El descontento de transportistas de diversos sectores productivos del cantón Mejía, al sur de Quito, sigue creciendo por la presencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la vía Alóag-Santo Domingo.

El reclamo se ha generalizado porque supuestamente los agentes exigen dinero a los choferes durante operativos en diversos puntos de la vía, explica Guido Villamarín, representante de transportistas pesados de Mejía.

“En los controles nos ven lo mínimo y se han dado muchos casos de extorsión”, precisa. Aparentemente, algunos de sus compañeros y otras personas han accedido, para evitar hacer trámites engorrosos, así como el gasto que representa: pago de wincha, multas...

Por eso, los choferes interprovinciales e intercantonales organizan con frecuencia marchas para denunciar los presuntos casos de cohecho. “Cuando los señores ingresaron a nuestro cantón, ni siquiera se hizo una socialización”, cuenta Fernando Quiña, otro líder de transportistas pesados de la localidad.

Campañas

A la CTE se le entregó el manejo de esa vía el 30 de octubre del año pasado y el acto oficial se realizó en la parroquia Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), en Mejía. La institución remplazó a la Policía Nacional (que hasta ese entonces estaba a cargo del tránsito) y se abrió un período de transición de 30 días, tiempo en el que se llevaron a cabo campañas de socialización.

La Comisión destinó 120 uniformados equipados con 12 patrulleros (que incluían frecuencias radiales), 300 conos, 100 tanquetas.

Un mes más tarde se envió un documento a la Presidencia de la República desde la Alcaldía de Mejía, portavoz “de la inconformidad de nuestros pobladores ante la llegada de la CTE”. La Municipalidad pedía que se retirara a la Comisión “debido al problema generalizado de actos de corrupción a nivel nacional”.

Pero no ha pasado nada. Para Washington Díaz, jefe del Departamento de Asuntos Internos de la CTE, todo lo expuesto por los transportistas son simples especulaciones. “Durante el tiempo que llevamos en la vía, jamás me ha llegado un documento por escrito para sustentar una denuncia”.

Según Díaz, las personas que hablan de supuestos casos de extorsión tienen que presentarse en las diferentes jefaturas que tiene la Comisión e iniciar un proceso formal. Eso permitirá dar con los agentes que infrinjan la ley (con nombre y apellido) y se abrirá un procedimiento con el fin de determinar la culpabilidad o no del imputado. Y después, las sanciones.