Plantones afuera de la Fiscalía, pastillas antidepresivas, amenazas de muerte, lágrimas... todo esto deben padecer las madres de víctimas que han sido asesinadas o que han desaparecido.

Sus vidas han cambiado por completo luego del suceso relacionado con su familiar. Algunas mujeres han dejado sus trabajos para dedicarse a buscar la verdad, mientras que otras todavía no pueden superar el luto y continúan con la esperanza de volver a ver a sus parientes.

A diario, Olga Rodríguez toma tres pastillas luego del desayuno y cinco antes de dormir para disminuir los síntomas de la ansiedad. Además, consume un gotero que le ayuda a tratar las crisis de angustia y depresión. Va al psiquiatra dos veces al mes y visita al psicólogo por tres ocasiones.

Este tratamiento es para superar la pérdida de su hija trans, quien fue asesinada con varias puñaladas, el 1 de noviembre del 2020. La investigación del caso continúa en curso, pero todavía no hay un sospechoso al que lo relacionen con el crimen.

Sin embargo, Rodríguez cree que el responsable es la última pareja de Cristina, quien se ha convertido en una pesadilla para la señora, de 62 años.

Ella cuenta que desde el día del hecho violento ha dejado de ir al Centro Histórico porque allegados le han dicho que vieron al hombre caminar por ahí. “Vive de albergue en albergue huyendo de la ley”.

Pero el miedo no la paraliza para continuar presionando a las autoridades y que se esclarezca el caso. Rodríguez compró una caja de marcadores y carteles en los que escribe mensajes para exigir justicia por su hija y se planta en las afueras de la Fiscalía.

La mujer dice que el amor de madre le permite seguir en pie de lucha, aunque tenga bajones anímicos, aunque tenga paranoia, aunque nadie la quiera apoyar. “Una mamá es capaz de hacer todo por un hijo”.

Cristina era su única descendencia. Con su muerte, Rodríguez quedó sola. Por eso, las pocas cosas que logró recuperar de su hija, como perfumes, peluches y fotografías las guarda con recelo en su dormitorio. Añora un día levantarse y volverla a ver.

Para este 8 de marzo, Día de la Mujer, la señora pretende hacer un almuerzo con sus familiares más cercanos y preparar shawarma, el plato favorito de su hija. Quiere rendirle un homenaje haciendo las cosas que le gustaban a Cristina. Luego de eso irá a la Fiscalía para seguir presionando con las diligencias judiciales.

Las cifras que maneja esta entidad muestran que, de enero a octubre del 2021, se registraron 54 femicidios, sin embargo, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, mediante un registro desde la sociedad civil han sumado 197 muertes violentas relacionadas por razones de género (ver infografía).

Según la Fundación Aldea, ese año fue el más violento contra mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio, el 10 de agosto del 2014.

Lucha interminable

María de Lourdes Mejía llega a las 08:00 a la Fundación Desendor (Desaparecidos en Ecuador), organismo sin fines de lucro a la que ella representa. Está ubicada en La Marín, en el centro de la capital. Conversa con familiares de personas que desaparecieron en las últimas semanas. Los ayuda a imprimir carteles para su búsqueda y también les da asesoría para que sepan cuál es el proceso judicial que deben seguir para encontrar a sus parientes.

Esta actividad la realiza desde hace más de una década. Todo inició como una página web para encontrar a su hija, María Fernanda Guerrero, quien desapareció la tarde del 15 de enero del 2010.

Luego se convirtió en un grupo de activismo social y ahora cuenta con 1.056 voluntarios y familiares de desaparecidos. Mejía pretende internacionalizar a la fundación. “Lo que me llena es ayudar a la gente a encontrar a sus familiares, a pesar de que no sé nada de mi hija”.

La señora no se desanima de encontrar la verdad en el caso de María Fernanda, a pesar de que el principal sospechoso, el exesposo de la mujer, quien podría ayudar con evidencias para hallar su cuerpo, está en la tumba.

El hombre fue uno de los 79 reos que fueron asesinados en los cuatro motines simultáneos que se dieron en febrero del 2021. Él cumplía una pena de 25 años por asesinar a una joven en El Carmen, provincia de Manabí.

Cuando Mejía se enteró del hecho lloró devastada. Tenía miedo del implicado porque por varias ocasiones la amenazó, pero lo quería vivo para encontrar justicia. “No lo puedo asimilar hasta el día de hoy, porque ese tipo se llevó la verdad con su muerte”.

Aún así, la mujer no da marcha atrás. Ella continúa presionando a la Fiscalía para que se agilicen diligencias en las que se involucren a posibles encubridores del crimen.

Mientras pasa eso, la mujer prepara un manifiesto para presentarlo a la Asamblea este 8 de marzo, en el cual exige al Estado acciones para encontrar justicia, verdad y reparación para los familiares de las víctimas. “Como madres, como mujeres, somos guerreras y debemos seguir en pie”.

Desde cualquier ‘trinchera’

Lissette Pardo, abogada penalista y experta en violencia de género, señala que a pesar de las cifras alarmantes de víctimas por femicidio o de desaparecidos, el Estado no responde y “eso es violencia estatal” que debe ser sancionada y reprochada por la sociedad.

La jurista explica que a falta de apoyo gubernamental, las madres de las víctimas de violencia de género, de femicidio, de niños y niñas vulneradas se vuelven activistas, periodistas, voceras, abogadas, peritos, médicos legales, fiscales... “se olvidan de vivir y empiezan a sobrevivir, sobreviven con la realidad que les cambió la existencia. Sobreviven a un Estado negligente a través de sus instituciones”, finaliza.