Ángel Rosendo Iza grabará para siempre en su memoria el último recuerdo alegre que tuvo con su hijo José Luis, de 28 años, uno de los 11 militares asesinados en Orellana. “Hace ocho días fue a Pastocalle (Cotopaxi), de donde somos oriundos, y me ayudó a trabajar la tierra. Yo me dedico al campo y con eso he mantenido a mi familia”, rememoró.

El padre de familia viajó desde Cotopaxi hasta el Centro Forense de Lago Agrio, en Sucumbíos, para hacer los trámites de retiro del cadáver de su vástago. Con el dolor a cuestas, Ángel era sostenido por un pariente para que no desfalleciera mientras hablaba con orgullo sobre José Luis.

La víctima tenía el rango de teniente y laboraba ya dos años en la Brigada de Selva 19 Napo, asentada en El Coca, capital de Orellana. El 9 de mayo, en esta provincia, José Luis y sus hermanos de armas fueron abatidos por los criminales pertenecientes al grupo Comandos de la Frontera (CDF), conformados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Pasadas las 14:00 de esa fecha, un grupo de 80 militares equipados y armados, entre ellos José Luis, arribó hasta Alto Punino, localidad empotrada en la zona norte de Orellana, para ejecutar un operativo contra la minería ilegal. Según el Ejército ecuatoriano, el ingreso fue por vía aérea y un grupo de combate fue emboscado por CDF.

Los asesinos usaron armas largas tipo fusil así como explosivos para atacar a los uniformados ecuatorianos. Sin embargo, lo que parecía una escaramuza, esta se ascendió al punto de acabar con la vida de 11 soldados.

Las familias se enteran de la masacre de 11 militares en Orellana

La noticia llegó a oídos de las autoridades ecuatorianas que organizaron un equipo de investigación con miembros de la Fiscalía General del Estado, Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased).

Los peritos fueron hasta el territorio de la matanza e hicieron el levantamiento, tanto de los cuerpos como de evidencias. Entre estas últimas se hallaron armas de grueso calibre, explosivos, vestimenta tipo militar y demás pertrechos que revelan la fuerte presencia de esta disidencia extranjera en nuestro territorio.

Pero la noticia de la desgracia también ‘voló’ hasta la familia del cabo segundo Jefferson Iván Alvarado, de 28 años, que reside en el recinto Jesús del Gran Poder, perteneciente al cantón Cascales, en Sucumbíos. Su padre Jorge Alvarado contó que uno de sus hijos, también militar, supo del ataque, pero se desconocía el nivel de violencia.

“Ya para la noche (del viernes 9 de mayo) esperamos a que se enviara una lista. Fue en ese momento que vi el nombre de mi hijo y supe lo que realmente pasó”, indicó el progenitor, asimismo, afuera del Centro Forense de Lago Agrio.

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Honras fúnebres en Lago Agrio y luego a Quito

Ambos padres de los uniformados emprendieron el viaje desde sus respectivas comunidades para llevar a cabo los trámites. Al mismo tiempo, los cadáveres fueron extraídos desde Alto Punino hacia el Centro Forense, durante la noche del viernes y madrugada de ayer.

Para resguardar el trabajo pericial en este edificio, se ubicaron soldados armados afuera de las instalaciones. Entretanto, familias de los fallecidos arribaban poco a poco hasta este sector sucumbiense.

Sin embargo, la espera se hacía eterna porque las autopsias estaban a cargo, supuestamente, solamente de un médico legista. Además, los parientes explicaron que las órdenes fiscales para seguir adelante con esta pericia debía llegar desde la provincia de Orellana.

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Además, al principio no estaba claro cómo sería el traslado de los cadáveres. Pero, con el paso de la mañana, las autoridades militares informaron a los familiares que se haría una capilla ardiente en el cuartel del Grupo de Fuerzas Especiales (GFE) 53 Rayo, en Lago Agrio, tras su salida del Centro Forense de esa misma ciudad.

Una vez en el cuartel del GFE, el drama familiar no se detuvo. Las palabras de aliento, abrazos a los dolientes y lágrimas ante la desgracia fueron parte de la dramática jornada que luego se extendió hasta el aeropuerto de Lago Agrio.

Los 11 soldados asesinados fueron trasladados hasta la terminal aérea para ser embarcados en un avión que los llevaría a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito. Allá continuaría el homenaje, ante los ofrecimientos de las autoridades de búsqueda de culpables así como de justicia.

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