Unos salen y otros entran. Todos señalados por el mismo delito: pornografía infantil. Horas después de que a tres procesados por el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes les otorgaran medidas sustitutivas para que salgan en libertad, diez personas fueron detenidas en el país por su presunta participación en el mismo tipo de delito.

El cambio de la prisión preventiva que pesaba contra Luisa Stefanía Espinoza Pólit, Ydris Ivonne Mina Castillo y Samuel Wilman Chávez Vivero generó el rechazo de la Fiscalía. Postura que la institución expuso en un comunicado.

En la audiencia de revisión de medidas, efectuada el martes 25 de abril de 2023 por la tarde, la Fiscalía “sostuvo que los elementos por los cuales se solicitó y dispuso la prisión preventiva no han cambiado”. Por tal razón, el pedido de los procesados “no tenía sustento legal para ser aceptado”, indica el comunicado.

La entidad informó que denunciará al juez Roberto Calderón, quien resolvió reemplazar la prisión preventiva a Espinoza, Mina y Chávez. Recalcó su preocupación ante esa decisión y “considera que es un desacierto”, pues “no cumple con las condiciones estipuladas en la ley para que sean revisadas y modificadas”.

Los procesados ahora tienen prohibición de salida del país, deben presentarse tres veces por semana ante el fiscal de la causa y portarán un dispositivo de vigilancia electrónica.

El magistrado, en su dictamen, indicó que la Fiscalía “no fundamentó como titular del ejercicio de la acción pública, probar con hechos concretos, que las medidas solicitadas no asegurarían la comparecencia de los encausados al proceso”.

En tanto que en declaraciones a EXTRA, Ronald Cantos, abogado de Espinoza, señaló que el juez no ratificó la prisión preventiva porque “sigue sin existir un solo video de carácter sexual en el que estén involucrados menores de edad”.

El pasado 28 de febrero, día en que se detuvo a los procesados durante varios allanamientos, la Policía señaló que se incautaron equipos de almacenamiento con más de 10.000 archivos de videos sexuales, en muchos de los cuales aparecen menores de edad.

La instrucción fiscal por este caso es de 90 días, de los cuales quedan 32. Plazo en el cual la Fiscalía debe recabar los elementos de convicción.

El delito por el que se investiga a los procesados, de acuerdo con el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal, implica una pena privativa de libertad de 10 a 13 años para la persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio, pornografía de niños, niñas y adolescentes.

Estaba previsto que Espinoza, Mina y Chávez abandonen el centro carcelario este miércoles 26 de abril de 2023. El proceso judicial continúa su curso. (MPG)

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