Dos grupos prioritarios deben recibir la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en Ecuador: los médicos que tienen contacto directo con infectados y los adultos mayores de geriátricos públicos.

Pero, al parecer, los ofrecimientos se han cumplido a medias por las denuncias de irregularidades en la aplicación de las dosis en la llamada Fase 0. Entre estas quejas consta, por ejemplo, que personal que no está en la primera línea de atención hospitalaria fue vacunado, al igual que ancianos de un centro privado de la ciudad capital.

Ante los aparentes favoritismos y palanqueos, Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, detalló que Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, debe desvirtuar todas estas supuestas irregularidades. “Como hemos dicho lo importante es que esta fase tiene que ser lo más transparente posible, algo que demanda el país”.

Para hablar de este proceso, el ministro Zevallos compareció el lunes 25 de enero ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y una de las interrogantes que se le formuló fue la razón por la que estuvo en aquel centro geriátrico quiteño. El funcionario adujo que ese lugar estaba en la lista de beneficiados y que tenía el mismo derecho que otros hospitales.

Publicar el proceso

Durante la intervención, Zevallos habló también de la adquisición de las vacunas, en la que hay un acuerdo de confidencialidad con la farmacéutica que impide revelar tanto detalles de las negociaciones como de los nombres de quienes conforman las listas para las inmunizaciones.

Ante esto, David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), detalló que este 27 de enero está previsto que se discuta la aprobación de una veeduría que supervise todo el proceso que se ha ejecutado con las vacunas. “De acuerdo a las denuncias ciudadanas -precisó-, se ve que hay un manejo negligente. La información debe ser pública como lo establece la ley. No podemos pasar del reparto de los hospitales al de las vacunas”.

Rosero explicó que, de aprobarse la petición, el grupo especial de veedores debería conformarlo personas conocedoras de temas médicos, que no estén ligadas a cargos estatales, así como gente que sepa acerca de contratación.

Desde la Defensoría del Pueblo también se tomarán acciones. Freddy Carrión, su titular, explicó que se organizaron las delegaciones provinciales de esta entidad para recabar las denuncias. “No se conoce cuál es el número de vacunas entregadas a gente que no es prioridad”, añadió.

Para Carrión, actualmente las autoridades están usando información privilegiada para su propio beneficio, lo cual es sinónimo de un delito y de una eventual destitución del cargo. “Incluso pediremos la renuncia del ministro de Salud por todo lo que ha pasado”, finalizó el defensor del Pueblo.

Se exigirá, según Carrión, que se entregue la fecha exacta del arribo del resto de dosis del primer lote. Esto ya que el pasado 20 de enero solamente llegaron 8.000 fármacos de un total de 86.000 para 43.000 personas.

Según Zevallos, durante su intervención, el resto estaría en el país hasta finales de febrero. Para marzo, en cambio, se empezaría con la aplicación de dosis al personal médico que no fue incluido en la Fase 0, luego militares, policías, y finalmente el resto de la población.

El Ministerio de Salud informó que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) aprobó la importación de otra vacuna contra el COVID-19. Pero esta vendrá de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La cartera estatal señaló que se prevé traer un total de cinco millones de dosis para aplicarlas a 2.5 millones de ecuatorianos.