No es percepción, sino una realidad. El auge delincuencial y la forma cada vez más cruel en que se ejecutan los crímenes mantienen en zozobra a los ecuatorianos. El temor y la incertidumbre se han apoderado de la ciudadanía. Tanto así, que ya ni en la casa de Dios se puede estar a salvo.

La matanza no solo es física, también psicológica. Prueba de este terror del que somos víctimas los ecuatorianos es el asesinato perpetrado la noche del pasado 10 de abril dentro de una iglesia en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Mataron a tiros al sargento de policía Pablo Cifuentes Muñoz y a Jenny Quijije Suárez, una mujer que solo acompañaba a su hija a catequesis. Sus cuerpos quedaron entre las bancas donde los feligreses escuchaban misa.

La mañana siguiente otro hecho violento alarmaba a la ciudadanía.En uno de los puertos de Esmeraldas, 9 pescadores fueron asesinados a tiros por cancelar la ‘vacuna’ a una banda adversaria; mientras que en Guayaquil, en el sector de la Bahía, varios comerciantes cerraban sus locales por temor a la delincuencia. Estos hechos de sangre y de terrorismo han afectado psicológicamente a la ciudadanía, la cual ahora no se siente segura ni en sus propios hogares.

Del 1 de enero al 14 de abril de 2023, en Ecuador se han registrado 1.881 asesinatos. El Distrito Metropolitano de Guayaquil, también llamado Zona 8, conformado por Guayaquil, Durán y Samborondón, encabeza esta cruenta lista.

Solo en esta jurisdicción se han producido 675 decesos a consecuencia de la violencia. En el 2022, a la misma fecha, se registraron 1.095 crímenes. Otras subzonas que también padecen el incremento de la violencia son El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y Santa Elena (ver infografía).

Para entender cómo es el aumento de sucesos violentos a cualquier hora o lugar y los atentados en contra de policías, autoridades o funcionarios públicos que están afectando la psiquis de la población, que considera que Ecuador dejó de ser una isla de paz y se convirtió en un país a merced de narcodelincuentes, Diario EXTRA consultó con dos expertos: el sociólogo Andrés Martínez Arrata y el psicólogo forense Segundo Romero.

Martínez Arrata considera que la delincuencia ha tocado hebras tan sensibles y que la falta de un organismo ejecutor ha permitido que todo se salga de control y que la inseguridad deje de ser una percepción y se convierta en una realidad.

“El país está en estado de indefensión. Por miedo, la gente comienza a cerrar sus negocios; estamos a merced de los robos, de ser extorsionados, secuestrados, hay terror hasta de visitar a un familiar, salir a caminar o a comer afuera. Es necesario que se sienta la presencia del Estado. El permitir el porte de armas no es una solución, podría volverse un problema a corto plazo”, expresa el expresidente del Colegio de Sociólogos del Guayas.

Sin embargo, para Romero, quien además de ser perito del Consejo de la Judicatura es un oficial en servicio pasivo que fue parte de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes, el aumento de la delincuencia está causando una psicosis colectiva en el país, al punto de que el ciudadano se siente desamparado y vulnerable.

“Todo ser humano tiene miedo, y el miedo es bueno, pero cuando pasa ciertos límites se vuelve malo y perjudicial para la salud, debemos tener en cuenta que este temor se magnifica por la información de los medios de comunicación y de las redes sociales, todo lo que se ve y escucha está desatando un ataque de pánico colectivo”.

Sostiene que en este mundo donde el estado emocional de la sociedad depende de lo que se dice o se ve en Internet, hay delitos en los que ni la policía se entera y ya las redes sociales informan y desinforman, y esto genera más pánico, lo que termina socavando la tranquilidad de los ciudadanos y provocando indefensión y abandono.

De las 1.881 muertes violentas registradas hasta el 14 de abril, 1.724 han sido asesinatos, 121 homicidios, 32 femicidios y 4 sicariatos.

Para Romero, la inseguridad muchas veces tiene tinte político, porque, afirma, existen casos en que se divulgan vídeos de asaltos y lo primero que hacen es criticar la actuación del Estado, de la Policía Nacional y no se dan cuenta de que el trabajo es de todos.

“Ahora se piensa que los militares tienen la varita mágica y no es así, no porque ellos salgan a las calles disminuirán los hechos violentos. La psicosis colectiva de tranquilidad es real, no es subjetiva ni una percepción, porque lo que se está viendo y palpando es lo que genera el trauma. El grado de agresividad con el que acaban con las víctimas es terrible, usan hasta armamento de largo alcance, de uso militar, no les importa dañar a gente inocente”, agrega.

Romero y Martínez Arrata coinciden en que la falta del liderazgo del Gobierno influye para que el ciudadano bueno y trabajador, que no tiene nexos con organizaciones criminales se sienta atrapado en esta telaraña criminal que, incluso, sin importar le arrebata la vida a niños.

“Así como van las cosas, todo empeorará, estamos a la mitad del camino de lo que vivió Colombia hace una década, los policías prefirieron ir al campo a trabajar. Desgraciadamente esta psicosis colectiva de inseguridad también la vive el policía y el militar, quien no se siente respaldado a veces ni por la población, porque en vez de apoyarlos les quitan las armas, los agreden, compañeros me dicen que cuando hay una balacera prefieren llegar tarde y llegar a levantar los muertos que recibir una bala”, sostiene.