserción.

Javier es uno de ellos. Él también cumplió una medida privativa de libertad larga, pero aprovechó su tiempo para, según él, enmendar su error y aprender a servir a la sociedad.

Adentro del CAI se hizo barbero y ahora piensa ponerse su propia ‘peluquería urbana’.

Las bandas

Polit explica que en la capital el delito en el que más están inmersos los adolescentes son los de carácter sexual. Sin embargo, añade preocupada que en los últimos años se ha visto una mayor influencia de la delincuencia organizada en los jóvenes.

“La capital es una de las ciudades que mayor carga procesal tienen a nivel nacional en relación a la justicia juvenil”.

Polit afirma que en la ciudad existen células de bandas criminales que captan a niños, niñas y adolescentes de barrios conflictivos para que se unan a sus filas.

Informa que la delincuencia organizada tiene una mayor consciencia de los procesos de desarrollo psicológico, social y familiar que viven los chicos.

Las bandas, según Polit, aprovechan los contextos de vulnerabilidad en los que se desarrollan, con elevado grado de pobreza, violencia intrafamiliar, abandono, inseguridad. “Conocen del sentido de pertenencia que busca un chico a esa edad y le ofrecen afecto o recursos económicos para generar confianza”.

Según la Dinapen, los delitos para los que más suelen ser reclutados son el robo y el tráfico de droga a mínima escala.

Pero parece que las bandas quieren usar a los guambras para otros actos ilícitos. La madrugada del jueves, en el sector de Buenaventura, en el sur de la capital, la Policía desmanteló una organización que se dedicaba a robar a los usuarios del sistema de transporte urbano de la ciudad.

El coronel Rolando Jácome, jefe de la Sidpro-BAC, indica que esta estructura utilizaba a los menores de edad en el contexto de la operatividad. Es decir, los ‘pelados’ eran los que se ‘bajaban’ los celulares de los pasajeros. “Como la investigación es previa, por el momento las boletas de detención son solo para los adultos”.