A los pobladores de Patután, en Cotopaxi, les ‘cayó’ un problema gigante. Para ser exactos, una construcción de 700 mil metros cuadrados que alberga a 5.166 privados de su libertad. Sí, el Centro de Privación de Libertad (CPL).

Los moradores de esa localidad han sufrido por dos motines. El último fue el 21 de julio. Dejó 19 presos muertos y cerca de 100 fugados -28 no han sido recapturados (ver infografía)-. Pero también lidian con la delincuencia que, hasta antes de 2014 -fecha de la llegada de la cárcel-, era escasa.

Lunes, 16:00. Para ir a Patután desde la penitenciaría se recorren, en auto, 4,3 kilómetros hacia el occidente. Luego de cinco minutos de camino, aparece el atrio de su iglesia que tiene dos campanarios. A esa hora, sus puertas están cerradas.

Junto al templo hay una Unidad de Policía Comunitaria, pero los agentes no están. Al frente se encuentra la plaza central, amplia y con poca gente.

Las personas miran desconfiadas a los extraños. “Acá nos conocemos todos porque es un pueblo pequeño. Son ellos (los foráneos) los que vienen a robar”, cuenta Pamela Arequipa, de 27 años.

La joven luce un delantal de cuadros rojos y grises. Ella atiende el restaurante de su madre, ubicado a un lado de la plaza. Asegura que, por culpa de los choros, los ingresos han disminuido, ya que cierran temprano.

“Abrimos a las 15:00 y atendemos hasta las 20:00. Antes nos quedábamos hasta las 22:00”.

Es que en Patután ya no caminan tranquilos. Tienen miedo a que los asalten, a mano armada, en cualquier momento.

Abigeato

La chica también cuenta que hacer un flete a donde sea es riesgoso. “Hay taxis y camionetas que circulan sin placas y la gente que los contrata es asaltada”, comenta Arequipa, parada cerca de la freidora de las papas.

Hay ladrones que también recorren el poblado robándose animales. Ese fue el caso de Rosa Maigua, agricultora que vende borregos. Hace poco, ella amarró a una cría a un árbol, afuera de su casa, ubicada en el sector 5 del poblado.

En ese momento, vio pasar a una camioneta, pero no le dio importancia. Maigua entró a su domicilio. Salió luego de 10 minutos y su borrego ya no estaba.

“Esta es la tercera vez que me roban. Yo compro los animales en cincuenta dólares, los crío y luego los vendo a sesenta”. Estima que la pérdida, hasta ahora, es de 180 dólares.

Apolinario Yánez, presidente de Patután, dice que ante la presencia de delincuentes, decidieron organizarse en cada uno de los cinco sectores que conforman el poblado. “Los fines de semana hacemos recorridos, durante las noches, para evitar robos”.

Además, tienen la consigna de “ladrón atrapado, será castigado”. Según Yánez, ellos están facultados para aplicar la justicia indígena. Y ya lo han hecho, asegura. Fue con unos sujetos que intentaron ingresar a una casa. “Los ‘purificamos’, les aconsejamos y luego los entregamos a la Policía”.

Incomunicados

Yánez explica que cuando ocurre alguna novedad, tienen una forma particular de comunicarse. En los cinco sectores hacen sonar sirenas para convocar a la gente.

Al tiempo, el presidente del barrio insiste en el llamado de sus vecinos a través de los altoparlantes de la iglesia. “Por favor, vengan para que esto no vuelva a ocurrir”, es el mensaje que generalmente se anuncia a viva voz.

La última vez que se hizo un llamado fue cuando uno de los fugados del CPL llegó a Patután, luego de la reciente matanza. Pretendía esconderse de la Policía, pero lo identificaron afuera de una tienda. Lograron aprehenderlo.

Además, Yánez dice que tienen una razón para convocar a los residentes de ese modo: no hay señal de celular. “Es por culpa de los inhibidores que tienen en la cárcel. Durante el motín -nos dijeron- que los presos destrozaron esos aparatos. Ojalá no los arreglen”.

Y es cierto. En la plaza central apenas se puede llamar por teléfono. Cuando se tiene señal, la comunicación se corta.

“¡Fuera la cárcel!”

Hay dificultad para contactar a la Policía ante un asalto. Tener cerca los inhibidores también ha generado más pérdidas a otros sectores, como el ganadero o agrícola.

“Nuestros clientes no pueden llamarnos para concretar un negocio porque no hay cómo conectarse”, aseguran los pobladores. Asimismo, los estudiantes tampoco pueden recibir clases en sus casas porque los aparatos de esa ‘peni’ también afectan la Internet. Es un martirio, precisa la gente.

Por estos problemas -más los crímenes de febrero y julio-, los patutenses organizaron una marcha para pedir que el CPL se vaya. O al menos, que se convierta en un centro provincial para que no exista sobrepoblación de internos.

“Dijeron que se construiría un plan habitacional. Hasta había carteles que lo anunciaba. Pero, de un momento a otro, resultó que era una cárcel”, cuentan los pobladores, que con carteles en mano hacen su reclamo.

Aspiran que sus súplicas serán escuchadas. Pero hasta que eso suceda, su miedo por lidiar todos los días con la delincuencia seguirá latente.

Chantilín también sufre por la cárcel

Esta parroquia, en cambio, se encuentra a más de siete kilómetros hacia el norte del centro de privación de libertad. Cuando ocurrió la nueva matanza, los presos que se fugaron llegaron a este sector a través del río Pumacunchi.

“Suponemos que cuando salieron, estuvieron desorientados y se guiaron por este afluente”, precisa Paúl Valenzuela, uno de los moradores que recibió la alerta de fuga en su celular. Él y los demás residentes se organizaron con la Policía para dar ‘cacería’ a los prófugos.

Según Valenzuela, se tardaron cerca de 12 horas en dar con 10 privados de su libertad. Estaban escondidos en las riberas del río, casas abandonadas e incluso uno pretendió subirse a un bus para fugarse.

“Desde que llegó la cárcel, la delincuencia ha aumentado en la parroquia. La venta de droga es de miedo”, acota el morador.