El presidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jhayya esperó en vano este lunes 27 de septiembre de 2021 por la comparecencia de la suspendida jueza de Violencia contra la Mujer de Quito María Belén Domínguez. Ni ella ni sus defensores llegaron para la audiencia de formulación de cargos por posible tráfico de influencias.

El alcalde en disputa presentó una acción de protección y un pedido de medidas cautelares para evitar que su remoción, resuelta el 3 de junio, se ejecutoríe. Esas presentaciones se habrían hecho de forma irregular. La acción de protección se presentó como un caso de violencia y las medidas cautelares como pago de honorarios. Domínguez fue suspendida desde el 9 de julio. 

Se anunció una investigación en la Judicatura junto con otros cinco servidores judiciales. El presidente de la Corte impuso una multa de medio salario a sus tres abogados por no presentarse a la audiencia.

Pocos minutos antes de la hora de la diligencia, Domínguez ingresó un escrito diciendo que se atiende en el hospital del IESS de Sangolquí por afectación a su salud. El juez le dio 24 horas para que envíe el certificado, sino también recibirá una sanción.

EXTRA consultó a Víctor Hugo Cevallos, uno de los defensores sancionados. El abogado indicó que fue comunicado por la jueza que ella asumiría su defensa en el ámbito jurisdiccional. Cevallos señaló que los tres sancionados efectivamente son patrocinadores de Domínguez pero en la investigación previa abierta en la Fiscalía. 

Para la nueva etapa que es la formulación de cargos la jueza habría señalado que no estaba en condiciones económicas para pagar el patrocinio y que iba a asumir su propia defensa. El abogado reiteró que en el proceso no hay un solo escrito para que asuman la defensa, por eso presentarán un escrito ante el titular de la Corte para explicar que los tres abogados no están facultados para asumir la defensa.

Cevallos dijo que llama la atención que quienes piden la sanción sean precisamente el fiscal de Pichincha Alberto Santillán y los representantes de la Judicatura que la semana anterior no habrían acudido a dos audiencias privadas de extracción de información. "No podemos participar en una diligencia a la que no estamos autorizados", reiteró. 

Jhayya volverá a fijar nueva fecha para la diligencia. En el mismo caso, este lunes Gabriela Beltrán una de las judiciales suspendidas por el caso de los sorteos presentó una acción de protección en contra del informe que habría emitido el director de la Judicatura de Pichincha que recomendaría su destitución junto con la del juez Carlos Soto. 

Su abogado Ciro Guzmán insistió que el usuario y la clave de su cliente fueron utilizados en al menos 15 ocasiones sin su conocimiento. Criticó al Consejo por no profundizar en el tema y no hacer nada por llegar a la verdad.