El infierno vivió un chico, de 23 años, en un departamento de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, al sur de Quito. Él creyó que tendría un encuentro con una trabajadora sexual, pero en realidad aparecieron tres mujeres trans que lo habrían violado.

Para llegar a ese lugar, la víctima ingresó a una página de Internet en la que se ofertan servicios sexuales. “Se da un clic sobre la fotografía y automáticamente se dirigía a un chat”, explicó Julio Pillajo, teniente de la Policía Judicial (PJ) subzona Pichincha, quien indagó el caso.

El joven conversó con una mujer y concretaron una cita en el domicilio, ubicado en el centro de Sangolquí, el pasado 22 de octubre. El muchacho entró, pero quien lo recibió fue una chica transexual, por lo que inmediatamente quiso salir del lugar, acotó el agente.

Pillajo detalló que en ese momento apareció un hombre junto con dos mujeres trans. Lo habrían amenazado con cuchillos y empezaron a desvestirlo para ultrajarlo con los dedos.

No solo eso. Los implicados grabaron la agresión sexual a la víctima que no podía hacer nada. “Si no quieres que esto se publique en redes sociales, tienes que darnos plata”, le habrían exigido al joven.

Sin dejar de amenazarlo, le obligaron a que les hiciera transferencias bancarias, según las pericias. Fueron cinco: una de 50, otra de 200, una de 100 y dos de 600 dólares.

El muchacho salió de esa casa con la esperanza de que, al menos, no se haría público el video. Pero no quedó ahí. Al siguiente día, los tipos lo llamaron nuevamente para pedirle otros 700 dólares, de lo contrario publicarían las imágenes.

incursión y detención

“Luego de que lo llamaron, el joven vino donde nosotros (Policía) a denunciar”, contó Pillajo, quien junto con su equipo organizó un allanamiento en dicha vivienda.

Los integrantes de la PJ ingresaron al inmueble y hallaron a Bryan Cárdenas, José Álvarez, Catalina Barzola y David Ilaquize, detenidos para investigaciones.

Los uniformados supieron que el grupo buscaba una casa de arriendo para hacer los encuentros sexuales. Se quedaban dos meses -o más- y luego cambiaban de lugar.

Los aprehendidos habrían filmado a sus ‘clientes’ para luego estafarlos. Los perjudicados accedían porque, según Pillajo, la mayoría de ellos son casados y no querían que supieran sus familias.

Y como evidencias hallaron teléfonos celulares en los que estaban almacenados una gran cantidad de videos. Las imágenes serían similares a las del chico que se atrevió a denunciar la violación.

“Hallamos dinero en efectivo, juguetes sexuales y también certificados de depósitos”, según el oficial. Ahora, los cuatro están en prisión mientras duren las pericias.