Luego de la ruptura de las relaciones entre México y Ecuador, tras la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada del país azteca, en Quito, se hicieron virales varios memes en redes sociales.

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Por ejemplo, se hacía alusión de que las series populares como la del Chavo del 8 o la Rosa de Guadalupe ya no se transmitirán en el país por el ‘pito’ diplomático.

Sin embargo, más allá de la broma, hay un contexto que podría perjudicar ciertos aspectos administrativos para los ecuatorianos.

El abogado Jorge Sosa Meza, experto en derecho internacional público, explicó que el cierre indefinido de la Embajada de México implica la restricción en materia de homologación o de validación de la documentación necesaria que se requiere para procesos que deban realizar ciudadanos de ambos países.

El experto afirmó que la suspensión de servicios consulares no restringe derechos de petición o certificación, “lo que se suspende es la operatividad administrativa”.

Es decir, los ecuatorianos que quieran hacer algún trámite como sacar una visa para viajar al país azteca tendrán que ir a la embajada más próxima, en este caso en Perú o Colombia. Esto implica un encarecimiento en los costos del trámite y el tiempo de demora, porque el ciudadano deberá viajar a otro país para realizar el papeleo.

Con respecto a los compatriotas que se encuentran en condición ilegal en México, Sosa aseguró que su destino dependerá del ‘buen ánimo’ del presidente de allá.

Añadió que la realidad de ellos no depende de la ruptura que se dio luego de la detención de Glas, sino de la política interna del país. “Pueden decidir por una expulsión masiva o una regularización”.

La mañana del domingo 7 de abril, el personal diplomático de la Embajada de México junto a sus familias viajaron desde la capital hasta su país de origen.

En este contexto, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores del país azteca, dijo en un video que recurrirán a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias “después de esta clara y flagrante violación de derecho internacional”.

Si la demanda se cristaliza, según Sosa, podría imponerse una sanción al Estado ecuatoriano como una indemnización, disculpas públicas u otra medida de reparación como la obligación de investigar en el ámbito interno quiénes dieron origen a estas violaciones. 

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