Marjorie tiene 43 años y casi una década habitando en la manzana 910 de Socio Vivienda 2, plan habitacional ubicado en el noroeste de Guayaquil. Ayer la presencia de policías y militares no fue motivo de tranquilidad y de paz para ella ni para 1.090 familias que habitan en este sector.

En el segundo operativo realizado por uniformados, en menos de una semana (el primero se ejecutó el viernes 2 de septiembre tras dos balaceras en este lugar), también estuvieron presentes a trabajadores de una contratista de la Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador, CNEL, y del consorcio Urvaseo. Los primeros llegaron para cortar el servicio a quienes adeudan más de una planilla y los otros para limpiar las calles y veredas.

Marjorie, guayaquileña y madre de tres hijos, era parte de esa lista de morosos y asegura que no cuenta con los recursos económicos para cancelar los 2.000 dólares que adeuda a la empresa eléctrica.

“Cómo es posible que ahorita nos vengan a cortar la luz, como si no fuera suficiente vivir en medio de balaceras, de delincuentes o rodeados de policías y militares. Mis hijos y mis nietos viven aterrados, somos personas pobres, apenas tenemos para comer, hace 10 años me desalojaron y me reubicaron en este sector, no escogí vivir aquí”, manifestó en tono enérgico Marjorie.

Otra moradora, Angélica, también es parte de la lista de deudores. La mañana de ayer, parada junto a una tienda a una cuadra de su casa, observaba la labor de los uniformados y de quienes llegaron a desconectar los cables del medidor.

Aseguró que a su casa no llegan las planillas de luz ni de agua potable y que desconoce cuál es el valor que adeuda en la actualidad. “Mi esposo está sin trabajo, a veces comemos de lo poco que conseguimos vendiendo frutas, de dónde vamos a sacar para pagar la luz. Nos dejan más indefensos ante la delincuencia. ¿Las autoridades se han preguntado qué va a pasar cuando se vayan los militares? Si antes vivíamos en zozobra, ahora lo vamos a hacer en tinieblas”, lamentó Angélica.

La lista de afectados por el corte del suministro la engrosan dos adultos mayores que residen en la manzana 2904, de la etapa Mariposa. Ellos afirmaron que su deuda rebasa los 300 dólares y que no tienen dinero para cancelar la planilla porque carecen de ingresos económicos. “Nos cortan la luz y nos dejan más desprotegidos. Esto es tierra de nadie, aquí no llega la planilla y vivimos enjaulados por la inseguridad. Dicen que los militares van a estar 15 días más y cuándo ya se vayan qué será de nosotros”, lamentó el septuagenario.

Podría agravarse la situación

El director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, considera insensata e indignante la acción de CNEL en este sector.

Sostiene que el corte de energía eléctrica agrava severamente las condiciones de vida de los habitantes y conducen a agudizar la violencia.

“El Estado debe entender que se trata de una sociedad largamente excluida y abandonada. Las 3.000 familias que habitan en este sector están sufriendo una violencia extrema. No hay ningún soporte que justifique una restricción del servicio eléctrico. Ya el hecho de la militarización constituye una agravante, no están resolviendo la convivencia de esas personas”, expresó Navarrete.

Aseveró que la mayoría de las familias que habitan en Socio Vivienda durante años han reclamado la titularidad de sus casas, luego de que fueran desalojadas de sus antiguos hogares.

Sin embargo, para el coronel en servicio pasivo y experto en seguridad Abraham Correa es obligación de los ciudadanos acatar las disposiciones del Gobierno y pagar los servicios básicos.

“Es un sector sin Dios y sin ley, es por eso que la fuerza del orden está actuando, se debe ser responsable y pagar los servicios. En lugares bastante críticos, como los Guasmos y suburbio, también hay problemas, pero no a toda una población se le ocurre no pagar la luz, salvo situaciones de enfermedad o extremas. Aquí quieren servicios sin haber cancelado, porque se dejaron aumentar los costos”, objetó el exjefe de la Policía.

Fernando Gutiérrez, coordinador de la compañía Asosereco, empresa encargada del corte y reconexión del servicio eléctrico, manifestó que deber una planilla ya es considerado mora y en ese sector varios moradores tienen deudas que sobrepasan los 1.000 dólares. “Es difícil llegar a Socio Vivienda y cortar la luz a los que tienen planillas sin pagar, no nos permiten entrar, hemos sufrido amenazas”, señaló.

El coronel Diego Hidalgo, jefe del distrito Nueva Prosperina, informó que la labor de los 260 policías y 280 militares que participaron en la intervención era la recuperación del espacio y que se aprovechó el contingente policial para pintar las paredes y bordillos que habían sido grafiteados por bandas criminales que operan en el sector.

“La Policía va a estar de forma permanente, así como las Fuerzas Armadas mientras dure el estado de excepción. La seguridad es parte de la ciudadanía. Allanamos tres casas en las que se desarrollaban actividades irregulares. Aquí traen a personas víctimas de secuestro exprés”, afirmó.